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El análisis
Un conflicto al límite de la racionalidad
Joaquín Morales Solá
LA NACION
Martes 28 de setiembre de 2010 | Publicado en edición impresa

No deja de ser excéntrico proclamar la necesidad de la austeridad del Poder Judicial desde una suite en el rascacielos del lujoso Four Seasons de Nueva York. El problema, sin embargo, no se refiere a las contradicciones de la economía, sino al momento de mayor tensión institucional durante la era kirchnerista. El Poder Ejecutivo desató en las últimas 48 horas una batería inédita de atropellos retóricos y prácticos contra la Corte Suprema de Justicia. El ritmo de la crisis es ciertamente preocupante, sobre todo porque los Kirchner juegan otra vez a vencer o a ser vencidos.

La Presidenta dice que va a ir a la justicia internacional para defender su andanada de decisiones contra los medios audiovisuales. Su esposo, el hombre fuerte del país, apretó el acelerador y presionó públicamente a la Corte Suprema para que no se expida en contra de un pedido oficial sobre la ley de medios. Ayer, tal vez ya resignados ambos líderes, dieron a conocer la última y más polémica decisión: la Corte tendrá el año próximo un presupuesto que se reducirá a casi la mitad de lo que necesita.

Peor aún: el máximo tribunal de justicia del país deberá consultar con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cualquier decisión sobre erogaciones presupuestarias. Vale la pena un ejemplo: deberán pasar por el visto bueno de Fernández los anuales aumentos salariales que dispone el Poder Judicial para sus empleados. No obstante, nada es considerado más grave por la propia Corte para el progreso de la justicia que la obstrucción de hecho al proyecto de informatización de los tribunales. Esa herramienta permitiría una justicia más ágil y expeditiva, pero quizás los Kirchner le huyen precisamente a esa pretensión legítima de los jueces.

La decisión del Gobierno contradice puntualmente el pedido público que hizo hace poco el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando reclamó que el tribunal pueda confeccionar el presupuesto del Poder Judicial, como sucede en muchos países serios del mundo. Lorenzetti aspira (¿aspiraba?) a que el Ejecutivo enviara al Congreso, sin modificaciones, un presupuesto redactado por el máximo tribunal. Sería, en todo caso, el Poder Legislativo el que decidiría sobre esos números de la Corte. Más que por una ambición económica, esa propuesta se respaldaba en la constatación de que la economía también hace a la independencia de las personas. Los jueces supremos lo saben.

Los Kirchner, también. Por eso, resolvieron tratar a los jueces de la Corte Suprema como tratan a los intendentes del conurbano o a los gobernadores pobres. A pan y agua, si son indóciles. Dinero abundante y fácil, si son obedientes. ¿Qué otra deducción podría hacerse de una fórmula en la que les sacan a esos jueces el dinero formal del presupuesto, pero los mandan a negociar con Aníbal Fernández las necesidades objetivas? ¿Qué les dirá el jefe de Gabinete si no el eterno sermón de que deben ser buenos para que los Kirchner sean buenos?

El caso podría entenderse si el Estado hubiera decidido un plan global de ajuste presupuestario. Pero no se trata de eso. De hecho, la necesidad de recursos para el programa Fútbol para Todos sigue creciendo. El dinero está. Aerolíneas Argentinas, que transporta sólo al 5 por ciento de los argentinos, tiene un déficit diario de un millón de dólares. No importa. La plata está. En ese contexto de generosidades y caprichos presupuestarios, existe una sola explicación para los recortes que afectarían a la Corte Suprema: se trató de una decisión política con objetivos claramente políticos. El Poder Legislativo deberá decidir ahora sobre esos antojos del kirchnerismo.

El silencio hubiera provocado cierta confusión. No sucedió eso, felizmente para la claridad de las cosas. El domingo y ayer, tanto la Presidenta como su poderoso esposo se despacharon en público contra los jueces de cualquier jerarquía. La jefa del Estado usó los mensajes de Twitter (mecanismo ligero y frívolo que no le sienta bien a ningún jefe de Estado) para zamarrear a un juez de primera instancia de La Plata, que había paralizado la liquidación de Fibertel. Néstor Kirchner avanzó algunos pasos más y se las tomó directamente contra la Corte Suprema, seguramente porque el tribunal deberá decidir en los próximos días sobre una decisión de no innovar en la ley de medios.

La dilación en dar a conocer la opinión del máximo tribunal del país deja firme, mientras no disponga otra cosa, la resolución de no innovar que ya tomó una cámara federal. Fue esta resolución la que provocó un desesperado reclamo del Gobierno a la Corte Suprema para que derogue la decisión de la cámara. Todo indica que una enorme mayoría de jueces supremos, seis contra uno, ratificará que la Corte no se aboca nunca, ni lo hará ahora, a medidas cautelares, sino a cuestiones de fondo. En otras palabras: rechazará el pedido del Gobierno y dejará vigente aquella detestada sentencia de la cámara. Esas noticias enfurecieron al matrimonio presidencial.

El vapuleo verbal y el ajuste presupuestario a la Corte Suprema están llevando el conflicto institucional al límite mismo de la racionalidad. Una marcha con los colores y las palabras del kirchnerismo presionará hoy en los propios ventanales de los despachos de los jueces supremos del país. ¿El motivo? La ley de medios, el mismo que despertó la ira neoyorquina de Kirchner. Los jueces no contestarán a la retórica del kirchnerismo. ¿Para qué? Pero alguien debería poner un poco de cordura en el conflicto, antes de que dos poderes esenciales se precipiten hacia la sima de la crisis.
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el dispreciau dice: en este punto, justo donde se ha quebrado la racionalidad, se consume la democracia, se esfuma la república, desaparecen las instituciones, comienzan los despotismos asociados a los mesianismos, y de la mano de ambos, vendrán indefectiblemente las frustraciones... Septiembre 28, 2010.-