“Ahora estoy en las manos de Dios”
Los menores acuden sin abogado a los juzgados buscando la posibilidad de quedarse en EE UU
VICENTE JIMÉNEZ Nueva York 22 AGO 2014 - 21:06 CEST
Stefany Marjorie, salvadoreña de ocho años, posa tras cruzar de México a EE UU, el 24 de julio. / JOHN MOORE (AFP)
—Hola, mi nombre es Elizabeth Lamb y soy juez. ¿Qué idioma quieres utilizar, Ana? Lo siento, pero yo no hablo español. [Un intérprete realiza la traducción simultánea].
—Español.
—Muy bien. ¿Quién es el caballero que se sienta a tu lado?
—Mi tío.
—Bien. Mira, ese señor de ahí es el fiscal de inmigración. ¿Vienes sin abogado, verdad? Te voy a citar para el 21 de octubre. Y tienes que venir con un abogado. ¿Imagino que vas a ir a la escuela, no? Pues si estás en clase no hace falta que vengas, pero tu abogado tiene que traer un justificante. Gracias, Ana, que tengas un buen día.
Y Ana Gladys, de 13 años, salvadoreña, tímida, asustada, abandona la sala. Después de ella entran Jocilyn , Guilder, Elder, Dixon, Mayra, Dafny Xiomara, Yoel, Jonathan, Melquisedic, Celia Marleny, Jason Vladimir, Jaime... y así hasta 35. El mayor tiene 20 años; la menor, cuatro. Son una mínima parte de los más de 60.000 menores llegados solos a EE UU desde Centroamérica en algo menos de un año, tras arriesgados viajes de semanas o meses, que suelen concluir con un arresto en la frontera y el ingreso en un centro de refugiados hasta que son entregados a sus padres o a algún familiar.
Es el caso de Óscar, de 16 años, que salió de El Salvador por miedo a la violencia de las pandillas. Tardó 13 días en llegar a la frontera con México. Tuvo suerte. No le atracaron, ni le violaron, ni cayó en manos de los carteles de la droga. Simplemente le detuvieron en Texas. Hoy está confiado. “Ahora estoy en las manos de Dios”, dice, mientras su padrastro le acaricia el pelo. O el de Katty y Minnie, de seis y cuatro años. Salieron de Guatemala solas, viajaron de furgoneta en furgoneta a través de rutas establecidas, de la mano de gente de confianza, según narra Mario, su padre, indocumentado como ellas. “La vida aquí es mejor que allá. Con un poquito de fortuna, se quedarán”, afirma.
O Jaime y Jonathan, de 15 y 20 años. Huyeron de la violencia de las maras salvadoreñas en busca de sus respectivos padres, inmigrantes sin papeles en EE UU desde hace años. “Allí, o te matan, o matas”, señala Jonathan, que tardó dos meses en cruzar el río Grande.
Todos ellos han sido citados esta mañana de martes en el edificio federal del 26 de Federal Plaza, en Lower Manhattan, que acoge los juzgados de inmigración, para iniciar el procedimiento de expulsión acelerado decretado por el presidente Barack Obama. La mayoría de los chicos acude sin abogado, ya que el sistema judicial estadounidense no contempla el derecho a letrado de oficio a los inmigrantes irregulares.
Si no consiguen un abogado capaz de dar con un motivo legal que les retenga (asilo político, ser víctima de violencia doméstica, tráfico de humanos, maltrato o de un crimen grave cometido en Estados Unidos…) serán deportados en menos de un año. Ese es el mensaje de Obama: cruzar la frontera no garantiza la permanencia. Aunque el tono es amable y los funcionarios se afanan por tratar bien a los niños, la tensión y el desconcierto se palpan en el ambiente.
Una nube de ángeles intenta calmarles, ayudarles, orientarles. Son los abogados de las organizaciones que, sin ánimo de lucro, trabajan en los juzgados: Catholic Charities, American Immigration Lawyers Association, Legal Aid, Safe Passage Project y The Door, entre otras. Les dan la bienvenida, les acompañan, entrevistan a los niños para ver qué resquicio legal se puede explorar. Impresionan las escenas de 10 o 15 letrados voluntarios, sentados por los pasillos, en cualquier parte del edificio, interrogando dulcemente a niños de corta edad. “Estamos muy desbordados. Ya lo estábamos antes, pero ha ido a más”, explica Jojo Annobil, responsable de Legal Aid Society. A su lado, Tina Ramos, de la ONG The Door (La Puerta), reparte folletos y aclara dudas.
Jackson Chin, consejero de Latino Justice, una organización de asistencia legal a latinos, se ha pasado esta mañana por la sala de la juez Lamb. Quiere ver si el proceso es correcto. Sentado junto a los niños y padres que esperan su turno, Chin toma notas. “Creo que la juez está adoptando plazos razonables. Donde habrá que estar vigilante es en las vistas individuales, donde realmente se sustancian los casos. Si el procedimiento no es el adecuado, actuaremos”, explica Chin.
A escasos metros, en otra sala de vistas convertida en improvisada clase escolar, actúa Elvis. No canta, pero es un ángel. Se llama Elvis García Calleja y tiene 24 años. Llegó con 15 a Estados Unidos tras recorrer miles de kilómetros desde Honduras, un país violento como pocos. Su familia quedó atrás.
Nadie mejor que Elvis conoce lo que sienten los menores llegados estos meses. Como case manager de Catholic Charities, Elvis acude cada mañana a los juzgados del Lower Manhattan con una misión: explicar a las familias y a los niños cómo funciona el sistema legal de Estados Unidos. Antes de que comiencen las vistas, Elvis recorre los pasillos y pregunta: “¿Están aquí para su primera vista? Vengan, yo les explico”. Poco a poco, reúne a unas 50 o 60 personas, adultos y niños, en una sala de juicios vacía, donde imparte su clase.
“Estén tranquilos. Sobre todo, tengan en cuenta que si vienen aquí, podrán pelear por su caso; si no, les expulsarán. Así que escuchen. Ahora van a ver al juez, y al fiscal… No se pongan nerviosos”.
Y Elvis les explica los tipos de visa a los que pueden aspirar, qué defensa pueden contratar —“un abogado, no un notario; los notarios no pueden venir a la corte”—, les describe cómo es la sala de vistas... “No se me casen, porque si se casan no les serviría la visa juvenil”, advierte a los presentes. “¿Si uno está amenazado por las maras puede acogerse al asilo político?”, pregunta un padre. “Mis sobrinas no tienen mamá ni papá. ¿Qué podemos hacer?”, inquiere una mujer. Y Elvis responde a todo. Y bromea. Y ofrece cariño, tal vez lo único bueno que de momento pueden recibir los niños en una corte estadounidense.
Los abogados temen que muchos niños no sean capaces de encontrar una representación legal competente. “Esos niños afrontan la amenaza de ser deportados y acabar en un país donde su vida corre peligro. Forzarlos a defenderse por sí mismos ante fiscales experimentados viola cualquier procedimiento legal”, proclama Ahilan Arulanantham, de la American Civil Liberties Union, en una nota. “El Gobierno ha construido una cinta transportadora de deportación para niños”, remacha Eve Stotland, de The Door.
EE UU acelera la expulsión de menores
V. JIMÉNEZ
Los tribunales de Nueva York han comenzado este mes de agosto a aplicar procedimientos urgentes para deportar a miles de menores sin papeles llegados solos a EE UU desde Centroamérica. De acuerdo con la orden del Gobierno de Barack Obama, los “expedientes cohete”, como los denominan los abogados, se colocan por delante del resto, para que los chicos comparezcan ante el juez tres semanas después de su detención. Unos 40 tribunales en todo el país están aplicando los nuevos métodos. En total, unos 3.500 menores sin papeles, de los más de 60.000 llegados a EE UU en menos de un año, pasarán por los tribunales de Nueva York. El Estado de la gran metrópoli es el segundo, después de Texas, en número de menores acogidos. Le siguen Florida y California.
La preocupación por garantizar los derechos de los menores ha movilizado a las asociaciones de asistencia legal sin ánimo de lucro. Letitia James, Defensora del Pueblo (Public Advocate) de Nueva York, hizo un llamamiento público para convocar abogados dispuestos a representar a los chicos de forma altruista. “Como Defensora del Pueblo y abogada, anteriormente trabajé para Legal Aid Society. Ahora no puedo hacer otra cosa que colaborar”, declaró recientemente en una conferencia de prensa ante el Ayuntamiento de Nueva York, acompañada de representantes de otras organizaciones.
“Imaginen mi horror, nuestro horror, cuando nos encontramos con que el Gobierno federal había ordenado a la corte de aquí al lado que acelere los casos de los niños más vulnerables, los que huyen de las condiciones más horribles en Centroamérica, los que cruzan la frontera por sí solos”, denunció en el mismo acto Eve Stotland, de la ONG The Door (La Puerta).
El gobernador de California, Jerry Brown, anunció este jueves que el Estado proporcionará tres millones de dólares (2,26 millones de euros) a las organizaciones que defiendan a niños indocumentados. “Ayudar a estos jóvenes a navegar por nuestro sistema legal es lo correcto y está en consonancia con el espíritu progresista de California”, dijo Brown.
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