Adopción internacional como último recurso
Los acogimientos de extranjeros se han reducido drásticamente por el aumento de controles legales y reparos éticos
Dirimir qué es lo mejor para el menor no resulta fácil en muchos casos
Niños de un orfanato de Bunia, al noreste de la República Democrática de Congo, en 2009. / Finbarr O'Reilly (REUTERS)
Debe prevalecer siempre y sobre todo lo demás el interés superior del niño. Este el principio general que rige las normas internacionales que tienen que ver con los menores y así ocurre también, por supuesto, con las referentes a las adopciones internacionales. El problema es que, como pasa en tantas ocasiones, dirimir qué es lo mejor para el niño se mueve en ese delicado y confuso espacio entre lo bueno y lo posible, lo deseable y lo menos malo.
Para la mayoría de especialistas el descenso a la mitad de las adopciones internacionales en todo el mundo desde 2004 (45.299) a 2011 (23.500, según las estimaciones del especialista de la Universidad de Newcastle Peter Selman) responde al aumento de los controles y a la disminución de los menores en desamparo susceptibles de ser acogidos, lo cual es una buena noticia. Y, sin embargo, hay algunas voces que, también proclamando ese interés superior del menor, advierten contra esa tendencia. Por ejemplo, la profesora de la Universidad de Harvard Elizabeth Bartholet considera que esas buenas intenciones pueden castigar a miles de menores que en la práctica se ven obligados a pasar más tiempo en orfanatos o se les cierra la posibilidad de ser adoptados.
En España, uno de los países que más adoptan en el extranjero, la cifra bajó de 5.500 a 2.560 desde 2004. China y Rusia, los países de origen principales, han endurecido las condiciones a las adopciones internacionales en los últimos años, por las razones éticas y jurídicas, pero también con un punto de orgullo herido de potencia económica. A esto, además, se suman casos aislados de países que cierran sus fronteras a estos procesos por motivos religiosos: lo han hecho en los últimos meses Marruecos y Malí.
“Existe un asedio contra la adopción internacional. Las fuerzas principales del ataque se envuelven en el manto de los derechos humanos, argumentan que se niegan los derechos al patrimonio cultural, y dicen que a menudo involucra prácticas abusivas [...]. Pero el más elemental derecho humano de los niños es crecer en las familias que a menudo se encuentran solo en la adopción internacional. Estos derechos deben prevalecer sobre cualquier reclamo de soberanía estatal”, escribió la profesora Bartholet en un artículo de investigación de 2009.
Bartholet se refiere en su queja, entre otras cosas, al principio de subsidiariedad que contempla el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Adopción Internacional de 1993. Este dice que “si un niño puede ser adoptado en su país, no debe estar disponible para la adopción internacional”, explica el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “El convenio establece cosas muy importantes y básicas, como la necesidad de intervención judicial”, añade.
Así, con mayores controles se alargan los tiempos de espera y el que pasan los niños en los orfanatos. Además, la idea de la subsidiariedad hace que el perfil de los niños adoptables desde otros países varíe hacia chavales mayores y con problemas físicos o psíquicos, explica Adolfo García, coordinador general de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el acogimiento (Cora) en España.
García admite que la normativa internacional “exige unas infraestructuras que es imposible que muchos países tengan, o requisitos como una asistencia médica específica” también muy complicados de cumplir. Asegura, no obstante, que a pesar de los defectos e inconvenientes que pueda acarrear, “en la práctica, es mucho mejor tener que no tener” todas esas medidas de protección a la infancia. En cuanto a la subsidiariedad, está completamente de acuerdo —“la adopción internacional debe ser el último recurso, porque supone renunciar a lo más valioso que tiene un país”— y también con el cambio de perfil de los chavales que se pueden adoptar en otros países.
El mejor ejemplo de la tendencia global es China, el país del mundo que más niños envía a otros países: han sido casi 80.000 entre 2003 y 2011. Pero desde 2005, las cifras de adopciones internacionales han bajado de 13.000 a 4.000.
Diversos factores explican esta situación. El continuo progreso económico y la introducción de algunas políticas gubernamentales han hecho que existan menos chavales disponibles, las familias chinas están adoptando más, y nacen menos niños no deseados. Las autoridades han endurecido las condiciones a las familias extranjeras, con requisitos como que los adoptantes no tengan más de 50 años, no sean homosexuales, y la no elegibilidad de familias monoparentales.
Al tiempo que Pekín ha endurecido las condiciones para las familias extranjeras que quieren adoptar niños sanos, las ha suavizado para aquellas que optan por niños con discapacidades o “necesidades especiales”. Es el llamado pasaje verde, cuyos plazos de entrega son mucho menores: de uno a dos años. Esto ha tenido como consecuencia un incremento de la proporción de estos niños entre los adoptados; el 90% de los bebés y chavales disponibles son niñas, debido a la política del hijo único y la tradicional preferencia en China por los varones, lo que lleva a muchas familias a abandonar a los bebés si son niñas. Las medidas restrictivas tienen un componente de orgullo en la segunda potencia económica mundial, pero sobre todo reflejan la tendencia impulsada por organismos internacionales y ONG.
Desde mediados de los ochenta hasta 2004 hubo una enorme expansión de las adopciones desde países ricos a países pobres y ello trajo consigo algunos resultados indeseados. “Se ha producido un fenómeno tan terrible como incuestionable: la presión de la demanda ha generado un aumento de la oferta. Si hay alguien dispuesto a conseguir un bebé a toda costa, siempre habrá alguien que trate de satisfacer esa demanda y de aprovecharse. Gracias a lo establecido en el Convenio de La Haya y al buen juicio de la mayor parte de las familias y las autoridades implicadas, casi todas las adopciones se han hecho de forma correcta. Pero se deben establecer todas las medidas y requisitos posibles para lograr que las excepciones a esta regla sean las menores posibles y, ojalá, inexistentes”, explica Palacios.
“Ciertos países de recepción realizan presión sobre ciertos países de origen para poder adoptar niños. A su vez, algunos países de origen piden a los de recepción que apoyen u organicen programas de ayuda al desarrollo en ese país (normalmente a sus organismos acreditados). Esto puede tener la mejor de las intenciones (por ejemplo, ayudar a las familias y niños que nunca podrán ser adoptados), pero en la práctica, a veces, si no se ofrece dicha ayuda no se puede adoptar”, señala Laura Martínez-Mora, asesora legal de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Y añade: “Si bien hay que alentar a los Estados de recepción a estudiar formas de apoyo a los de origen a través de las agencias de cooperación y otras entidades especializadas, hay que establecer en todos los casos una clara separación entre la adopción internacional y esas contribuciones”.
En ese contexto, han ido ganando fuerza las tesis y los controles que establece el convenio, al que se van añadiendo cada vez más países: hasta el momento se han suscrito 89 países, incluida España en 1995. Entre los principios que establece están que las madres solo pueden consentir a la adopción de su hijo tras el nacimiento del mismo; que no puede haber contacto alguno entre los candidatos a la adopción y el niño o niña o sus familiares o representantes antes de que se haya realizado la asignación; que se prohíben los beneficios materiales indebidos; además de ese criterio de subsidiariedad.
La adopción internacional se abrirá solo cuando no “haya sido posible encontrar en su propio país una forma de cuidado alternativo de carácter familiar y permanente”, añade Martínez-Mora, pero eso no significa que hayan de agotarse todas “las posibilidades de colocación del niño en su país; esto no sería realista, supondría una carga innecesaria para las autoridades, y podría alargar de manera indefinida la posibilidad de encontrar un hogar permanente en el extranjero para el niño”. “Precisamente, tanto en los países de origen como en los de recepción, es difícil encontrar el equilibrio entre el tiempo y las medidas con las que se va a apoyar a la familia de origen del niño con vistas a su reintegración en la familia; y la necesidad de encontrar una solución de tipo familiar permanente y estable para el niño en su propio país en el menor tiempo posible”.
A pesar de esos matices, lo cierto es que esa idea de subsidiariedad es un argumento muy poderoso que se levanta tras el descenso de las adopciones internacionales, se queja desde Harvard Elizabeth Bartholet. De hecho, el especialista de Newcastle Peter Selman habla en un reciente artículo de la posibilidad de que, “si no se le aplica una verdadera reforma, la adopción internacional acabará siendo abolida, tachada como un error neocolonial”. A estas tendencias se suman otras que tienen que ver con cierto orgullo nacionalista de gran potencia de los principales países de origen, no solo en China, sino también en Rusia. Además, aunque en mucha menor medida, tras la restricción o el cierre de las adopciones internacionales hay motivaciones religiosas, por ejemplo, por parte de algunos países islámicos que no quieren que sus niños se eduquen en otras religiones (caso de Malí, Marruecos o Zanzíbar).
No obstante, desde Unicef, Susan Bissell, jefa de Protección Infantil, asegura que, en general, cuando se cierra el proceso de adopciones internacionales, es por “la preocupación que han producido casos de irregularidades en el proceso, por ejemplo en los casos de Guatemala, Camboya y Etiopía. Habitualmente estas restricciones se han aplicado de forma temporal, para que los países pudieran suscribir el convenio de La Haya. Camboya, por ejemplo, ha reabierto sus adopciones internacionales el 1 de enero de 2013, aunque se irán poniendo en marcha gradualmente”. Guatemala era en el año 2008 el segundo país que más niños envió a otros países, 4.186, por detrás de China y ligeramente por delante de Rusia.
Palacios insiste además en el cambio de perfil de los niños que se pueden adoptar desde otros países. “La tendencia es, claramente, hacia edades algo superiores y hacia mayor presencia de dificultades (de tipo médico, psicológico...). Y eso, lógicamente, choca con los deseos de muchas familias, cuya meta es un bebé lo más pequeño y lo más sano y sin problemas posible”. Pero añade: “Ahora hemos empezado a acordarnos de los grandes olvidados: los niños y niñas invisibles de nuestro propio sistema de protección español, muchos de los cuales pueden ser adoptados. Durante años hemos vivido la paradoja de ser uno de los países que más niños adoptaba fuera y que más niños adoptables tenía en sus propias instituciones. Las autoridades responsables, así estatales como autonómicas, hicieron muy poco para evitar esa paradoja, más inclinados a gestionar la demanda que a reorientarla”.
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