La Justicia anula las condenas a cuatro guardas de Blackwater que mataron a 14 civiles en Irak
La matanza en una plaza de Bagdad en 2007 simbolizó los excesos de la guerra privada de los mercenarios
Washington
Un juez ha anulado la cadena perpetua a Nicholas Slatten, en 2014 a las afueras de un juzgado de Washington CLIFF OWEN AP
Un tribunal federal de apelaciones anuló este viernes las condenas a cuatro exguardas de Blackwater por la muerte de al menos 14 civiles iraquíes desarmados en una plaza de Bagdad en 2007. La decisión abre un nuevo capítulo en la larga batalla legal en torno a una matanza que se convirtió en un símbolo de los excesos de la guerra privada de los mercenarios.
En abril de 2015, uno de los agentes fue condenado a cadena perpetua por asesinato al iniciar el tiroteo. Y los otros tres recibieron sentencias de 30 años de cárcel por homicidio. El juicio se inició en 2014 impulsado por el Gobierno estadounidense tras años de tropiezos de procedimiento y desestimaciones.
Tres años después, ante un recurso de la defensa, un juez de apelaciones consideró inapropiadas las sentencias. En el caso de los tres agentes condenados a 30 años (Dustin Heard, Evan Liberty y Paul Slough), alegó que sus penas fueron más severas de lo necesario al castigar específicamente el hecho de los que llevaban metralletas, algo que tenían que hacer para su trabajo.
En cuanto al guarda condenado por asesinato, Nicholas Slatten, un francotirador al que la Fiscalía acusó de iniciar el tiroteo, el juez derogó por completo su sentencia de cadena perpetua. Esgrimió que no debería haber sido juzgado junto al resto, sobre todo cuando uno de los otros tres agentes dijo haber sido el primero en disparar. Ahora, el Departamento de Justicia tiene que decidir si, 10 años después de los hechos, presenta una nueva acusación contra Slatten.
Todos ellos sirvieron en el Ejército antes de trabajar en Blackwater, que les pagaba en algunos casos hasta 10 veces más.
En el momento de la matanza, a los cuatro años del inicio de la guerra de Irak, Blackwater tenía un contrato con el Departamento de Estado por más de 1.000 millones de dólares para proteger a su personal. Actuaban con enorme laxitud. Existía en Irak un “ambiente lleno de negligencias” en que los agentes de Blackwater se sentían “por encima de la ley”, según un informe del Departamento de Estado redactado un mes antes del suceso.
Los agentes integraban un convoy de cuatro jeeps que escoltaba a unos diplomáticos tras el estallido de un coche bomba en una zona cercana. Alegan que dispararon porque se sintieron amenazados por unos supuestos milicianos insurgentes, pero la Fiscalía rechazó esa versión y el juez determinó que actuaron sin justificación.
El suceso indignó al Gobierno iraquí y hundió la imagen de Blackwater, cuyo propietario la vendió y ahora se llama Academi. También obligó a EE UU a mejorar sus controles, y simbolizó la impunidad que creían gozar el mar de contratistas en la llamada guerra contra el terrorismo. Entonces y en los años posteriores, había en Irak y Afganistán más contratistas -hasta 95.000 y 112.000 respectivamente- que soldados estadounidenses, según datos oficiales.
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