Pragmatismo, cinismo y derechos humanos
Nuestros tribunales transmiten el mensaje de que las violaciones graves de los derechos humanos no han de ser juzgados. Se esconde la razón jurídica para avalar la impunidad de los grandes aliados comerciales
EULOGIA MERLE
La lucha contra la impunidad ante violaciones graves de derechos humanos acaba de experimentar en España serios reveses. Por un lado, el proyecto legislativo de recuperación de la jurisdicción universal a través de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), anunciado por la ministra de Justicia, naufragó ante la firme oposición de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, marcada por la prioridad de las relaciones con China. Recordemos que ya fue sepultada en 2014 por el Gobierno de Rajoy, ante las presiones del régimen de Pekín, al haberse decretado órdenes de arresto internacional contra dirigentes del Partido Comunista Chino por la comisión de un crimen de genocidio en Tíbet. Así lo manifestó públicamente el Ministro de Exteriores de aquel entonces, García Margallo, cuando trajo a colación el 20% de la deuda pública española en manos de China como la única razón que precipitó el cambio legislativo. Pero, junto a esta frustración en el orden legislativo, hay que hacer notar una triple debacle judicial.
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