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- El edificio del antiguo Hotel Columbia Palace, en una céntrica avenida de São Paulo, reconvertido en 2010 en la vivienda de 77 familias en situación de pobreza, la mayoría encabezadas por mujeres. En Brasil crece en movimiento por el derecho a la ciudad de familias sin recursos, mediante la ocupación de edificios ociosos en el centro urbano y con buen acceso a servicios públicos. Crédito: Mario Osava/IPS
- Los asentamientos urbanos en la periferia se hunden en la precariedad y carecen de saneamiento básico, como este de Capão Redondo, en el extremo sur de São Paulo. En un lado un asentamiento ya consolidado de construcciones de ladrillo sin pintura de dos o tres pisos, del otro una ocupación improvisada de 800 familias que reclaman tierra para construir sus viviendas, y en medio un riachuelo contaminado y sedimentado que escurre hacia un manantial que abastece la metrópoli brasileña. Crédito: Mario Osava/IPS
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Lucha de los sin techo en Brasil asoma soluciones urbanas
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El edificio del antiguo Hotel Columbia Palace, en una céntrica avenida de São Paulo, reconvertido en 2010 en la vivienda de 77 familias en situación de pobreza, la mayoría encabezadas por mujeres. En Brasil crece en movimiento por el derecho a la ciudad de familias sin recursos, mediante la ocupación de edificios ociosos en el centro urbano y con buen acceso a servicios públicos. Crédito: Mario Osava/IPS
- “Pagar el alquiler o comer”, es la disyuntiva que empuja miles de personas pobres de las metrópolis a ocupar viejos inmuebles vacíos, una forma de lucha por vivienda que se ha intensificado en Brasil y que abre caminos hacia ciudades menos injustas.
“Nosotros contribuimos a la salud pública, al asumir edificios abandonados que eran habitados por cucarachas, ratones e insectos”, arguyó a IPS la activista Antonia Ferreira Nascimento, del Movimiento Sin Techo por la Reforma Urbana (MSTRU) en São Paulo.
El Hotel Columbia Palace, “clausurado hace casi 30 años”, en el centro de São Paulo, “estaba inhabitable, con agua sucia estancada y mucha basura”, cuando fue ocupado en octubre de 2010 por centenares de personas, recordó Nascimento, participante del grupo y luego elegida como su coordinadora.
“Muchos movimientos organizados prestan un servicio a la sociedad, ocupando, limpiando y recuperando edificios sin uso y acogiendo personas a un bajo costo”, corroboró Erminia Maricato, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de São Paulo.
Además, buena parte de esos grupos, que suman más de cien en São Paulo, tiene como blanco el llamado centro expandido (el histórico y sus barrios cercanos), contribuyendo a poblarlo y revitalizarlo, aliviando el congestionado transporte periferia-centro.
La región central concentra 67 por ciento de los empleos y solo 20 por ciento de la población local, según Nabil Bonduki, profesor de FAU que, como concejal, encabezó la elaboración del Plan Director Estratégico del municipio en 2013-2014.
Pero el incendio con derrumbe total, el 1 de mayo, de una torre de 24 pisos “ocupada” desde 2003, a unos 200 metros del Columbia Palace, afectó la reputación de esos movimientos por el derecho a la vivienda, al mismo tiempo que realzó la crisis habitacional del país.
Los medios televisivos, por los que se informa la mayoría de brasileños, presentó la tragedia como un riesgo de las invasiones y sus conductores como posibles explotadores de los pobres. El Movimiento de Lucha Social por Vivienda (MLSM en portugués), responsable de la toma, habría cobrado alquileres a las 146 familias involucradas, se denunció.
Videos difundiendo la torre de vidrio tomada por el fuego y derrumbándose verticalmente conmovieron el país. Hasta ahora se identificaron cuatro muertos, pero hay cinco personas más aún desaparecidas.
“Fue una fatalidad, un shock para nosotros. Hubo muchos incendios en favelas (barrios pobres hacinados) y en edificios en el centro de São Paulo en los últimos años, pero ninguno en ocupaciones”, protestó Nascimento, rechazando la “criminalización” de los movimientos que intentan los medios, las autoridades e inversionistas inmobiliarios.
La gente que vive en pobreza es forzada a ocupar porque “no tiene alternativas, ya que ni el Estado ni el mercado responden a sus necesidades”, sostuvo Maricato, lamentando “la profunda hipocresía” con que se encara las cuestiones habitacionales y urbanas.
Los asentamientos urbanos en la periferia se hunden en la precariedad y carecen de saneamiento básico, como este de Capão Redondo, en el extremo sur de São Paulo. En un lado un asentamiento ya consolidado de construcciones de ladrillo sin pintura de dos o tres pisos, del otro una ocupación improvisada de 800 familias que reclaman tierra para construir sus viviendas, y en medio un riachuelo contaminado y sedimentado que escurre hacia un manantial que abastece la metrópoli brasileña. Crédito: Mario Osava/IPS
El municipio paulista tiene 12 millones de habitantes y su muy extensa Área Metropolitana 21,4 millones, de los que 3,3 por ciento sobreviven en pobreza extrema, dentro de un país con una población total de 208 millones, 12,1 en pobreza extrema, según cifras del gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Con ese contexto, en São Paulo “por lo menos un cuarto de los domicilios son ilegales” y hay 29.000 unidades en locales amenazados de derrumbe, lo que pone en peligro a 115.000 personas, sin la “conmoción” despertada por las “imágenes espectaculares” del edificio incendiado “en un local que interesa al mercado”, señaló Maricato.
Producto del encarecimiento de la vivienda en barrios centrales y consolidados, un millón de personas expulsadas hacia la periferia se asentaron en áreas de manantiales protegidas por leyes inocuas, agravando la escasez hídrica que afecta São Paulo, acotó la profesora.
Los movimientos por vivienda en el centro representan una minúscula reacción a esa lógica centrífuga que sacrifica los pobres, forzados a perder horas en el transporte de sus casas al trabajo.
El centro expandido de São Paulo cuenta actualmente con 70 edificios ocupados por cerca de 4.000 familias, según registros de la alcaldía. Hay otras ocupaciones ya resueltas y edificios adaptados y destinados a la vivienda popular.
Vivir en el centro marca una gran diferencia para la población en situación de pobreza, porque facilita el acceso a “una infraestructura privilegiada, con escuelas, hospitales y centros culturales”, celebró Nascimento.
Hija de inmigrantes de Maranhão, uno de los estados más pobres de Brasil, en el norte del país, ella conquistó en el exhotel Columbia un hogar anhelado, tras 17 años de batallar por una vivienda propia, iniciadas en lejanos barrios de la Zona Este de São Paulo.
El edificio de siete pisos, construido en 1910, se ubica en la avenida São João, una de las más conocidas de centro de São Paulo. Allí, ya con más de 40 años, ella pudo finalmente frecuentar la universidad y graduarse en Servicio Social. Vive solo con el marido, después que sus tres hijos se independizaron.
Hay muchas historias similares entre las 77 familias asentadas en el Columbia, la mayoría encabezadas por mujeres, muchas de ellas madres solteras. Mujeres que adhirieron a movimientos en busca de vivienda para sí y la familia, que luego se volvieron activistas.
Las municipalidades disponen de leyes para destinar inmuebles sin uso durante años a la población, al amparo de la Constitución, que exige una “función social” a la propiedad privada.
São Paulo cuenta además, desde 2014, del Plan Director Estratégico que impone un impuesto progresivo a los inmuebles vacíos. La alcaldía ya avisó a cerca de 1.300 propietarios de que estarán sujetos al gravamen, que puede alcanzar 15 por ciento del valor del bien, si no cumplen la exigencia legal.
“Falta voluntad política, el plazo para cumplir es de un año, pero los gobernantes no aplican la ley o los propietarios formalizan la intención de darle una destinación a su inmueble, solo para interrumpir el proceso”, lamentó Osmar Borges, coordinador del Frente de Lucha por Vivienda (FLM en portugués).
Esa organización aglutina una decena de movimientos, incluido el MSTRU.
En la ciudad de São Paulo hay 400.000 unidades residenciales sin uso, más que suficiente para eliminar el déficit habitacional de 380.000 unidades residenciales, estimó a IPS.
Las cifras varían. El profesor Bonduki habla de 293.000 unidades habitacionales vacías, con base en datos del IBGE.
Considera “un mito” la posibilidad, alardeada por movimientos sociales, de cubrir el déficit habitacional con los inmuebles ociosos, tanto en São Paulo como a nivel nacional.
En São Paulo las unidades vacías representan solo 8,2 por ciento del total, poco más del nivel necesario y reconocido para el equilibrio del mercado, de cinco a 6,5 por ciento. Es decir falta poco para que la escasez de oferta haga subir los precios de venta y alquileres.
Los movimientos apuntan una dirección correcta, de repoblar el centro y proponer una política de aprovechamiento de los edificios abandonados, aunque no todos sean adaptables para uso residencial. Pero aportan muy poco para atender las necesidades, opinó el experto.
En términos nacionales se habla de un déficit de 6,35 millones de viviendas y, en contrapartida, 6,1 millones ociosos.
El déficit es un concepto equivocado, mejor hablar de necesidades habitacionales, que en Brasil aumenta 1,5 millones de nuevas unidades al año, en un estudio para el período de 2008-2023, destacó Bonduki.
El dato es complejo, no lineal. El crecimiento demográfico de Brasil se redujo mucho, pero las necesidades se agrandan porque se achica la familia, un nuevo matrimonio requiere nuevo domicilio, mientras que los divorcios y la migración incrementan la demanda.
Gran parte de las viviendas vacías son rurales o están en ciudades del interior que están perdiendo población. Es decir no responden a necesidades de metrópolis, como São Paulo.
Edición: Estrella Gutiérrez
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