EL PRECIO DE LOS SILENCIOS - No es posible callar - lanacion.com

Editorial I
No es posible callar
Nadie debería desalentarse ante la escasa posibilidad de que prosperen las denuncias contra políticos y policías corruptos
Miércoles 26 de enero de 2011


Yo no denuncio al poder político ni a la policía. Es infructuoso. Todas las denuncias son archivadas o demoradas hasta quedar en el olvido. Existe una situación de delincuencia política."

Esta caracterización brutal, sin atenuantes, de aspectos sombríos de la actualidad nacional fue hecha por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, y publicada por este diario. En otros tiempos, una declaración de tal magnitud habría provocado en el país un revuelo de proporciones abrumadoras, tanto para el Gobierno como para un magistrado que se hubiera atrevido a ir tan lejos en la descripción de lo que observa.

Incluso la decisión periodística de publicar imputaciones públicas en las que se refleja la proximidad del abismo moral y criminal en que se ha colocado a la Argentina es prueba implícita de la concurrencia de elementos generales que mediatizan aquí lo que en otras partes hubiera provocado un revuelo incontenible en la sociedad política y en la opinión pública que la juzga.

¿Acaso no había sido el mismo doctor Arias quien hace más de un año denunció con términos igualmente descarnados que punteros políticos y autoridades policiales reclutaban menores para cometer delitos? ¿Acaso hubo algún escándalo de proporciones equivalentes a los hechos revelados en el pasado por ese magistrado, quien ha vuelto a decir con todas las letras que los punteros que manejan planes sociales son los que suministran armas y drogas a los delincuentes?

A raíz de la reiteración con la que ha hecho denuncias de excepcional gravedad institucional, el juez Arias ha dicho a la prensa que ya no denuncia al poder político ni a la policía. Es verdad que los hechos de corrupción que han vinculado a políticos han derivado en general hacia zonas donde se hace más patente la impunidad de que gozan que la dimensión de los delitos que se les imputan.

Es verdad que en espacios jerarquizados de la prensa dispuesta a reflejar lo que se prevarica y oculta en los medios más comprometidos con ese tipo de situaciones hay por momentos una suerte de saturación de cuestiones de naturaleza política inconcebible. Pero nadie tiene derecho a bajar los brazos en la lucha por recuperar la plenitud del Estado de Derecho y del orden público mínimo que hace posible una sociedad organizada. Y menos un juez.

Las declaraciones del doctor Arias derivaron en el pasado en denuncias de omisión del deber de llevarlas al ámbito de la justicia penal. Tampoco contó, salvo en las filas de la Coalición Cívica bonaerense, con el respaldo de quien ha dicho, en definitiva, que es pedirle peras al olmo.

No puede pasarse por alto que el magistrado denunciante ha tenido recientemente juicios controvertidos sobre la incidencia de la edad de imputabilidad penal de menores en la ola de delitos y crímenes de todo orden que vapulean a una sociedad más temerosa, perpleja y escéptica que consciente de la necesidad de alcanzar entre todos una reacción reparadora.

El doctor Arias no cree que la reducción de la edad de imputabilidad pueda ser por sí una solución para el actual cuadro de cosas. Tal vez tenga razón, pero en un solo sentido. La pérdida del beneficio de la inimputabilidad para quienes saben lo que hacen cuando matan, violan o asesinan sólo vale en un contexto con instituciones sanas, magistrados probos y con coraje físico y social y con funcionarios de incuestionable decencia y honesta solidaridad social. No hace falta preguntar qué piensa el mundo sobre la coexistencia en la Argentina de estos tres requisitos elementales para el desenvolvimiento de un país respetable.

Semanas después de ocurrido el llamado caso Juliá, el Estado argentino ha vivido el triste papel de que otros Estados le negaran compartir informaciones valiosas para el esclarecimiento total de un gran contrabando de estupefacientes a España.

Cualquier lector con hijos puede verificar algo de lo que denuncia el juez Arias. Consiste en preguntarles si saben en qué lugares de la ciudad o pueblo que habiten, y a cargo de quiénes, corre el negocio despreciable del tráfico de drogas. Si esa puede ser una experiencia aleccionadora para un ciudadano del común, los hombres con responsabilidad de gobierno, o quienes aspiran a reemplazarlos y hoy se desplazan por el territorio nacional con sus propuestas, no harán más que ahondar la gravedad de los dichos del juez Arias si se complacen en el silencio. También sabremos así de estos últimos a qué atenernos.

No es posible callar.
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el dispreciau dice: la sociedad argentina está acostumbrada a resignar posiciones democráticas a manos de gobiernos dictatoriales así como también a manos de la corrupción impuesta por la clase política histórica compuesta por radicales y conservadores, gentes que nunca han aportado nada al país y en particular lo han depredado tanto como los de ahora. Los silencios aquellos tenían su precio, pero el mismo, con el devenir de los años ha aumentado y el valor de los pases y sus conveniencias y oportunismos, hoy no guarda ni sentido ni límites. Los gobiernos militares instalaron en la sociedad el concepto de atropello y zozobra, mientras que la corrupción política de antaño impuso el "ventajismo" como modelo de vida, y vaya si ha sido aprendido. Hoy, con los valores y las tradiciones exterminadas a manos de una década infame y sus continuadores, la clase política enseña todo tipo de artilugios depredatorios destinados a consumir voluntades y dignidades, pero justo es reconocer que la sociedad argentina no tiene valor alguno para la clase política en su conjunto, la que la usa a su antojo cada vez que le es necesario por las elecciones. Luego de ello se olvida que la sociedad existe y se dedican a corromper cuanta cosa se les cruza, unos por avaricia, otros por angurria, y algunos por conveniencia. Los silencios han ido aumentando y la corrupción domina. El narcotráfico y el narcolavado hacen lo demás y aún cuando muchos políticos se hagan los distraídos, a nadie le caben dudas acerca de las complicidades, aspecto no menor que se conduce desde las propias cárceles en una clara connivencia con las fuerzas de seguridad, jueces, etc. Argentina paga hoy el precio de sus silencios que se vienen evolucionando desde la colonia, cuando no había que hacer enojar al rey... ello ha impuesto un modelo de vida consistente en callar y seguir, al precio que sea. Gracias a ello, Argentina está llena de pobres y marginados cuyos silencios son comprados con dineros escasos y a cambio de dignidades y sometimientos extremos. Indudablemente esta democracia, así planteada, no le sirve a la sociedad argentina, tampoco al país, no al continente (que tiene varios ejemplos semejantes), tampoco al mundo (que pasa uno de sus peores momentos). La clase política es facilista y transgresora por excelencia, desconoce sus responsabilidades tanto como sus compromisos y siempre emplea el atajo como modelo de gestión, algo que siempre la conduce a la anti-gestión y sus dramáticas consecuencias, esas mismas que pagamos entre todos, sólo para que ellos salgan en la foto. Entiendo que la historia los aplastará sin piedad, y aunque parezca mentira, ello será suficiente para resarcir los dolores de una sociedad que se ha visto avasallada desde que tiene uso de razón. Lamentablemente no habrá un recuerdo para las vidas por venir y nadie se acordará, al regresar, de esta barbarie con forma de derechos humanos pero sin garantías ciudadanas... Enero 26, 2011.-