La ONU condena a España por no proteger a una niña a quien mató su padre
El Estado debe indemnizar a una madre que denunció 30 veces a su maltratador hace 11 años
El dictamen concluye que hubo negligencia y que "los estereotipos de género" afectaron al caso
EL PAÍS Madrid 4 AGO 2014 - 09:36 CEST
ampliar fotoÁngela González, en una imagen de 2011. / SAMUEL SÁNCHEZ
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ha condenado al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de una mujer, víctima de violencia de género, y de su hija de siete años. En su dictamen, el Comité explica de manera contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la niña a manos de su padre y condena al Estado por no proteger a su madre, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.
El pronunciamiento de la ONU se ha producido a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por la ONG Women’s Link Worldwideen representación de Ángela González, quien en más de 30 ocasiones denunció ante las autoridades la violencia sufría junto a su hija, y solicitó medidas de protección para ambas. La falta de diligencia del sistema de protección condujo a que la niña fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor, hace 11 años. Tras quitarle la vida a su hija, el hombre se suicidó.
La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a la madre, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Además, se exige que se tomen “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos”.
Por otra parte, la condena manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y el personal administrativo competente reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género. España cuenta con seis meses para reportar al Comité las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión.
El dictamen reconoce también que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género del 2004. Sin embargo, añade e incide en que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes estatales, que revelan la discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial, que llevan, con frecuencia, a que no se logre proteger de manera efectiva a las mujeres que son víctimas de violencia ni a sus hijos.
Al enterarse del veredicto de la ONU, Ángela González se mostró satisfecha de que “tras 11 años de búsqueda de justicia, haya un pronunciamiento que se convierte en una oportunidad para que no más mujeres y niñas tengan que pasar esto”.
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