miércoles, 13 de septiembre de 2017

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El Supremo avala de nuevo el veto de Trump para la mayor parte de refugiados | Estados Unidos | EL PAÍS

El Supremo avala de nuevo el veto de Trump para la mayor parte de refugiados

Los jueces tumban la resolución de un tribunal que permitía la entrada de 24.000 extranjeros hasta el final de octubre

La fachada del Tribunal Supremo, en Washington.

La fachada del Tribunal Supremo, en Washington.  AP



El veto migratorio de Donald Trump volvió a recibir oxígeno este martes en el Tribunal Supremo. Los jueces avalaron las medidas restrictivas relativas a los refugiados al bloquear una decisión de un tribunal inferior del pasado 7 de septiembre que, en la práctica y según el dato de Associated Press, hubiera permitido la entrada de hasta 24.000 extranjeros.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca se convirtió en una batalla legal desde el mismo momento de su presentación, el pasado mes de enero. En lo relativo a los refugiados, suspendía su entrada durante 90 días arguyendo motivos de seguridad. Después de que lo tumbaran los tribunales, el Ejecutivo diseñó otro muy similar en marzo, que también se bloqueó como medida cautelar. Y el pasado junio el Supremo lo resucitó al levantar su suspensión provisional y permitir que se aplique a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen sin un vínculo fiable, con "una persona o entidad de EE UU".
La decisión de este martes no supone el pronunciamiento definitivo y de fondo sobre el veto migratorio de Trump. Los jueces, de hecho, tienen previsto escuchar los argumentos de las partes en una sesión el próximo 10 de octubre. Lo que deben discernir es si las restricciones migratorias de Trump cumplen los principios constitucionales y no suponen una discriminación contra los musulmanes.
La resolución de junio del Supremo ya fue muy discutida. Tres de los nueve jueces, entre ellos el recién estrenado Gorsuch y el veterano Clarence Thomas sostuvieron que el veto habría debido aplicarse en su totalidad. "El compromiso de hoy carga al Ejecutivo con la tarea de decidir qué individuos de los seis países afectados tienen suficiente conexión con una persona o entidad de este país. Hasta que el caso quede sentenciado, esto supondrá una marea de recursos para determinar qué supone exactamente la denominada relación bona fide", escribió en su opinión particular el juez Clarence Thomas.

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