Prisión permanente revisable
Hay argumentos a favor y en contra de esta pena que deben ser escuchados. Pero primero se requiere que en las instituciones haya unos mínimos de integridad moral que ahora mismo no existen
Hace más de dos décadas, Agnes Heller nos obligó a reflexionar sobre el perdón. “Nadie puede perdonar en nombre de las víctimas. Ni siquiera sus familias —nos decía— porque nadie puede perdonar en nombre de otro”. A lo largo de mi vida he vuelto sobre esta idea en varias ocasiones y en estos últimos meses la he rondado con frecuencia. La semana pasada leí el sobrecogedor texto de Santiago Alba sobre los sucesos de Las Hortichuelas. Recuperando a Iván Karamázov, extendía la reflexión sobre el perdón y afirmaba: “No es posible castigar lo que no se puede perdonar”.
Desde finales del mes de diciembre, una sucesión de noticias horribles ha conmocionado nuestro país. Tras la detención de José Enrique Abuín, pocas horas después de intentar secuestrar a otra joven mujer en el maletero de su coche, hemos sabido de hechos horrendos. Hemos aprendido el nombre de un niño y de muchos adultos que nos han devuelto los nombres de otras víctimas, todas ellas protagonistas involuntarias de historias espantosas, algunas todavía sin final. En el medio de este espanto, algunos han querido que nuestra sociedad, sobrecogida entre el horror y la compasión, respondiese de inmediato a la imposible pregunta de Dostoievski: cómo castigar aquello que no se puede perdonar.
España es uno de los países de Europa con la tasa de criminalidad más baja y más población presa
La principal trampa a la que nos condujo el debate así planteado es la de hacernos creer que podemos hablar de una pena sin reflexionar sobre todas las demás, que podemos juzgar a un asesino sin tener en cuenta a todos los demás. Seguramente las personas podemos hacerlo, podemos hablar sobre la prisión permanente revisable sin hablar del resto de las condenas que conforman el código penal; quizá cada una de nosotras podemos juzgar moralmente a una asesina confesa sin tener que considerar a todas las demás.Pero las sociedades no pueden hacer eso, no deben hacerlo y de hecho no lo hacen. A través de sus ordenamientos jurídicos, las sociedades determinan las conductas que consideran intolerables y las ordenan. La modulación establecida a través de la regulación penal es la expresión más elocuente de que al objetivo genérico de la reinserción le acompaña siempre el de la punición. El sistema penal tipifica, escala y jerarquiza las formas fácticas del mal, comparándolas, midiendo unas frente a las otras, para finalmente cuantificar la profundidad del daño que atribuye a cada crimen y determinar su pago en tiempo.Si el castigo no formase (también) parte del sistema, no sería posible cuantificar las condenas. Todas durarían lo mismo: hasta la rehabilitación del criminal. Pero esto no es ni posible ni verdad.
Pensar como sociedad nos impide reflexionar sobre una pena sin reflexionar sobre todo el sistema penal que la sostiene. Pensar como sociedad nos obliga a hablar sobre quiénes deberían ir a la cárcel, por qué motivos y durante cuánto tiempo a partir de las personas que hoy están en prisión, los motivos por los que están privados de libertad y el tiempo que llevan encarcelados.
España es uno de los países de Europa con la tasa de criminalidad más baja. De acuerdo con los datos de 2015, solo Portugal y Grecia ofrecen mejores resultados. Sin embargo, en nuestro país tenemos un 32% más de personas encarceladas que en la media de los países europeos y nuestra tasa penitenciaria es la tercera más alta de Europa. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la duración de las condenas. La pena media en Europa es de 7 meses mientras que en España alcanza los 18. Y todo para cronificar una población reclusa mayoritariamente adicta al alcohol o a las drogas (el 65% de las personas encarceladas sufre algún tipo de adición) y mayoritariamente encarcelada por delitos contra la propiedad (40%) o contra la salud pública (20%). Pensar como sociedad nos obliga a reconocer que en España hay más presos de lo debido y que las condiciones que rodean a la población encarcelada —la duración de las penas, la adicción a las drogas y el hacinamiento— obstaculizan gravemente el camino hacia su reinserción.
Pero pensar como sociedad también nos obliga a reconocer que existen criminales extremadamente violentos y reincidentes; nos obliga a reconocer que existe una forma de violencia machista muy enraizada y extremadamente cruel que agrede, mata y luego arroja a pozos profundos los cuerpos rotos de las mujeres, o asesina a sus hijos con el único propósito de reventar el alma de sus madres. Pensar como sociedad nos obliga a reconocer que hay personas capaces de asesinar a un niño, o de violarlo, o de matarlo y quemarlo después. Esos criminales existen. Afortunadamente son muy pocos, pero existen.
Las condiciones que rodean a la población encarcelada obstaculizan el camino de reinserción
El pasado jueves en el Congreso, el PP y Ciudadanos nos tendieron una trampa. Le tendieron una trampa a todo el país. Quisieron obligarnos a debatir como madres lo que debíamos debatir como sociedad. Impidieron que hablásemos sobre el sistema penal español para obligarnos a hablar sobre cómo castigar lo que no se puede perdonar. Fue una sesión indigna y bochornosa. Fingiendo que el actual Congreso tuviese la capacidad para derogar la prisión permanente revisable, forzaron la escenificación para dejarlo todo exactamente como estaba. Viéndolos tan exaltados y escuchándoles tan comprometidos, entre vítores y gritos, casi lograron hacernos olvidar que la actividad legislativa del Congreso lleva bloqueada desde 2016, cuando el PP y Ciudadanos acordaron impedir la tramitación de cualquier proposición cuya votación pudieran perder. El Gobierno ya ha vetado 56 proposiciones de ley, y los grupos parlamentarios de Ciudadanos y el PP, utilizando su mayoría en la mesa del Congreso, han enterrado más de una veintena de iniciativas legislativas a través de un procedimiento tan viejo como el parlamentarismo: pedir semana tras semana la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas, de manera tal que la proposición de ley no deseada nunca pueda llegar a tramitarse.
El debate que mantuvimos el pasado jueves sobre la prisión permanente revisable, en tanto que maniobra táctica de dos partidos, es con toda seguridad el gesto más obsceno que he presenciado desde que entré en el Congreso; seguramente no el más grave desde el punto de vista político, pero sí el más miserable desde el punto de vista moral.
Hay argumentos a favor y en contra de la prisión permanente revisable que deben ser escuchados; a favor y en contra de la modificación de los plazos para la revisión de las penas; a favor y en contra de disminuir nuestra población reclusa; y un día tendremos que hablar sobre todos ellos, debatirlos como sociedad y legislar. Pero para que ese día llegue, primero necesitamos contar con unos mínimos de integridad moral en las instituciones que ahora mismo no existen. Por eso, mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, expresar nuestro respeto a las víctimas y sus familias y seguir luchando porque la dignidad de nuestro pueblo logre, más temprano que tarde, recuperar las instituciones para la gente buena.
Carolina Bescansa es cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso.
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