Editorial I
La política del sometimiento
El matrimonio gobernante cree que, para exhibir autoridad, debe poner de rodillas a quien manifieste una posición divergente
Domingo 3 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa
Resulta lamentable que el matrimonio gobernante no advierta que demasiada violencia deben soportar a diario los argentinos con el auge de la delincuencia como para tener que asistir a un frecuente discurso político cargado de resentimiento y provocación.
Es triste que el Poder Ejecutivo Nacional no parezca darse cuenta de que difícilmente habrá clima para inversiones y perspectivas de largo plazo para la economía mientras las acciones y el discurso gubernamentales sigan provocando tensiones entre las instituciones de la República y continúen sembrando violencia.
Lo ocurrido el martes pasado en el acto realizado frente al Palacio de Justicia es apenas una muestra de la dosis de iracundia que exhibe la fracción gobernante. Ese encuentro, alentado desde la Casa Rosada y anticipado hasta el cansancio por la propaganda oficial que se emitió durante semanas enteras en los partidos de fútbol televisados por Canal 7, tenía como fin presionar a los jueces de la Corte Suprema para que no se opusieran a un flagrantemente inconstitucional artículo de la ley de medios audiovisuales que obliga a determinadas empresas periodísticas a realizar desinversiones en un plazo perentorio de un año, sin importar la duración de sus licencias para operar radio y TV.
La principal oradora del acto, al que asistieron algunos funcionarios y legisladores del oficialismo, fue la titular de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien descalificó con groseros insultos a los miembros de la Corte, a quienes acusó de recibir "sobres con plata", y finalmente instó a tomar el Palacio de Justicia si no fallaban como el kirchnerismo espera de ellos.
Es muy probable que los Kirchner no hubiesen dudado en calificar como "destituyentes" a quienes osaran calificarlos a ellos con términos parecidos a los empleados por Bonafini. Pero los dichos de esta dirigente no merecieron condena alguna por parte de la pareja gobernante ni de los funcionarios del gobierno nacional.
De acuerdo con la particular visión kirchnerista, criticar al Poder Ejecutivo suele resultar "conspirativo" o "destituyente". Llamar a un alzamiento contra la Corte Suprema, con toma del Palacio de Justicia incluido, es en cambio una cuestión menor que utiliza la oposición para distraer la atención de la opinión pública de las cuestiones esenciales.
Esta clase de actitudes desde el oficialismo ofenden el sentido común de la ciudadanía, al tiempo que confirman lo poco que a nuestros gobernantes les preocupan las instituciones y la división de poderes.
Es que los principios republicanos y los valores morales están absolutamente condicionados en la era kirchnerista a un proyecto de poder que tiene entre sus principales herramientas la política del sometimiento. Se trata de someter al disidente, de asfixiarlo para forzarlo a la docilidad o bien aniquilarlo.
Cualquier recurso es válido, en esta peculiar concepción del poder, para someter al adversario, convertido en enemigo. Tanto el escarnio público desde el atril como los escraches a cargo de organizaciones piqueteras, tanto el uso de la publicidad oficial como el empleo del presupuesto como instrumento de subordinación.
Son frecuentes los métodos afines a la extorsión y al chantaje con tal de extender espacios de poder. Las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, las urgencias fiscales de los gobiernos provinciales y la sed de negocios de algunos empresarios forman parte del catálogo de elementos de los cuales se nutre el proyecto de poder kirchnerista. Y si hay que recurrir al espionaje, a la intervención de teléfonos o de casillas de correo electrónico, estará disponible un aparato de inteligencia al que le sobrarán recursos que se le birlarán a la seguridad del Estado y de una población que sufre la inseguridad cotidiana.
La violencia está también presente en los intentos oficiales por intimidad y avasallar a la Justicia, cuya mejor demostración es el recordado anuncio de Cristina Kirchner de que no estará dispuesta a acatar aquellas sentencias judiciales que le desagraden.
¿Y acaso no es violento enterarse de que fondos que hoy administra la Anses y que deberían dirigirse a mejorar el poder adquisitivo de los actuales jubilados y a garantizar el futuro de los trabajadores en actividad, están siendo derivados a otros fines claramente políticos? Claro que lo es.
No menos violento es que desde el Gobierno se amenace con que, de un día para otro, el Estado podrá hallar supuestas irregularidades allí donde un momento antes no las había. Y ese descubrimiento súbito podría dar lugar a la desaparición de una empresa o de un negocio, por más transparente que haya sido y por más que no haya clientes afectados.
Las Fuerzas Armadas, el campo, determinadas empresas, los medios de comunicación no alineados con el Gobierno, la Iglesia Católica, la clase media y la Corte Suprema son algunos de los sectores que, en el pasado o en el presente, han sido o son objetos de la iracundia gubernamental. Y la lista amenaza con continuar en el futuro.
Tal vez algunos hombres del Gobierno estén convencidos de que esa llamativa capacidad para desatar conflictos es una fortaleza del oficialismo, parte de la reconstrucción de la autoridad presidencial. Pero, en rigor, no es más que una señal de severa debilidad e inseguridad, propia de alguien persuadido equivocadamente de que, para exhibir autoridad, está forzado a poner de rodillas a todo aquel que manifieste una posición divergente que pueda cuestionar su proyecto de poder.
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el dispreciau dice: existe una frase bíblica que resume y define per se el momento actual de la clase política argentina: "el que lleva a otro al cautiverio, al cautiverio va"... agrego, quien exige al otro ponerse de rodillas, se pone a sí mismo sobre ellas... agrego más, quien somete a penurias al prójimo, termina sometido por las propias penurias que supo inducir. Las frases bíblicas son muchas, los aprendizajes escasos, casi nulos. El desprecio que emana del volcán ubicado en Balcarce 50 enseña una conducta similar en muchos otros lugares de nuestra América, la latina (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, México, Colombia, Honduras, son buenos ejemplos). Se pavonea el poder, pero no se ejecuta gestión alguna, y si se lo hace, se favorece a aquello que se somete, sólo a él. NO hay mucho para agregar a todo lo dicho, a buen entendedor pocas palabras son suficientes. Una democracia de rodillas no es democracia... una república de rodillas no es república... una sociedad sin garantías constitucionales es apenas un conjunto de esclavos reunidos para alimentar el imperio de las vanidades de los pocos, nublados por la soberbia, ahogados por las visiones singulares de sus propios espejos. Octubre 03, 2010.-
Editorial II
Lecciones de la crisis ecuatoriana
Alzamientos como el de Ecuador o ciertas actitudes de los propios gobernantes ponen en peligro a la democracia y sus instituciones
Domingo 3 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa
En los últimos 15 años, Ecuador ha tenido nueve presidentes. Por ello no sorprende, quizá, que el lamentable fantasma de la inestabilidad política haya de pronto regresado a ese país. Una violenta revuelta policial acaba de conmover a Ecuador y a la región toda. La asonada, provocada por reclamos salariales y una ley de servicio público cuestionada, fue absolutamente irresponsable e injustificable.
La temeraria forma en que reaccionó el presidente Rafael Correa, quien pretendió sofocar personalmente la protesta sin advertir la tremenda crispación de sus actores, agravó la situación. A ello se sumó el rescate del mandatario, realizado a sangre y fuego por parte de los militares, que dejó un saldo parcial de cinco muertos y casi 200 heridos y hasta arriesgó la vida del propio presidente.
La reacción de las instituciones regionales fue correcta e inmediata. Como corresponde, salieron a respaldar abiertamente al gobierno constitucional ecuatoriano, lo que definitivamente cabe aplaudir. El repudio a las intentonas antidemocráticas fue instantáneo.
Pero lo cierto es que los organismos regionales siguen con un andar deficitario, al hacer la vista gorda frente a groseras deformaciones de la democracia que atentan contra su esencia, sin advertir el gravísimo peligro que ello supone. Ecuador, como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, así como nuestro propio país, tiene un gobierno con rasgos populistas y autoritarios, que presiona y manipula las instituciones centrales de la democracia, concentrando burdamente el poder en manos de las respectivas administraciones nacionales. Así es como se transforma a las legislaturas en sellos de goma y a los tribunales en voces sumisas o presionadas que hablan desde la impotencia; al mismo tiempo, se cercena cada vez más la libertad de opinión en busca de instalar un discurso único y obtener impunidad.
Desgraciadamente, la propia Organización de los Estados Americanos ha decidido ignorar todo lo antedicho. Y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ahora preside Néstor Kirchner, ni siquiera parece advertirlo, muy probablemente porque algunos de sus actores centrales son justamente quienes están empeñados en deteriorar las instituciones de la democracia para ponerlas al servicio de sus respectivas ambiciones personales.
Correa, recordemos, disolvió el Parlamento de su país y organizó un referéndum constitucional, después de lo cual tomó todos los poderes del Estado. Y ahora está tratando de controlar los medios de comunicación masiva. Recorrió así el camino de Hugo Chávez, Evo Morales o Daniel Ortega. Con una nueva Constitución pretendió asegurarse el control de todo y de todos.
La gravedad de los violentos sucesos ecuatorianos debería hacer reaccionar a los responsables de defender la democracia con acciones que incluyan todos los peligros que la acechan. Tanto los alzamientos de sectores profundamente antidemocráticos, como las actitudes de los propios gobernantes que entienden equivocadamente que el acceso al poder mediante el voto les confiere un cheque en blanco para avasallar las instituciones y la división de poderes.
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