La batalla por el río sagrado
Un tribunal brasileño frena la tercera mayor presa del mundo por los derechos de los indios de la Amazonia. Duro golpe a los planes desarrollistas de Dilma Rousseff
Francho Barón Río de Janeiro 19 AGO 2012 - 21:31 CET41
Vista aérea del tramo del río Xingú en Belo Monte antes de que comenzara la construcción de la presa. / DIDA SAMPAIO (AGENCIA ESTADO)
El fallo, emitido días atrás, supone un duro golpe para la agenda desarrollista del Gobierno de Brasilia, cuya piedra angular es el denominado Plan de Aceleración Económica (PAC). El plan ha tropezado con un elemento que desde hace décadas es objeto de controversia en el debate político brasileño: los derechos de los indios y la protección de sus tierras ancestrales, plasmados en la Constitución.
El tribunal, que ha dado curso al varapalo promovido por la Fiscalía Federal, ha dictaminado que la empresa encargada de construir y administrar la planta, Norte Energía, no puede seguir adelante con la obra situada en un afluente del Amazonas.
Sin embargo, fuentes presentes en la localidad de Altamira, donde se efectúan los trabajos, han confirmado que continúan su curso normal. “Hemos constatado que las máquinas y los obreros siguen el ritmo normal de trabajo. Una vez más Norte Energía actúa de manera poco clara ya que la sentencia fue dictada hace cinco días”, comenta Antônia Melo, coordinadora de la plataforma Xingú Vivo, que aglutina ONG y colectivos afectados.
Fuentes de Norte Energía informaron el viernes pasado de que la empresa aún no había recibido ninguna notificación formal de la sentencia. Durante el primer año se ha ejecutado el 11% del proyecto y la empresa tiene previsto que la hidroeléctrica entre en funcionamiento en febrero de 2015. Si esta paralización se extiende más de lo previsto, será difícil que se cumpla el cronograma.
Por el momento, los abogados de Norte Energía se han dado hasta final de este año para desatascar un litigio que amenaza con desgastar aún más la imagen de un proyecto que ya ha llevado a multitud de celebridades a manifestarse en contra.
La decisión del tribunal establece una multa de 500.000 reales diarios (algo más de 200.000 euros) en el caso de que la compañía constructora se niegue a acatar el fallo. La sentencia también supone una dura llamada de atención al Ejecutivo de Dilma Rousseff, que apoya abiertamente la construcción de Belo Monte con el argumento de que los planes de desarrollo diseñados para Brasil exigen una reducción radical del déficit energético. Actualmente el consumo per cápita de electricidad en Brasil es considerablemente más bajo que el de cualquier país de la Unión Europea (UE). Para reducir esta diferencia, el Gobierno pretende potenciar al máximo la generación hidroeléctrica con la previsión de que el consumo eléctrico de los brasileños crezca un 60% durante esta década.
La cuenca amazónica, con ríos de gran caudal, se ha revelado como la solución a este desafío: la hidroeléctrica es una fuente renovable, inagotable y limpia, aunque requiera de infraestructuras de gran calado en regiones que hasta ahora habían permanecido ajenas al estruendo de las excavadoras. La presa de Belo Monte, en el Estado norteño de Pará, tendrá una potencia de 11.000 megavatios, equivalente a 11 reactores nucleares.
La decisión de paralizar las obras de Belo Monte se basa en que el Congreso brasileño no realizó las consultas necesarias con las comunidades indígenas antes de que aprobar, en un pleno en 2005, el decreto legislativo que autorizó al Gobierno a dar luz verde a las obras.
Según el fallo, las consultas se realizaron posteriormente y no por representantes del Congreso, sino por otras instituciones del Estado que no eran competentes, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).
“La Constitución brasileña no autoriza un estudio posterior, sino un estudio previo. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser oídas y respetadas”, sentenció el juez Antônio de Souza Prudente al presentar el fallo.
La decisión de la Corte brasileña también se apoya en el artículo 231 de la Constitución, que establece una protección especial para los indígenas, sus tierras, historia y costumbres. “Los indios son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano brasileño”, añadió el juez De Souza.
El fallo supone una victoria sin precedentes para las organizaciones ambientalistas e indigenistas que desde años se enfrentan a cara de perro a la construcción de Belo Monte. Según Xingú Vivo, en la zona donde se desarrollan las obras existen tres territorios indígenas delimitados.
Las etnias Juruna y Arara serían las que se verían más afectadas, aunque resulta sumamente difícil precisar los grupos y el número de indios que viven en la región. El propio Gobierno brasileño admite la existencia de comunidades de indios aislados cuyo contacto con el hombre blanco ha sido testimonial hasta hoy.
Por su parte, Norte Energía ha realizado sus propios cálculos: en la zona de influencia viven unos 2.200 indios. Según el consorcio constructor de la megapresa, todos sus líderes han sido convenientemente consultados en varias ocasiones. Sin embargo, en pleno arranque de las obras, hace poco más de un año, la líder india Sheyla Jakarepi Juruna declaró a este diario: “Se han producido continuas violaciones de nuestros derechos, como el de ser consultados ante un proyecto de esta magnitud. Hasta hoy no se han escuchado las objeciones de los indígenas. El Gobierno miente cuando dice que fuimos consultados”.
Poco antes de la sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el proyecto, con la misma base jurídica que el Tribunal Federal que acaba de pronunciarse: no se han cumplido los procedimientos legales para tener en cuenta las opiniones de los indios.
Belo Monte inundará un área de 500 kilómetros cuadrados donde no se ha constatado la presencia de comunidades indígenas. El impacto de la obra se localizaría sobre todo en el cauce del río Xingú, sobre todo en el tramo denominado Volta Grande, donde comunidades indias y de campesinos viven desde hace décadas. Según varios estudios, la hidroeléctrica provocará altibajos bruscos en el cauce del río, algo que afectará a la navegación y a la pesca, dos actividades primordiales para estas comunidades.
Los sectores que se oponen a Belo Monte también insisten en que la obra atraerá a casi 100.000 personas de todo Brasil y que la región no está preparada para absorber a tanta gente en condiciones aceptables.
Por su parte, Norte Energía insiste en que la población local se beneficiará de una serie de medidas de compensación socioambiental previstas en el proyecto por valor de 3.700 millones de reales (1.480 millones de euros). Este programa de desarrollo incluye la construcción de escuelas, hospitales, redes de saneamiento y complejos de viviendas para las familias que viven en zonas inundables. En Altamira, varias fuentes coinciden en que de momento la obra de la hidroeléctrica avanza mucho más rápido que el programa de desarrollo regional comprometido.
La reacción de Norte Energía ante la sentencia fue advertir del daño de la misma. “El primer perjudicado con una eventual paralización de las obras será Brasil. Traerá consecuencias negativas e imprevisibles para la matriz energética brasileña y será necesario activar las centrales termoeléctricas, mucho más contaminantes y con costos mucho más elevados”, valora la compañía en un comunicado. El consorcio ya ha anunciado que pretende invalidar la sentencia antes de que termine el año. Para ello deberá recurrirla ante el Tribunal Supremo de Brasil.
No solo en Brasil crecen las críticas a los proyectos hidroeléctricos. En Chile, el Gobierno apoya uno polémico en los ríos Baker y Pascua, al sur del país, con los que suplir el déficit energético. Sin embargo, ha generado enormes protestas dentro y fuera de Chile por tratarse de una zona virgen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario