Futuro renovable y consenso posible
La energía eólica y sobre todo la solar fotovoltaica van a ser las tecnologías clave para la generación de electricidad en la próxima década, pero eso no basta. Es necesario consumir menos y alterar el reparto de la carga fiscal en diferentes consumos
EVA VÁZQUEZ
La Comisión de Expertos para la Transición Energética, de la que he formado parte, ha entregado al Gobierno su Análisis y propuestas para la descarbonización. Un esfuerzo de consenso realizado por un grupo heterogéneo de 14 personas, con diferentes experiencias y sensibilidades, dispuestas a aportar, con rigor y transparencia, material de trabajo que facilite el debate político sobre la transición energética.
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Aunque elegir es renunciar me gustaría destacar algunas aportaciones del informe, aclarando previamente que los escenarios analizados no constituyen una hoja de ruta, ni un pronóstico, ni mucho menos una propuesta de objetivos. Proporcionan un marco para saber dónde estamos en relación a los objetivos a 2030 y 2050 de la agenda de energía y clima que están ahora a debate en la UE, y para identificar qué factores son relevantes para el cumplimiento de los retos en descarbonización, eficiencia energética, desarrollo de las renovables y competitividad y seguridad del suministro energético. Los escenarios permiten ver cómo la variación de unos y otros factores influyen en los resultados.
Una de las conclusiones relevantes es que el futuro del sector energético es renovable, y que el sector eléctrico va a ser el eje de la descarbonización. La energía eólica y, sobre todo, la solar fotovoltaica van a ser las tecnologías clave para la generación de electricidad en la próxima década, y previsiblemente en las siguientes, con un coste medio de producción inferior incluso al mero coste variable de la energía térmica fósil a la que sustituyen. Por una vez, la suma de tecnología y recursos energéticos nacionales (tenemos sol y viento) nos coloca en una posición privilegiada frente a nuestros competidores europeos.
Los escenarios planteados son muy ambiciosos en el protagonismo de las renovables porque está económicamente justificado avanzar tanto como sea técnicamente viable. Pero sin olvidar las restricciones técnicas derivadas de tener que disponer de capacidad para respaldar la variabilidad renovable y para aportar inercia, control de frecuencia y control de tensiones que mantengan estable el sistema en todo momento. Vamos a seguir necesitando transitoriamente, pero durante un largo periodo, una potencia térmica firme y flexible, ya sea de gas, nuclear o de carbón, hasta que las tecnologías de almacenamiento, la gestión de la demanda, las interconexiones y otras herramientas la vayan haciendo prescindible.
Tenemos que afrontar el gran reto de la transformación del transporte
Será necesario debatir el orden y el calendario de cierre de las centrales de carbón y nucleares, que acompañan a los ciclos combinados de gas natural y a la hidroeléctrica como potencia y energía de respaldo. Habrá que ponderar costes e impactos ambientales, pero deberíamos conseguir que ese debate, que tiende a dividir, no impida el consenso necesario para abordar la profunda transformación a largo plazo. Es el momento de la política.
No obstante, descarbonizar el sector eléctrico no es suficiente para cumplir nuestros compromisos con el clima, porque la electricidad apenas representa el 25% del consumo de energía. Es necesario consumir menos, con especial atención a la rehabilitación energética de edificios, el despliegue de bombas de calor, y la mejora de la eficiencia de los motores de combustión y de los procesos industriales. Y, por supuesto, tenemos que afrontar el gran reto de la transformación del transporte, para lo cual el informe aporta propuestas hacia una movilidad sostenible y una electrificación creciente, especialmente en las grandes ciudades, y alternativas transitorias con mayor peso del gas natural para el transporte terrestre pesado y el marítimo.
Además, la Comisión hace una propuesta ambiciosa, y polémica: una reordenación de la fiscalidad y de los peajes y cargos que gravan la energía, para que proporcionen señales de precios que orienten las decisiones de consumo e inversión hacia la descarbonización. Por un lado, se propone sustituir el actual batiburrillo de impuestos a la energía por otros que internalicen daños ambientales asociados a la generación y al consumo de energía, un impuesto al CO2 y a otras emisiones contaminantes. La propuesta no plantea un aumento de la carga fiscal, que es otro debate, sino alterar el reparto de esa carga entre los diferentes consumos, poniendo más peso en los responsables de las emisiones que se desea reducir.
Podemos hacer una transición energética justa, generadora de empleo y cohesión social
El informe propone también soluciones complementarias para que el sobrecoste de las renovables ya instaladas sea financiado por todos los consumos energéticos, y no solo los eléctricos, evitando que se frene la deseable sustitución de combustibles fósiles por electricidad. Y aboga por incluir mecanismos de compensación o exención para actividades intensivas en energía con riesgo de deslocalización o para determinados colectivos vulnerables.
Asimismo, se avanza en un diseño eficiente de los peajes de acceso al gas y a la electricidad. Adicionalmente, la desaparición del cargo transitorio al autoconsumo, la eliminación de otras barreras injustificadas y la participación agregada de la generación distribuida y de la demanda en los servicios al sistema fortalecerán el protagonismo de los consumidores.
Como aportación final al debate, se afronta la necesaria revisión de un mercado eléctrico que la gran aportación renovable que se avecina va a hacer necesariamente distinto. Ese mercado debe proporcionar señales económicas eficientes de inversión, operación y flexibilidad de la generación y de la demanda. La programación de subastas específicas para la instalación de capacidad renovable que asegure la senda de descarbonización, así como para contar con la capacidad firme y flexible que el sistema necesita para asegurar su equilibrio y su estabilidad, y el fortalecimiento de los mercados de ajuste, habilitando una mayor participación de la generación renovable, el almacenamiento y la demanda, se apuntan como la orientación adecuada.
Tenemos la oportunidad de hacer una transición energética justa, generadora de competitividad, empleo y cohesión social. Podemos optar por acentuar nuestras diferencias sobre la ambición de la descarbonización y el ritmo de desarrollo de las renovables, sobre el calendario para prescindir del carbón y de la energía nuclear, sobre el alcance de la reordenación fiscal y la reestructuración de los peajes, o sobre el protagonismo de los consumidores en el suministro energético y la gestión de sus consumos. Pero también podemos, y debemos, hacer el esfuerzo de acercar posiciones, conscientes de que la transición energética es un reto cuyo éxito requiere una visión compartida de largo plazo. El amplio consenso alcanzado por la Comisión de expertos es una aportación en esa dirección.
Luis Atienza Serna es miembro de la Comisión de expertos para la transición energética.
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