Un ataque atribuido a la disidencia de las FARC mata a varios civiles y deja decenas de heridos
El enfrentamiento se produce durante una protesta de cocaleros, que culpan a las fuerzas de seguridad
Bogotá
Miembros de la disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare. RAUL ARBOLEDA AFP
Varios civiles murieron este jueves durante una protesta de cocaleros en la población de Puerto Rico, una vereda del municipio colombiano de Tumaco. Las autoridades atribuyeron el ataque, que dejó decenas de heridos, a la disidencia de las FARC en el departamento de Nariño, uno de los más azotados por el cultivo de hoja de coca, los negocios de grupos residuales de la guerrilla y las mafias. Algunas asociaciones de campesinos culpan, en cambio, a las fuerzas de seguridad. Distintas fuentes hacen referencia a cuatro y siete fallecidos.
La investigación preliminar apunta, "al parecer", a un grupo armado liderado por un excombatiente conocido como Guacho, que al igual que otros cabecillas disidentes se está enriqueciendo con el narcotráfico. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, sus hombres “lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.
Ocurrió en torno a las diez de la mañana, cuando agentes de la Policía y miembros del Ejército escoltaban a los equipos encargados de erradicar los cultivos de la zona. La producción de coca en Colombia aumentó un 52% en 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Es decir, pasó de 96.000 a 146.000 hectáreas, una cifra muy parecidas a las de hace 15 años, y el incremento se concentró en algunos territorios como el Putumayo, Norte de Santander y Nariño.
Este choque se produce en un contexto que refleja los riesgos que todavía entrañan los grupos disidentes de las FARC, que en agosto culminaron la entrega de armas y se convirtieron en partido político hace un mes, y las dificultades de hacer frente a los cultivos de coca que rigen la economía rural en algunas regiones. Las autoridades afirman que más de 115.000 familias en 13 departamentos están dispuestas a acogerse a los planes de sustitución voluntaria de alrededor de 90.000 hectáreas de coca. De momento, se han implicado en este proceso 21.902 núcleos familiares. No obstante, este programa no ha logrado frenar el descontento de un sector importante de la población y muchos campesinos, alentados por el crimen organizado, combaten abiertamente la erradicación de la hoja de coca.
La Policía y el Ejército aseguran, por ejemplo, que, según informaciones de la propia comunidad recabadas tras el ataque, “alias Guacho y su banda ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada”. Su objetivo consiste en evitar “la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal”. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, calcula que los beneficios de este grupo disidente, que pertenecía al frente Daniel Aldana de las FARC, podrían ascender a 25 millones de dólares semanales.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona, el órgano que representa a las comunidades campesinas, mantiene que el enfrentamiento se produjo porque las fuerzas de seguridad actuaron con desproporción al tratar de contener la protesta. El Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera responsabiliza directamente a las brigadas del Ejército. Este episodio demuestra en cualquier caso que Colombia, que acaba de salir de una guerra de más de medio siglo con la guerrilla más antigua de América, aún no ha resuelto el problema de la violencia, sobre todo en las zonas rurales.
El Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo insurgente del país, empezaron esta semana un cese al fuego que se prolongará de momento hasta enero y supone un paso decisivo. Por primera vez en décadas, los colombianos no sufrirán una violencia de origen político o ideológico. No obstante, la inactividad de las guerrillas abre la vía para que bandas criminales y disidencias reales o autoproclamadas se hagan con el control de los negocios ilegales y subyuguen a la población del campo, que, por su parte, reclama una mayor atención del Estado.
Una visita realizada hace dos semanas a una aldea cocalera del departamento del Guaviare permitía comprobar que los campesinos que abandonaron ese cultivo piden ahora que el Gobierno no les abandone: alternativas productivas, protección e infraestructuras. Es decir, solicitan una reinserción real en la sociedad y un control de esa transición que Colombia empezó con la firma de la paz con las FARC.
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