El Gobierno aprueba ‘el impuesto al sol’ para el autoconsumo eléctrico

La oposición y asociaciones de consumidores creen que se ponen trabas al autoconsumo y se protege a las grandes eléctricas

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El Gobierno aprueba el ‘impuesto al sol’ para el autoconsumo eléctrico

Todos los partidos de la oposición se han comprometido a derogar la norma

España da la espalda al sol

MANUEL PLANELLES Madrid 9 OCT 2015 - 20:31 CEST

El Gobierno ha aprobado hoy, viernes víspera de puente, el controvertido real decreto sobre autoconsumo eléctrico a través de sistemas como los paneles fotovoltaicos. Esta norma incluye una serie de peajes. Entre ellos, el llamado impuesto al sol, que grava el autoconsumo de la energía que se produce desde esos paneles. El decreto no contempla, como se demandaba desde el sector, el balance neto, algo que potenciaría la implantación de estos sistemas de autoconsumo en España. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido la nueva norma como un "impulso a las renovables". Asociaciones de todo tipo y partidos acusan al Gobierno de justo lo contrario: de obstaculizar el desarrollo de las energías limpias.

Baterías y trabas burocráticas

Este polémico real decreto ha ido evolucionando desde que el ministerio presentó el primer borrador. Algunos aspectos se han ido suavizando. En uno de los borradores, se llegaba a prohibir que los autoconsumidores enganchados a la red tuvieran baterías para acumular su energía sobrante. Este veto desapareció del último borrador de la norma, que Industria redactó tras ser revisado por el Consejo de Estado. Soria ha recalcado que este órgano consultivo ha refrendado el contenido del real decreto. Sin embargo, se mantienen los cargos sobre las baterías. En este último borrador se incluye una nueva prohibición: que varios autoconsumidores se puedan asociar. "En el caso de que existan varias unidades de producción, el titular de todas y cada una de ellas deberá ser la misma persona física o jurídica". Y se añade "en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores". Esta medida habría beneficiado a las comunidades de vecinos.

El Gobierno creará también "un registro de las instalaciones de autoconsumo" para que "el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones" existentes, según Industria. Morales critica las "trabas" impuestas, entre las que está la instalación de contadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto sobre autoconsumo, una regulación que se ha ido retrasando durante toda la legislatura. Lo hace a poco más de dos meses de las elecciones y con un escenario incierto. La oposición en bloque —incluidos PSOE, Podemos y Ciudadanos— se comprometió en julio a derogar la norma en cuanto puedan. Si el PP es desalojado del Gobierno, el decreto caerá. Si los populares se ven obligados a pactar con otra formación, las asociaciones de todo tipo que han impulsado un potente movimiento en contra de esta norma presionarán a los socios del PP para que la deroguen. "Confío en que los partidos cumplan su promesa. Nunca había visto una representación tan alta como en la firma del compromiso de julio", dice Jorge Morales, de Fundación Renovables

Para aquellos que vayan a instalar sistemas de autoconsumo y no estén enganchados a la red, la nueva regulación no establece peajes para mantener el "coste del sistema eléctrico", ha resaltado Industria. Los conflictos comienzan con los que se conecten, que se presume que serán mayoría ya que se consume más energía en las horas del día en las que el sol se ha puesto, por lo que la red hace de respaldo.

Contribuir al sistema

Soria ha insistido en que aquellos que se enganchen tienen que contribuir a mantener el sistema y a enjugar la deuda. Según el ministro, el decreto fija que el autoconsumidor "contribuye como cualquier otro consumidor". Pero los detractores lo niegan y ponen como ejemplo el impuesto al sol. "Se grava la energía producida por un particular y que consume dentro de casa", sostiene Morales.

El Gobierno, finalmente, ha librado de esta tasa a los pequeños consumidores, aquellos con una potencia contratada menor de 10 kilovatios, que son la mayoría de los hogares, y a aquellos que estén fuera de la Península. "Pero esa excepción es transitoria. Las inversiones en estos sistemas son para muchos años, por lo que es un riesgo tremendo", alerta Morales sobre la puerta que se deja abierta a que este punto se modifique en cualquier momento.

En el real decreto se establecen dos categorías de autoconsumidores enganchados a la red: los pequeños —con instalaciones de menos de 100 kilovatios— y los grandes, que superan ese límite. Según el ministro, los pequeños podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello. A los mayores sí se les pagará por el sobrante. El precio, según el ministro, será el que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red.

José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), resalta que el Gobierno no haya incluido la regulación del balance neto, que se emplea en varios países. Esto supondría que los autoconsumidores podrían recuperar de la red la energía que han vertido sin tener que pagarla. Donoso, además, critica que las distintos peajes y cargos hacen que un hogar medio solo pueda recuperar la inversión que supone instalar los paneles en 16 años. "Sin esos peajes y con balance neto se tardaría entre 12 y 13 años", calcula. En el caso del sector servicios, ese umbral estará con el decreto en 12 años, frente a los 5,5 que se tardaría con el modelo propuesto por UNEF. Y para una pyme la rentabilidad se lograría en siete años y medio, frente a los 4,5 del sistema que propone Donoso.

"Es una norma disuasoria", concluye Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE. "Durará lo que dure este Gobierno", vaticina. Asociaciones de consumidores, de ecologistas, de regantes y de empresarios del mundo de las renovables han salido en tropel este viernes contra el Gobierno. En Twitter, ha reinado #NosRobanElSol.