Por una investigación más enfocada a la salud y menos al mercado
La campaña 'No es sano' pretende promover un debate público para que el Estado tome partido y que la innovación médica no quede en manos del mercado
Una enfermera prepara una vacuna en un hospital de Monrovia (Liberia). / DOMINIC CHAVEZ (WORLD BANK)
Inventar un nuevo medicamento es caro. Carísimo. Dependiendo de la fuente, crear una nueva molécula puede ir desde los 100-150 millonesde euros a los más de 2.250. Y aquél que invierte estas cantidades suele querer recuperarlas con creces, como es lógico. El problema es que no siempre lo más rentable es lo más urgente ni importante: muchas enfermedades que afectan a millones de personas no merecen la atención de una industria que no va a sacar réditos de ellas. Si las leyes del mercado distan de ser perfectas, en la salud resultan, a menudo, injustas.
La campaña No es sano, que se ha presentado este miércoles en Madrid, pretende “promover un debate público y político informado e impulsar el compromiso del Gobierno, partidos políticos y otras instituciones por un cambio en el modelo de innovación médica”. Porque, según rezan sus lemas: “No es sano investigar solo enfermedades rentables; no es sano anteponer los beneficios económicos a la salud; no es sano especular con los medicamentos”.
Promovida por más de media docena de instituciones, entre las que figuran Salud por Derecho, Médicos del Mundo y la Organización Médica Colegial; apoyada por ISGlobal y Oxfam y suscrita por otra decena de organizaciones relacionadas con la salud, la iniciativa pretende aprovechar la precampaña electoral para que los partidos políticos se comprometan a introducir tres grandes cambios en el sistema de innovación: transparencia, criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado y promoción de iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos que no dependan exclusivamente de las patentes.
Vanesa López, presidenta de Salud por Derecho, desgranó estos tres objetivos para conseguir cambiar un sistema actual de innovación “más orientado a beneficios que a la salud pública”. “El primer paso es introducir una gestión transparente y garantizar un debate público informado. La sociedad tiene derecho a conocer los precios reales de transacción en la compra de medicamentos por parte del sistema público de salud; el detalle sobre las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D; todos los datos clínicos, resultados y costes de los fármacos financiados total o parcialmente con dinero público; la evaluación de las tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financian con fondos estatales los que tengan una ventaja terapéutica añadida; y, finalmente, el detalle sobre el proceso de elaboración de las normas y leyes que afecten a este sector”, reclamó López.
No es sano investigar solo enfermedades rentables; no es sano anteponer los beneficios económicos a la salud; no es sano especular con los medicamentos
En segundo lugar, los responsables de la campaña aseguran que muchas de las inversiones realizadas por el Estado no van a parar a aquellas investigaciones que generan productos de mayor interés público, algo que hay que cambiar, según ellos. Por último, pretenden abrir un debate para modificar el actual sistema de patentes por otro que no “fomente los monopolios”.
“No proponemos en principio medidas detalladas, pero sí estamos reuniéndonos con todos los partidos para generar este debate”, añadió López, quien explicó que ya han mantenido conversaciones con PSOE, Podemos y Ciudadanos, entre otros. “Estamos pendientes del Partido Popular y también queremos hablar con otros más pequeños”, concluyó.
Pero lo cierto es que el problema que denuncia No es sano va mucho más allá de las fronteras españolas. Los esfuerzos de investigación son especialmente poco favorables a las poblaciones más pobres del planeta y un solo país no tiene suficiente fuerza para influir en una industria absolutamente global. Por eso, Mónica Cavagna, técnica de Salud en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) —otra de las entidades promotoras— explica que ya están en conversaciones con organismos homólogos internacionales para fomentar un debate global sobre las innovaciones médicas.
El peso de la investigación pública
Aproximadamente un tercio de la población mundial carece de los recursos para permitirse los medicamentos que necesita. “Y, por primera vez, los países industrializados están empezando a no poder permitirse pagar algunos de ellos”, aseguró Germán Velásquez, antiguo trabajador de la Organización Mundial de la Salud y actual asesor de South Center. Este debate se avivó con el precio del fármaco denominado Sovaldi contra la hepatitis C, cuyo precio tuvieron que negociar los gobiernos español y francés con el laboratorio que lo comercializaba. Pero cada vez son más los fármacos que tienen un precio que difícilmente puede ser costeado por particulares ni, incluso, por las arcas públicas.
En opinión de Velásquez, al problema de la falta de transparencia en el proceso de investigación se añade que la propia innovación “está disminuyendo”. Puso como ejemplo Francia, donde la prestigiosa revista Prescrire otorgaba cada año la píldora de oro a las novedades farmacológicas más destacadas. En 2012 se quedó desierto. De las 22 moléculas calificadas como de “importante progreso terapéutico” que se patentaron en el país en 2006, las cifras fueron bajando año a año a 15, 10, 7, 4, 1 y 0. “La mayoría de las nuevas patentes son pequeñas modificaciones a drogas antiguas”, subraya.
El 68% de los medicamentos patentados con más valor terapéutico en EE UU estaban basados en investigación pública
Una de las soluciones que propone la campaña y los ponentes de las mesas redondas que acompañaron a su presentación es que los Estados hagan valer el importante peso de la investigación pública en ciencia básica para “condicionar” a la industria. El 68% de los medicamentos patentados con más valor terapéutico en EE UU entre 1990 y 2007 estaban basados en investigación pública, según explicó Javier Díaz-Nida, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. “El ciudadano paga en muchas ocasiones dos veces por el mismo fármaco”, apostilló Velásquez.
¿Cómo conseguir un mayor retorno social de esta inversión pública? Las fórmulas son varias. Promover licencias justas; exigir cláusulas de responsabilidad social cuando se usen innovaciones públicas; fomentar que las universidades vayan más allá de la investigación básica, en la que a menudo se quedan, para desarrollar los fármacos hasta sus últimos estadios; la formación de asociaciones público-privados para investigar son algunas de las que apuntó Díaz-Nida.
Una de estas fórmulas es la Iniciativa de Fármacos para las Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), una organización privada sin ánimo de lucro que investiga nuevas drogas para poblaciones que no son interesantes económicamente para la industria. “Estamos buscando soluciones que no se basen en el beneficio, sino en la solución de los problemas. El libre mercado no permite tratar las enfermedades de las personas que no dan beneficio y las alternativas son colaborativas por definición”, señaló Olaf Valverde, director médico de la DNDi.
En esta búsqueda, Joan Rovira, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, exigió que las prioridades de investigación no las marquen las empresas: “La política tiene que establecer prioridades, un presupuesto para innovación biomédica, y que se distribuya entre quienes innoven, sean organismos públicos o privados. Se trata de buscar mecanismos que paguen la innovación para superar las patentes y que los fármacos resultantes se puedan vender como genéricos: que el precio no esté ligado al coste de la investigación”.
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