Esa manera tan infame de producir leyes...
Ninguna norma debería publicarse sin una Memoria Económica que califique su impacto y detalle cuanto cuesta, quien la paga, a quien beneficia y a quien perjudica
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas JULIÁN ROJAS
Casi es un lugar común: cuando los historiadores del futuro, superando la neurosis presente por el relato, examinen las etapas de Gobierno del PP, hallarán que tan grave como la corrupción resultó la incompetencia técnica. Durante los últimos seis años de gobierno —como antes, en el periodo 1996-2004— se ha deteriorado día tras día la administración legal del Estado; no sólo se legisla de forma inapropiada, imponiendo decretos donde hay que aplicar leyes, sino que se toman decisiones en caliente, acuciados por problemas sociales o políticos que no se ha sabido prever o que son consecuencias de leyes pésimas aprobadas con anterioridad. Ahí están el vaivén ridículo con las pensiones o la pérdida de dinero público con las radiales como muestrario de leyes al buen tuntún. La praxis legislativa del PP ha consistido en identificar un problema por la prensa, tomar nota de la reacción social que provoca y, en caso de que sea elevada, elaborar en 24 horas un decreto perfunctorio, además de mal redactado. Una vez publicado el escriturajo en el BOE, el problema se considera resuelto.
Esta es una forma infame de gobernar en la que han incurrido otros partidos, pero que con el PP ha alcanzado cotas estratosféricas. La jungla normativa en España es un espacio tóxico donde es imposible encontrar una norma clara de acción. Siendo ya una eflorescencia cancerosa la que ha ocupado la maquinaria administrativa, facción leyes, parece recomendable proceder a una rectificación de los métodos para producir normas desde la administración. Son principios modestos para la regeneración de los protocolos administrativos, pero si se aplican con decisión y rigor darán más claridad y lustre al ámbito parlamentario. Estos principios se reducen a dos. Como los mandamientos de la doctrina cristiana.
1. Ninguna Ley, Decreto u Orden se publicará sin una Memoria Económica que califique su impacto y consecuencias. El objetivo de la Memoria, concebido para ilustración de los ciudadanos y no para regocijo de leguleyos y plumillas burocráticos, será el de aclarar cuánto cuesta la disposición legal de marras, quién la paga, a quién beneficia y a quién perjudica. Como saben bien las águilas de la administración, cualquier cambio legal tiene un coste y, si bien beneficia a una parte de la población, perjudica a otra parte. Son los principios del trade off y de coste de oportunidad.
2. El trabajo legislativo no terminará con la publicación de la norma; de hecho, empezará a partir de esa fecha. Porque debe considerarse obligado el seguimiento de la utilidad y de la rentabilidad de cada Decreto o Ley. Está bien demostrado en las covachuelas administrativas que la mayoría de las normas y regulaciones son meros placebos, también conocidos como papel mojado o muletas para sedar al personal; en nada remedian el mal que pretenden combatir y hacen más tupida la selva legal. Si el seguimiento de la ley demostrara su inutilidad, será abolida y anulada.
Si se siguen estas dos recomendaciones, en poco tiempo se añadirán otras mejoras y la vida pública ganará en claridad y eficacia. O eso es lo que diría Pangloss. ¿Y que diría Carlyle? Pues que nuestra vida pública y nuestro Estado “son un tejido de verdades a medias y de mentiras completas”. Póngase en la categoría que corresponda la presunción de que las leyes resuelven nuestros males.
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