Un proyecto de ley amenaza la sobrevivencia indígena en Brasil
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Indígenas reivindican sus derechos ante el Palacio del Planalto, sede de la presidencia de Brasil, durante su acampada anual de cinco días en la capital, en abril de 2019. Desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro, los pueblos originarios ven el peligro los derechos que la Constitución de 1988 les reconoce. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
- Como “un proyecto de muerte”, definieron la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y una coordinadora similar de la Amazonia a la ley propuesta por el gobierno para promover la minería y otras actividades empresariales en las tierras indígenas.
El proyecto de ley 191/2020, enviado al legislativo Congreso Nacional el 5 de febrero, “materializa las manifestaciones de odio y racismo visceral” del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro “contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas”, acusó el manifiesto de la Articulación.
“Además de inconstitucional es inmoral”, acotó la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, con el argumento de que la propuesta viola derechos consolidados en la Constitución para atender intereses económicos y usar como argumento opiniones de “algunos individuos” opuestos a los pueblos originarios.
El proyecto probablemente va a ser rechazado en el parlamento y “si resulta aprobado, caería en la instancia del Supremo Tribunal Federal”, que tiene entre sus funciones velar por la Constitución, evaluó para IPS el fundador y director del Instituto SocioAmbiental (ISA), Marcio Santilli.
Su confianza se basa en “varios puntos inconstitucionales” de su texto, que oficialmente busca regular lo que determina la Constitución para, “atender las demandas y anhelos de los pueblos indígenas y a la vez viabilizar empresas de generación de energía hidroeléctrica y de minería” en sus tierras.
El Poder Ejecutivo, según plantea el proyecto, se responsabilizará de los estudios previos sobre el potencial de cada área para esas actividades y la extracción de petróleo y gas. Si concluye que hay condiciones favorables, deberá pedir autorización al parlamento autorización para la explotación de los recursos naturales involucrados.
Estos serán oídos, pero no tendrán derecho de veto, como sí sucede actualmente.
Solo en el caso de “garimpo”, la minería artesanal e informal, los indígenas tendrán prioridad, es decir podrán vedar la entrada de foráneos a esa actividad o admitirlos pero asumiendo su control.
La propuesta también permite que los mismos indígenas usen sus tierras para agricultura, ganadería, extracción de productos naturales y turismo. Son actividades económicas hace mucho practicadas por ellos. La novedad es autorizar la siembra de productos transgénicos.
Establece, como indemnización a las comunidades afectadas, 0,7 por ciento del valor de la hidroelectricidad generada, 1,5 por ciento del petróleo y gas extraídos y mitad de las ganancias producidas por otros recursos minerales.
Los obstáculos a una aprobación legislativa del proyecto o una ratificación por el máximo tribunal parecen insuperables, para Santilli, quien presidió en el bienio 1995-1996 la gubernamental Fundación Nacional de Indígena (Funai), responsable de la política indigenista del país.
Ello porque la Constitución dice que son de “usufructo exclusivo” de los indígenas “las tierras tradicionalmente ocupadas” por ellos, así como “las riquezas del subsuelo, de los ríos y lagos existentes en ellas”.
Parte del Campamento Tierra Libre de abril de 2019, que congregó a indígenas de todo el Brasil, en la Explanada de los Ministerios, en la capital. Al fondo el edificio del Congreso Nacional, cuyos integrantes deberán decidir ahora si aprueban un proyecto de ley del gobierno de extrema derecha que, según sus críticos, viola la Constitución y atenta contra los derechos indígenas. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Solo un “relevante interés público” del Estado justifica la explotación de sus recursos naturales, a ser reglamentada por una ley complementaria a la Constitución, y no la ordinaria propuesta por el gobierno.
Además, se define como tierras de los indígenas las “necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”, de donde ellos no pueden ser removidos. Son tierras “inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas imprescriptibles”, establece.
Además, Brasil ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige “la consulta previa, libre e informada” de los pueblos indígenas para la ejecución de proyectos que los afecten.
El proyecto, que “sorprende por su amplitud”, es solo “una cortina de humo” para legalizar el “garimpo”, cree Santilli.
Esa minería que suele reunir miles de personas donde se descubrió oro, ya opera ilegalmente en muchas áreas indígenas, dejando daños ambientales y sanitarios graves.
En las tierras yanomami, pueblo de unas 26000 personas en el extremo norte de Brasil, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz de 2019 constató que 56 por ciento de esa población tiene exceso de mercurio en la sangre, producto del “garimpo” ilegal que usa ese metal para buscar oro.
En su territorio permanecen cerca de 20000 “garimpeiros”, se estima. En la década de los 80 alcanzó el doble, según denuncias.
Esa actividad es una confesada pasión de Bolsonaro que en aquella década habría participado en el Garimpo de Sierra Pelada, en la Amazonia Oriental, donde su padre fue uno de los más de 100000 “garimpeiros” que buscaban escapar a la crisis económica con la “carrera del oro”.
Su proyecto enfrentará reacciones internacionales, al afectar pueblos originarios y el ambiente amazónico. Pero a juicio de Santilli serán suficientes para abortarlo la resistencia interna y sus diferentes frentes.
Una encuesta hecha por el Instituto Datafolha en junio de 2019, promovida por el no gubernamental ISA, apuntó que 86 por ciento de los encuestados en todo el país se oponen a la entrada de empresas mineras en las demarcadas como tierras indígenas. Entre los que están a favor, solo una parte aprueba una ley como la propuesta ahora.
La legislación propuesta por Bolsonaro no beneficiaría a los indígenas ni a los “garimpeiros”, como pretende el discurso oficial, sino al agronegocio y las empresas mineras que tienen capital para invertir en máquinas y aparatos para operación en gran escala, sostuvo Ivaneide Bandeira, coordinadora de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, del estado amazónico de Rôndonia.
En caso de que la norma se aprobase, tampoco atraerá las grandes mineras, como las involucradas en catástrofes ambientales y humanas de la avalancha de desechos minerales por el derrumbe de diques en Mariana (2015) y Brumadinho (2019), que se saldaron con 289 personas muertas y centenares de kilómetros de ríos contaminados.
Esas empresas, como la brasileña Vale, dependen de su imagen ya deteriorada para sostener sus exportaciones, recordó Bandeira a IPS.
Permitir actividades agrícolas a los indígenas en sus tierras es innocuo, porque ya es práctica corriente. Mucho de sus pueblos ya fueron forzados a convertirse en agricultores y piscicultores por el deterioro de su ambiente natural, la deforestación y la merma de peces en los ríos, apuntó.
“Ahora el gobierno trata de estimular la agricultura con agroquímicos, transgénicos, para luego criticarlos, señalar que ya no son indígenas, agravar prejuicios y justificar lo que se busca, quitarles la tierra y la identidad”, concluyó la activista.
Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal Memoria y Ciencia Indígena, quiere ir más allá de la denuncia, que sería ignorada por el actual gobierno.
“Es una oportunidad para elevar y ampliar el debate con los parlamentarios” sobre no solo ese proyecto de ley, sino toda la política indigenista, destacó a IPS.
La Constitución determina la demarcación de todas las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, pero Bolsonaro dijo que no demarcará ninguna “y no pasa nada”, ejemplificó.
“El debate es necesario para conciencias a nuestra gente, convencer incluso parientes que discrepan (de la defensa de las tierras indígenas), gobernantes y la sociedad”, arguyó.
Hay grandes productores agropecuarios que abandonaron sus anteriores posiciones antiindígenas porque dependen de una imagen positiva para sus exportaciones, sectores económicos que temen la fuga de capitales extranjeros y gobernadores de estados en disputa con el presidente Bolsonaro, recordó.
“Son ventanas abiertas” donde el debate puede avanzar, cree Terena.
Pero hay riesgos de aprobación, aunque parcial, de la ley que dañaría la vida indígena y amenaza especialmente para los grupos aislados, “sin protección contra enfermedades contagiosas e imposiciones culturales”.
Los legisladores de la llamada bancada “ruralista”, vinculados a los intereses del agronegocio, y los que representan a confesiones evangélicas, aglutinan casi 400 escaños del total de 594 que suman las dos cámaras del Congreso, observó al recordar que esa mayoría respalda al gobierno.
Edición: Estrella Gutiérrez
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