140 países acuerdan vetar el uso de mercurio por su impacto en la salud
Más de 140 países cierran una convención que prohíbe usarlo en lamparas y baterías en 2020
El metal se acumula en el pescado y puede afectar al desarrollo neuronal
En los años 50 surgió una extraña enfermedad neurológica en la ciudad japonesa de Minamata, situada en la costa. Cientos de personas sufrían movimientos involuntarios, debilidad muscular, problemas auditivos y del lenguaje. Además, madres sin síntomas daban a luz a niños enfermos. En 1968, Japón anunció que había descubierto la causa: intoxicación por mercurio a través del pescado y marisco contaminado. El origen estaba en los vertidos de una gran planta petroquímica y el mal fue bautizado como enfermedad de Minamata.
El mercurio comenzó a morir lentamente entonces y el sábado en Ginebra más de 140 países cerraron un pacto mundial para restringir su uso. En una de las primeras convenciones ambientales desde Kioto, acordaron prohibir a partir de 2020 el mercurio en baterías, lámparas, relés y cosméticos además de controlar las emisiones de plantas térmicas, cementeras y químicas, entre otras. El pacto incluye el abandono progresivo del uso de mercurio en odontología. Sí se permitirá el uso como conservante en vacunas y en otros dispositivos en los que no hay sustitutos.
El tratado —que se llamará Convención de Minamata— deberá ahora ser ratificado por los Estados para que entre en vigor, lo que ocurrirá entre 2015 y 2018.
Las emisiones de mercurio tocaron techo en los 70, pero desde 2000 se han estabilizado. Mientras se reducían en los países desarrollados aumentaban en los emergentes —el sudeste asiático ya supone el 40% de las emisiones—. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) calcula que se emiten al año 1960 toneladas de mercurio por actividades humanas (475 proceden de procesos industriales para quemar carbón). El auge de la minería del oro también ha aumentado el uso de esta sustancia, que se usa a pequeña escala para separar el mineral de la roca.
El informe del Pnuma estima que unas 1.000 toneladas al año acaban en el mar. En los primeros cien metros del océano, la concentración de mercurio se ha duplicado en el último siglo. Ese mercurio tiene una enorme vida en el medio ambiente y a menudo se acumula en algunos peces grasos con larga vida.
En 2011, El Gobierno español recomendó a embarazadas y menores de tres años no comer emperador ni atún rojo por el alto contenido en mercurio, considerado un neurotóxico. En 2003, el Instituto Español de Oceanografía realizó un completo estudio en el que halló altos niveles de mercurio en muestras de marrajo, pez espada y tintorera en aguas en las que pescaba la flota española. El informe fue declarado confidencial y el Gobierno lo ocultó durante siete años, hasta que la Audiencia Nacional le dio la razón a la ONG Oceana y obligó publicarlo.
El mercurio se obtiene del cinabrio, un mineral abundante en Almadén (Ciudad Real). Aunque las minas están cerradas desde 2002 por la caída del precio y por la toxicidad, de ahí se ha extraido buena parte del mercurio utilizado en la historia.
El acuerdo llega tras cuatro años de negociaciones que se prolongaron toda la noche del sábado. Achim Steiner, director ejecutivo del Pnuma, declaró: “Todos los ciudadanos se beneficiarán de la decisión tomada en Ginebra, especialmente los mineros artesanales y sus familias, la gente del Ártico y las próximas generaciones de madres y sus hijos”. Michael Bender, de la coalición de ONG contra el mercurio, consideró que el acuerdo “es un gran logro” aunque criticó que tiene “controles débiles sobre las emisiones de grandes fuentes como las centrales térmicas de carbón”.
Las emisiones de mercurio no caerán drásticamente, pero sí que se reducirán gradualmente. El pacto demuestra que los países son capaces de ponerse de acuerdo en asuntos sectoriales, como lo fue el Protocolo de Montreal, firmado hace 25 años para reducir el uso de los CFCs, compuestos muy usados entonces en frigoríficos y aerosoles y que estaban dañando la capa de ozono.
Sin embargo, conseguir un tratado internacional vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que sustituya en 2020 al Protocolo de Kioto resulta mucho más complejo. La emisión de gases de efecto invernadero está ligada a la energía (transporte, generación eléctrica), pero también a la deforestación y la agricultura. Así que un tratado tendría impacto en toda la economía. Por ello hay quien aboga por abordar el problema desde distintos pactos que vayan atajando las emisiones en cada sector.
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