Trata de personas
El rescate de miles de mujeres muestra el auge de la explotación en España
Una mujer que llegó a Europa, víctima de la tratas de personas. PACO PUENTES EL PAIS
En apenas cinco años, las fuerzas de seguridad han rescatado a 5.675 víctimas de trata de personas que estaban siendo sometidas a explotación sexual o laboral por la fuerza. La inmensa mayoría eran mujeres que habían sido arrancadas de su país de origen con engaños o violencia y, una vez en España, obligadas a prostituirse en condiciones de cruel esclavitud. El informe policial que da cuenta de estas cifras revela que están empezando a dar frutos las políticas de persecución de la trata de personas, pero también demuestra la magnitud de una actividad criminal trasnacional que ya alcanza casi el mismo volumen por el dinero que mueve que el tráfico de drogas o de armas.
Si las 4.500 mujeres rescatadas y las 3.000 detenciones practicadas en este tiempo constituyen solo la punta del iceberg, como sostienen los expertos, podemos colegir la magnitud del desafío si queremos erradicar este tipo de esclavitud y las mafias que se lucran con ella. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio de Interior, estimaba el año pasado en 23.000 las mujeres es riesgo de esclavitud sexual. Estos datos revelan la necesidad de revisar tanto los medios destinados a la persecución de las mafias como el marco legislativo en el que se desarrolla la prostitución. Los escasos medios disponibles para proteger tanto a las víctimas como a los denunciantes son un factor de impunidad. Teniendo en cuenta la brutalidad con la que operan estas mafias, solo la garantía de protección puede estimular que haya denuncias.
No es casualidad que España ocupe el primer lugar de Europa y el tercero del mundo, después de Tailandia y Puerto Rico, según Naciones Unidas, en demanda relativa de prostitución. La existencia de una demanda creciente estimula la actividad de las mafias en nuestro país y se convierte en un factor de criminalidad con un gran poder de corrupción vinculada al blanqueo de dinero.
Diferentes estudios han demostrado la creciente banalización de la prostitución en España. Sorprende que muchos jóvenes recurran con frecuencia a ella como un elemento más de diversión. Algunos países penalizan a los clientes de la prostitución. Desde que Suecia lo hizo por primera vez, hace 18 años, otros siete países en Europa, los últimos Francia e Irlanda, han adoptado distintas fórmulas de penalización. Esto es especialmente importante en el caso de la prostitución forzosa. Quienes han pagado para tener sexo con una mujer que ejerce como esclava sexual son también responsables, porque sin clientes no habría negocio. Es preciso abrir un debate sobre esta cuestión. En la reciente reforma del artículo 187 del Código Penal el PP introdujo a su paso por el Senado una modificación que favorece el proxenetismo. Además de lucrarse explotando la prostitución de otra persona, para que haya delito se requiere ahora que sea en “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” o “una situación de vulnerabilidad personal o económica”, condiciones ambas difíciles de demostrar.
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