Manual para que las tierras sigan siendo de sus dueños
Cinco años después de la aprobación de las directrices de la FAO para proteger sus derechos, los abusos sobre campesinos y pueblos indígenas aún son una realidad
Una asistente legal informa a mujeres mozambiqueñas sobre las directrices voluntarias. ©FAO/FILIPE BRANQUINHO
Roma
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El representante del Gobierno de Brasil aguanta las embestidas con cara de póker. En el turno de preguntas, varios activistas presentes en la sala de reuniones, donde hay unas 40 personas, le recriminan que el Ejecutivo brasileño diga una cosa y haga otra en lo que se refiere a la protección y el respeto a las tierras de los pueblos indígenas. Cuando le llega el turno de palabra, elude los ataques diciendo que la agencia gubernamental a la que representa no se encarga de ese asunto en concreto.
El asunto en concreto era el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, pero podía haber sido cualquier otro relacionado con la alimentación. Esta semana la sede romana de la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura), acoge conferencias, charlas y eventos que reúnen a Gobiernos y activistas, empresas y ONG, diplomáticos y agricultores para debatir sobre el futuro y el presente de la alimentación. Es la 44ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas.
Al día siguiente, martes, ocurre una escena similar. Esta vez ante un público numeroso, y en un evento retransmitido por streaming. Un representante de los agricultores de Sierra Leona pide explicaciones a su ministro —presente en la tribuna junto al comisario europeo Neven Mimica y el director general de la FAO, José Graziano da Silva— por un proyecto de ley que, según él, acabará con la movilización de las ONG del país africano.
El tema de ambas intervenciones era —un nombre escueto, como acostumbran las organizaciones internacionales— la efectividad de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Estas directrices fueron respaldadas hace cinco años por el mismo Comité que se reúne estos días y en el mismo edificio. Son una guía para los países, sobre cómo abordar la regulación del derecho a cultivar una tierra, pescar en unas aguas o gestionar un bosque, en un tiempo en el que la apropiación de tierras por parte de inversores extranjeros o grandes empresas es una obscena realidad.
“Estamos solo en el principio del proceso”, decía Graziano da Silva.
Helmer Velásquez, director de una red de ONG guatemaltecas y ponente en la primera sesión, señala que hay vacíos en las directrices y denuncia que los abusos para despojar de sus tierras a los pueblos indígenas y otros legítimos propietarios persisten en Guatemala y en muchos otros países. Un informe de la ONG Global Witness calcula que 200 activistas fueron asesinados el año pasado por defender sus territorios y recursos naturales. La mayoría murieron en América Latina (49, solo en Brasil) y cuatro de cada 10 eran indígenas, generalmente los pueblos más afectados por esta depredación.
Por todo ello, el balance de estos cinco años es agridulce. Porque son muchos (133) los países que trabajan con ellas o las han incluido en sus leyes —al fin y al cabo, son voluntarias—, pero no tantos los que efectivamente han puesto en práctica unas reglas que, entre otras cosas, exigen proteger especialmente a las mujeres, que en muchos países tienen dificultades enormes para preservar sus derechos. Porque se han realizado, según la FAO, más de 400 programas para hacer efectivos esos principios, pero las denuncias de atropellos se siguen sucediendo. "Estamos solo en el principio del proceso", decía Graziano da Silva. "Pero estas directrices ya son una herramienta esencial", sobre todo en situaciones de conflicto.
Una parte importante del trabajo que queda es formar a los poseedores de la tierra sobre sus derechos. Hay cientos de millones de personas que viven del pastoreo o de lo que cosechan, pescan o extraen de los bosques, y dejarles sin ello es dejarles sin vida. Y casi 900 millones de indígenas que cuidan y protegen sus territorios ancestrales. Para que, como beneficiarios de esas directrices puedan conocerlas y exigir su cumplimiento, entre otras cosas, se ha editado un manual popular y versiones en idiomas locales. Hay casos de éxito en los que se han evitado apropiaciones indebidas o se han alcanzado acuerdos entre todas las partes.
"Todo avance es un avance", reconocía Chantal Jacovetti, de la Vía Campesina en Malí. "Las directrices llegaron tras un momento de crisis económica, alimentaria, política... y se aceleró en el reconocimiento de una legitimidad que no existía", apuntaba. Pero también insistía en lo que queda por recorrer, y en la urgencia de identificar lo que no funciona y acabar con la violencia. "Desde una oficina no saben lo que está ocurriendo. Pero se mata, se acosa. Dejemos de darnos palmaditas en la espalda. Hace falta que se diga que no pueden llegar la policía o milicias privadas y apropiarse de las tierras. Si no, el problema no se resolverá".
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