Desalojados dos veces en 35 años con la misma ley franquista

Las obras de ampliación de la AP-9 en Galicia cercan las casas que aún ocupan los expropiados: “En 1978 te echaba la policía, hoy las máquinas”

SONIA VIZOSO Redondela 11 SEP 2015 - 22:53 CEST

Vecinos de Chapela, al borde de la autopista que Fomento amplía al pie de sus casas. /ÓSCAR CORRAL

En la parroquia gallega de Chapela hasta los muertos han de dormir el sueño eterno soportando los decibelios de 52.000 vehículos al día. Esta localidad de casi 9.000 habitantes, limítrofe con Vigo, está abierta en canal desde finales de los setenta, cuando se construyó laautopista AP-9 a contados metros del cementerio, las moradas de los vivos y el colegio. Pese a las protestas que llevaron a varios vecinos a la cárcel, los habitantes de las 35 viviendas expropiadas con la dictadura franquista aún caliente tuvieron que buscar otro techo por su cuenta antes de cobrar las indemnizaciones. Hoy las máquinas han vuelto a Chapela para ampliar la encajonada vía de peaje. “En el proceso de expropiación los métodos son los mismos ahora que entonces”, se queja Francisco Puch, de 68 años, un veterano líder vecinal. “Las autoridades usan mejores palabras pero es maquillaje: saben que tienen la ley y que la van a aplicar”.

Puch levanta el Boletín Oficial del Estado del 16 de diciembre de 1954 en el que, con la firma del dictador Francisco Franco, se publicó la Ley de Expropiación Forzosa, una de las más longevas de España, apenas retocada desde entonces, y que los vecinos de Chapela han visto aplicar dos veces en 35 años. La norma no impide que un ciudadano sea desalojado de su vivienda habitual sin haber recibido aún la compensación que le corresponde.

Eso es lo que les ocurrió a los expropiados a finales de los setenta para abrir paso a la también llamada Autopista del Atlántico. Y es lo que temen ahora los afectados por la ampliación de los cinco kilómetros de vía rápida que araña esta parroquia del término municipal del Redondela (Pontevedra), cuarteada asimismo por dos vías de tren y otras dos carreteras. “La ley debería garantizar que los expropiados tengan una alternativa para vivir”, reclama Puch, de la Asociación de Vecinos de Chapela, recién llegado de una de las muchas protestas convocadas en las últimas semanas para parar las obras de la AP-9.

Quienes perderán en Chapela su vivienda habitual o el negocio del que comen dicen ignorar aún cuánto dinero les pretende dar Audasa, la concesionaria de la autopista que se encarga de gestionar las expropiaciones, pero esa incertidumbre no impide que las obras cerquen ya sus hogares. Los operarios enviados desde marzo por la empresa, que pertenece al grupo Itínere y que ha registrado 14,4 millones de euros de beneficios solo en el primer semestre de este año, mueven tierra, arrancan farolas, levantan aceras. Y multiplican el ruido.

Al menos tres de las familias sobre las que planean las expropiaciones tuvieron la primera noticia de su suerte hace justo un año, cuando la cartera de Chapela les entregó un envío certificado del Ministerio de Fomento. La Administración les comunicaba la “expropiación forzosa y urgente” de sus casas para un proyecto que se venía fraguando desde 2008 y que no incluía hasta ese momento su desalojo, pese a estar a menos de ocho metros de la carretera ampliada. Y los convocaba al levantamiento de actas previas para un mes después, invitándoles a acudir con abogado, notario y perito “a su costa”.

Uno de ellos es José Luis Piñeiro, a quien Fomento pretende expropiar el inmueble en el que vive con su esposa, su hija y su yerno, además del restaurante que regenta en el bajo desde hace 16 años. Asegura que Audasa aún no le ha entregado el expediente donde se tasan sus bienes pese a haberlo solicitado tras recibir aquella carta. Se siente abandonado por la Administración a los pies de la concesionaria de la autopista de peaje, encargada de valorar las propiedades por ir a su cargo el pago de las expropiaciones. “Esta obra no es de utilidad pública, es de utilidad privada: se amplía la AP-9 para facilitar que una empresa gane más dinero”, se queja Piñeiro, quien relata como los operarios de Audasa han llegado a abrir paso a la carretera extirpando las farolas con una radial a apenas un metro de la terraza de su restaurante. “Hace 35 años te echaba la policía, ahora lo hacen las máquinas”.

A Roberto Villar, padre de dos pequeños de 6 años y 22 meses, Fomento le contestó a las alegaciones con un “corta y pega de la respuesta de Audasa y un párrafo en el que decía que estaba de acuerdo con la concesionaria”. “Somos para ellos el 63, el número de la parcela; les da igual quién viva aquí o cómo”. Sus pequeños no van al colegio público que les queda justo enfrente de casa, al otro lado de la AP-9. La construcción de la autopista se tragó en 1978 el patio de recreo de esta escuela y el ruido del tráfico obligó después a trasladar las aulas que daban al borde de la vía porque los niños no oían a sus maestros. “Mis hijos van a otro centro, así cuando van a clase tienen siete horas de descanso de la autopista, les viene muy bien”, explica este vecino de Chapela a la puerta de su vivienda.

Al otro lado de la AP-9, relata la asociación de afectados por las obras, se alza un edificio ocupado por dos mujeres mayores que ha sido expropiado a medias. Audasa ha tapiado el bajo pese a que la residente de arriba permanece en su vivienda. La vecina desalojada era su hermana.

El palista que huyó despavorido

S. V.

A finales de los setenta, los barrenos en Chapela para construir la autopista eran de tal calibre que “una piedra entró por un tejado y mató a un cerdo en la cuadra”. Tras la muerte del cochino, las autoridades “mandaron a un ingeniero de minas a vigilar” lo que antes explosionaba sin control, pero los vecinos siguieron, como estos días, poniéndose delante de las máquinas para frenar las obras. “Venían los de la pañoleta azul [los antidisturbios de la época] y decían: ‘¡Que pasen las máquinas por encima!”, recuerda Francisco Puch con su vecino César Domínguez, de 72 años. El palista al que la policía dio la orden, cuentan ambos, se bajó horrorizado y huyó.

Hoy los habitantes de la orilla de la AP-9 se quejan sobre todo del desamparo que sufren frente a una empresa privada por parte del Ministerio de Fomento. Desde el departamento que dirige Ana Pastor, fuentes oficiales destacan que cargos ministeriales llevan más de dos años reuniéndose con los afectados para escuchar sus quejas y que este mes de septiembre se constituirá una comisión de seguimiento de las obras donde también tendrán voz los vecinos. Aunque las expropiaciones las gestiona Audasa, señala Fomento, el ministerio vigila el proceso. Y asegura que en el caso de los residentes cuyas viviendas quedarán con la ampliación a menos de ocho metros de la autopista, como es el caso de Piñeiro y Villar, la expropiación es optativa. Ni Audasa ni su matriz Itínere han accedido a dar explicaciones sobre el “atropello” y falta de transparencia que les imputan los afectados. Se remiten a Fomento.