La justicia de Kenia anula el cierre del mayor campo de refugiados del mundo
El Tribunal Superior cree inconstitucional el desmantelamiento de Dadaab, con más de 300.000 personas
Madrid
El campo de Dadaab en la frontera entre Kenia y Somalia. FOTO: S. V. Z. (AP)/VÍDEO: EPV
El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha anulado este jueves el cierre del campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, que había sido decretado por el Gobierno de Uhuru Kenyatta en noviembre del 2016. El juez, John Mativo, ha decretado que la medida es inconstitucional por haber sido aprobada "sin una apropiada consulta de las personas afectadas, en violación de los derechos constitucionales", informa France Presse. La medida pretendía devolver a 262.000 refugiados somalíes a su país, sumido en un conflicto armado desde 1991. La Comisión Keniana de Derechos Humanos y las ONG Kituo Cha Sheria, con el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron el recurso para frenar el decreto.
El presidente Kenyatta vinculó el cierre del campo a cuestiones de seguridad nacional, ante la denuncia de que el grupo terrorista somalí Al Shabab lo usa supuestamente para captar milicianos y lanzar atentados en suelo keniano. "La decisión del Gobierno de dirigirse específicamente a los refugiados somalíes constituye un acto de persecución de un grupo, es ilegal, discriminatoria y por lo tanto inconstitucional", ha explicado el juez en el fallo al recalcar que la medida viola además las normas del derecho internacional. El Gobierno ha afirmado que recurrirá la sentencia, informa Reuters.
En el fallo, el juez considera que el ministro de Interior, Joseph Nkaissery, y su secretario de Estado, Karanja Kibicho, se excedieron en sus competencias al emitir la directiva. En declaraciones recogidas por la prensa local, el portavoz del Gobierno, Eric Kiraithe, ha reiterado que la administración ha actuado en el respecto de la ley y que el Ejecutivo no dará marcha atrás. Por su parte, el titular de Interior ha alegado que las repatriaciones efectuadas hasta este momento se han llevado a cabo de forma "humana" y que el Gobierno destinó un billón de chelines (unos nueve millones de euros) a la aplicación de la medida, según informa la Agencia EFE.
"Es un día histórico para más de 200.000 refugiados que estaban en riesgo de ser repatriados contra su voluntad a Somalia, donde habrían estado en riesgo de sufrir graves abusos", ha declarado Muthoni Wanyeki, responsable para el África del Este de Amnistía Internacional, en declaraciones a France Presse. "Detener el cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un paso esencial en el respeto y la protección de los derechos de los refugiados", ha afirmado Wanyeki. La organización Médicos sin Fronteras (MSF), que ofrece asistencia sanitaria en el campo desde 1992, ha pedido en un comunicado que el "Gobierno de Kenia respalde la decisión" y ha insistido en que el "fallo constituye un paso muy positivo para las vidas de cientos de miles de refugiados que llevan atrapados en el limbo desde que se anunció el cierre".
El Gobierno de Kenyatta endureció su postura frente a los refugiados somalíes desde abril de 2015, cuando exigió a la ONU el cierre del campo y dejó abierta la posibilidad de devolver a miles de refugiados a su país de origen. La medida estaba relacionada con el atentado de la milicia somalí Al Shabab en el campus universitario de la ciudad de Garissa que costó la vida a 148 personas —la mayoría estudiantes— el 2 de abril de ese mismo año. Este atentado fue precedido en 2013 por otro ataque en el centro comercial Westgate de Nairobi enmarcado en la campaña de represalias de la milicia yihadista por la presencia de tropas kenianas en Somalia. En este último atentado murieron 72 personas.
Las soluciones alternativas
El Complejo de Dadaab está situado en el noreste de Kenia, a 100 kilómetros de la frontera somalí, y está formado por distintos campos. El Gobierno decidió el pasado noviembre retrasar el desmantelamiento del campo al próximo mayo por "motivos humanitarios". En enero el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUR) volvió a denunciar el riesgo de que los somalíes pudieran ser repatriado contra su voluntad y sin garantías de protección. En el documento, Mohamed Abdi Affey, enviado especial para Somalia de ACNUR, apunta a que el problema en la zona no puede ser resuelto sin la cooperación de todos los actores: "Nadie quiere ser refugiado para siempre", subraya Affey en el informe.
ACNUR apoya y facilita desde hace dos años el regreso voluntario de los somalíes a su país de origen. Desde entonces 40.000 de ellos han vuelto a Somalia. Médico Sin Fronteras propone en el comunicado otras posibles soluciones alternativas a largo plazo como el aumento del reasentamiento a terceros países, su ubicación en otros campos de Kenia o un plan para la integración de refugiados en comunidades locales.
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