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Presiones de Trump a Guatemala y México no frenarán migración irregular
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Milagro Altagracia López (segunda derecha) y otros familiares de Wendy Carolina Aguillón, de 26 años, quien emprendió viaje a Estados Unidos a mediados de julio, con su hijita de seis años, desde la pequeña localidad salvadoreña de Santa María Ostuma. Todos permanecen ansiosos de recibir noticias de ella, de si está a salvo y si logra cruzar la frontera estadounidense, en forma irregular, tras una larga y dura travesía, dentro de un flujo migratorio centroamericano que no desalienta las restricciones impuestas por Donald Trump. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
- Mientras funcionarios de Washington llegaban a Ciudad de Guatemala a terminar de amarrar el acuerdo con el gobierno local para intentar frenar la migración irregular hacia Estados Unidos, los salvadoreños Carlos y Manuel L. estaban a punto de alcanzar suelo estadounidense como indocumentados.
“Me llamaron y dijeron que estaban a punto de pasar la frontera (entre México y Estados Unidos)”, dijo a IPS la madre de los muchachos, de 30 y 17 años, respectivamente. Ella pidió no revelar su nombre ni el de sus dos hijos, por razones de seguridad.
La madre reside en Santa María Ostuma, un pequeño municipio a 70 kilómetros al este de San Salvador, en el central departamento de La Paz, y desde ahí emprendieron el peligroso viaje sus dos hijos a mediados de julio.
El destino de los jóvenes es la ciudad de Annapolis, capital del estado de Maryland, en la costa este de Estados Unidos. Decidieron irse del país por la falta de empleo.
“Estamos rogando a Dios para que logren pasar”, acotó la madre, el miércoles 31 de julio, justo el día en que llegaba a la capital guatemalteca el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan, con una agenda de temas migratorios bajo el brazo.
El alto funcionario estadounidense arribó a Ciudad de Guatemala en un viaje de cinco días para intentar culminar parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para desincentivar la migración irregular de centroamericanos hacia Estados Unidos, especialmente los de El Salvador Guatemala y Honduras.
Esa estrategia incluyó, además de ofrecer visas temporales a trabajadores agrícolas de Guatemala, fuertes presiones y amenazas con la imposición de aranceles al comercio y a las remesas con esa nación si su gobierno no aceptaba convertirse en un tercer país seguro.
Esa es una denominación aplicable a aquellas naciones que ofrecen brindar asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen.
El concepto nació de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en vigor desde 1951, que establece que cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro pero este se niega a recibirlo, lo puede remitir a un tercero que ofrezca las mismas condiciones de protección.
Con el brazo doblado, el gobierno del conservador Jimmy Morales terminó cediendo a las presiones de Washington y suscribió el acuerdo, el 26 de julio, en un acto celebrado en la Casa Blanca en el que estuvo presente el propio Trump y que suscribieron McAleenan y el ministro del Interior guatemalteco, Enrique Degenhart.
Pero la firma del acuerdo ha levantado una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos del país y el área centroamericana, y ahora enfrenta también problemas jurídicos luego de que se interpusieran recursos de amparo para frenarlo, ante la Corte de Constitucionalidad pues ese tipo de tratados deben ser avalados previamente por el legislativo Congreso guatemalteco.
A eso ha llegado McAleenan, a presionar para intentar desbloquear la puesta en marcha del acuerdo y que todos aborden el barco de contribuir a reducir la presión migratoria para Estados Unidos.
“El acuerdo es muy preocupante porque no va a detener de ninguna manera a las miles de personas de Centroamérica y de otras nacionalidades que huyen en búsqueda de protección, pero los va a poner en mayor riesgo”, señaló a IPS, desde Ciudad de México, Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
Agregó que Estados Unidos busca desligarse de sus responsabilidades en el tema migratorio al presionar para que otras naciones acojan a los solicitantes de asilo, aun cuando esos países no cuentan con las condiciones para ofrecer dicha protección, como es el caso de Guatemala.
“Amnistía Internacional considera que ni México ni Guatemala tienen las condiciones para ser considerados países seguros. Guatemala tiene tasas de impunidad muy altas y una institucionalidad muy débil”, subrayó la investigadora.
En los mismos términos se manifestó Omar Jarquín, activista de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide), con sede en San Salvador.
“Las medidas de Trump en ningún momento frenarán los intentos de miles de personas que buscar un mejor futuro en otro lado”, señaló Jarquín a IPS.
Cofamide es una organización cuya misión es la de encontrar e identificar las osamentas de personas que han fallecido en la peligrosa ruta de cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
La administración Trump intentó que México aceptara la designación de tercer país seguro, pero fue rechazado por el gobierno del izquierdista Andrés López Obrador, llegado al poder en diciembre de 2018.
No obstante, Estados Unidos sí logró que México enviara en junio un contingente de unos 6.000 miembros de la militar Guardia Nacional a vigilar su frontera sur con Guatemala, como parte de su compromiso para frenar la migración irregular, logrado por Washington bajo la amenaza de instituir una escalada de aranceles a sus productos si no lo hacía.
“Guatemala no tiene tradición de acoger a personas, sino que es un país expulsor de personas, miles salen de Guatemala en búsqueda de mejor vida, de protección”, recalcó la representante de Amnistía Internacional.
Esa nación centroamericana, de 17,3 millones de habitantes, forma parte del llamado Triángulo Norte Centroamericano junto a Honduras y El Salvador, países con altos niveles de pobreza y de inseguridad y que por años han estado entre las naciones más violentas del mundo, según informes internacionales.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de los ciudadanos solicitantes de asilo en Estados Unidos en 2018, los de El Salvador fueron 33.400, de Guatemala 33.100, Honduras 24.000 y de México 20.000.
“Guatemala no tiene las mínimas capacidades de dar atención y ni siquiera de alojar o atender a esas personas (solicitantes de asilo) la primera noche”, dijo a IPS desde Ciudad de Guateamala Pedro Pablo Solares, investigador de Puente Norte, una organización que trabaja en el tema de los derechos humanos de los migrantes.
Solares explicó que en el país apenas hay dos albergues para migrantes, uno en Ciudad de Guatemala, y otro en Quetzaltenango, ubicada a 110 kilometros al noroeste de la capital, en el occidental departamento del mismo nombre. La capacidad total de ambos no excede las 50 personas, acotó.
“Guatemala no tuvo la capacidad de procesar las solicitudes el año pasado de las personas que se acogieron al Estatuto, que no superó las 300”, aseguró.
La iniciativa supondría que quienes hayan solicitado asilo en Estados Unidos, y hayan pasado por territorio guatemalteco, serán enviados a Guatemala a que procesen ahí su caso, algo que podría llevar meses o años.
El acuerdo suscrito entre Estados Unidos y Guatemala no menciona claramente que esta nación centroamericana será un tercer país seguro, probablemente en un intento por esquivar los amparos ante la Corte de Constitucionalidad que ya se venían venir.
En su lugar, señala que se trata de un “acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”.
Funcionarios guatemaltecos, como el ministro del Interior, Enrique Degenhart, han dicho que el tratado está diseñado para contener sobre todo el flujo de salvadoreños y hondureños, aunque el texto no lo menciona.
Los guatemaltecos solicitantes de asilo en Estados Unidos no podrán ser devueltos a su país natal, pues el sistema de protección del asilo prohíbe el retorno al país del que han huido.
De momento la aplicabilidad del acuerdo de tercer país seguro está en un limbo mientras el Congreso no decide si lo ratifica o no.
Mientras, pese a las presiones de Trump, ciudadanos centroamericanos emprenden cada día el arriesgado viaje hacia Estados Unidos.
La salvadoreña Wendy Carolina Aguillón, de 26 años, partió también a mediados de julio hacia allá. Se llevó a su hijita de seis años, Gissele, a pesar del temor que despertó la noticia del padre salvadoreño que apareció ahogado junto a su pequeña hija, en junio, en las aguas del río Bravo (Grande), en la frontera con México, un hecho que impactó al mundo.
Wendy y su pequeña son también oriundas de Santa María Ostuma. “Nos dio miedo, pero no la pudimos detener; está en (la ciudad mexicana de Monterrey) ahorita, esperando al oportunidad para seguir y cruzar hacia Estados Unidos”, dijo a IPS, con lágrimas en los ojos, la madre de Wendy, Milagro Altagracia López.
Edición: Estrella Gutiérrez
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