ENTREVISTA A MARTA PEDRAJAS
“No esperaba que fuera tan difícil negociar sobre derechos humanos”
La asesora del Gobierno para políticas de desarrollo echa de menos en la Agenda Post 2015 más reconocimiento a las garantías individuales de las personas, pero en general está satisfecha con las metas que están a punto de aprobarse
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Será el 25 de septiembre. Ese día los Estados debatirán sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lleva casi tres años en la cocina de los despachos, las reuniones y las discusiones. El resultado: 17 Objetivos, 169 metas y otros tantos indicadores para medir el progreso hacia un mundo sin pobreza, sin hambre, con empleos más justos y en el que todo ser humano acceda a agua potable o disponga de carreteras seguras.
En la discusión global para llegar al documento que el secretario general, Ban Ki Moon publicó el pasado 2 de agosto y que se ratificará en breve, cada país ha defendido su posición respecto de cómo tenía que ser esta agenda que guiará la acción internacional y nacional hacia un futuro mejor en 2030. Marta Pedrajas ha sido la encargarda de coordinar los trabajos para establecer cuáles serían las claves que apoyaría España en un momento en el que el país ha perdido peso internacional en estos ruedos debido a la caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo en un 70% desde que comenzó la crisis.
Doctora en Filosofía, licenciada en Económicas y con estudios en la Universidad de Harvard, Marta Pedrajas actualmente trabaja en la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) del Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí ejerce como vocal asesora de políticas de desarrollo, coordinando la planificación de la Cooperación Española y los contenidos temáticos de la agenda internacional, donde destaca la posición de España para la Agenda de desarrollo Post-2015 y de Financiación del Desarrollo. También es responsable de la dirección y coordinación del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Anteriormente fue profesora de filosofía y en la actualidad colabora como profesora invitada en distintos cursos y máster de desarrollo y de cooperación de las Universidades españolas.
¿Cuál ha sido la posición española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
La posición española consta de varios apartados. En primer lugar, el de principios fundamentales, y luego una propuesta de objetivos. La agenda Post-2015 tiene una declaración política, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los medios de implementación y el sistema de seguimiento. Cuatro partes. Nosotros queríamos poner en valor los principios de la Declaración del Milenio. Nuestra propuesta era una nueva agenda universal, transformadora, teniendo en cuenta la sostenibilidad en todas sus dimensiones; una agenda contra la pobreza y la desigualdad, y con la mirada puesta en los países de renta media.
¿Cuál era la propuesta de objetivos de España?
Pues 17 nos parecían muchísimos y ocho, que eran los del Milenio, pocos. Después de mucho trabajo, nos salieron 12. Cinco estructurales (erradicación de la pobreza, reducción de la desigualdad, sostenibilidad en todas sus dimensiones, enfoque de género y derechos humanos); y luego planteábamos: ¿Cómo se consigue esto? Con el resto de objetivos: seguridad alimentaria, educación, salud, energía, crecimiento económico y empleo. Y añadimos otro al final, después de muchos debates con la sociedad civil, que era la alianza global para el desarrollo.
¿Hay algún punto que defendiera España y que finalmente haya quedado fuera o, cuanto menos, descafeinado?
Esta es la pregunta más importante. Yo soy muy crítica con el objetivo 16 que excluye los derechos humanos. Exactamente no es que los excluya, sino más bien lo que sucede es que no los han incluido. Y en borradores anteriores de negociación, estaban. Yo he visto en documentos sometidos a negociación que se mencionaban los derechos humanos tanto en el título del objetivo 16 como en las metas. Ha sido una sorpresa, no me esperaba para nada que fuera tan difícil negociar sobre derechos humanos en las Naciones Unidas. Y esto se nota no solo en el 16, sino en toda la Agenda. Al final, en temas de género o salud, no aparece el reconocimiento de derechos, sino que se habla de acceso a la salud, a la seguridad alimentaria, pero no se habla del derecho a la alimentación o el derecho a la salud. Y este enfoque de derechos, para la cooperación española, es estructural.
¿Qué países son los que han encabezado esa negación a un enfoque de derechos?
China y Arabia Saudí principalmente, porque consideran que son imposiciones occidentales. Ellos tienen sus argumentos. China, por ejemplo, no aceptaba incluir temas de libertad de expresión u otros derechos fundamentales. Dijo que nunca aprobaría la agenda con esos derechos.
¿Cómo se ha elaborado la posición española hasta llegar a esos 12 objetivos?
A finales de 2012 se encargó a un grupo académico de seis universidades españolas, coordinado por José Antonio Alonso, un primer informe de recomendaciones. Y ese texto es el que empezamos a trabajar el equipo de la secretaría general de cooperación en talleres internos. En septiembre de 2013 hicimos la primera consulta nacional abierta a todo el mundo: sociedad civil, empresas, sindicatos, universidades… Fue en el Instituto Cervantes, vino incluso Amina Mohamed, y debatimos sobre ese documento con todos los actores. A partir de ahí, internamente hicimos un primer borrador de posición española, proponiendo principios y objetivos. Luego, un grupo permanente de trabajo nos reuníamos todas las semanas, los lunes a las cuatro. Cada lunes debatíamos dos temas. Y así los fuimos repasando todos. Pedimos a la coordinadora de ONG de Desarrollo que trajera a expertos en cada uno de esos temas. Fue un proceso muy enriquecedor. Ya en septiembre de 2014 hicimos la segunda consulta nacional, que fue en el Congreso de los Diputados. Y después, cerramos el documento.
Hay, sin embargo, una parte de las organizaciones de la sociedad civil que reconocen que se las ha escuchado, pero no se ha trasladado su opinión a ese documento de posición española.
Algunas cuestiones sí están y otras, quizás, no. Pero eso pasa con todo.
Otra de las críticas que existe en el sector ha sido la “irrelevancia” de España en el debate internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que hemos sido de los países que más hemos trabajado la agenda internacional. No lo digo por decir. De las once consultas temáticas, una se hizo en Madrid, la de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre. Estuvo Ban Ki Moon en la clausura, el presidente del Gobierno… estuvieron hasta 19 directores de agencias de Naciones Unidas. Y también hicimos la consulta regional de América Latina sobre diálogo público-privado para Post-2015. La organizamos en Cartagena de Indias con Global Compact, el PNUD y también con Estados Unidos como segundo país, y Colombia que ponía su territorio. En el grupo de los ODS había 30 sillas y hemos tenido una. Hemos estados, pero luego se hicieron troikas para que entraran más países. Se adhirieron 70. España hizo troika con Italia y Turquía. Además, hemos estado en todos los debates de la Unión Europea y de la ONU. Nos hemos desplazado todas las veces que ha hecho falta para que nunca estuviera la silla vacía.
Una vez elaborada y aprobada (este paso de dará en septiembre), quedará implementarla. Uno de los rasgos de esta agenda es la universalidad. Quiere decir que España tendrá que adoptarla. ¿Se ha pensado ya cómo se hará?
Desde la Secretaría General de Cooperación tenemos ideas, pero evidentemente no nos corresponde aplicar la agenda en España desde un ministerio que es de asuntos exteriores y de una secretaría que es de cooperación internacional para el desarrollo. Esta es una sugerencia muy personal, pero propongo la creación una secretaria de Estado o de Desarrollo en el ministerio de Presidencia. Que tuviera las competencias para poder coordinar, desde una secretaría de Estado de Desarrollo, por un lado la coherencia de políticas nacional, para que se cumpla la agenda Post-2015. Y por otro lado la cooperación internacional para el desarrollo, de donde colgaría la agencia, creo que ese sería el esquema. Diría, sin embargo, que incluso antes que implementarla, lo que hay que hacer es comunicarla. Y para ello, los medios de comunicación son fundamentales, porque la agenda Post-2015 la conocemos el sector y nadie más.
El último CIS apuntaba, de hecho, que solo un 15% de la población conoce los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya se cierran.
¡Y son ocho! Que cuando expliquemos que ahora son 17… Así que creo que el esfuerzo enorme va a ser de comunicación.
La coherencia de políticas es una reivindicación de las organizaciones. Sin ella, ¿podría darse el caso de que nos comprometamos en la ONU a otorgar el acceso universal a la sanidad y que aquí se deje a una parte de la población fuera, como ocurre con los inmigrantes irregulares?
Velará por eso quien le corresponda. Nuestras competencias son de cooperación internacional para el desarrollo y es lo que podemos trabajar. Las políticas nacionales no nos corresponden. Ya me gustaría.
A tenor de las competencias. ¿Hay el riesgo de que en España, u otros países desarrollados, nadie se haga responsable de la agenda?
Va a costar arrancar. Como se ha negociado en todos los países desde las agencias de cooperación y desde los ministerios de cooperación, va a necesitar ahora de un ejercicio de comunicación a la ciudadanía, pero también a toda la administración, en todos los Estados. Creo que una agenda universal no es tan evidente para los países desarrollados y va a costar implicarlos, pero también opino que en cuanto arranque el sistema de seguimiento, con informes anuales en los que los países se retraten, la cosa puede cambiar. Los ODM tardaron mucho en arrancar; durante cinco años no tuvieron metas. En esta ocasión, una de las cuestiones que va a tardar es que los países desarrollados se crean que esta es su agenda porque, de momento, solo se lo creen los responsables de los ministerios de desarrollo.
Menciona el seguimiento en el cumplimiento. ¿La agenda va a ser voluntaria u obligatoria?
Uno de los déficits de la agenda es que los informes anuales van a ser voluntarios, que era una petición de los países en desarrollo. Es un problema. Pero cuando el sistema de seguimiento arranque y se vea que todos los países presentan sus evaluaciones y tú faltas… Esto pasa con todos los acuerdos de Naciones Unidas, todos son así. Ninguno, salvo los del Consejo de Seguridad (y ni siquiera) son obligatorios… Y si lo fueran, no se aprobaría nada, ni los ODM.
¿España hará esos informes anuales?
Espero que sí. No depende de mí, pero creo que sí se tendrán que hacer.
Así que podríamos ver al presidente del Gobierno dado explicaciones de por qué en España aumenta la desigualdad, en vez de reducirse como mandan los ODS…
No sé. Es importante que la gente lo pida. Y para eso, los ciudadanos tienen que saber que esta agenda existe y que hay que cumplirla. Que demanden esos informes y el cumplimiento de lo comprometido. Cuando la ciudadanía empuja mucho, los Gobiernos responden.
Si España u otros países desarrollados no rinden cuentas, ¿cómo vamos a pedir que lo hagan otros respecto de, por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil?
Creo que son cosas distintas. Nosotros, como país, tenemos que rendir cuentas a los ciudadanos de lo que estamos haciendo. Con la cooperación al desarrollo, tenemos que justificar el dinero público que se está gastando. La política nacional y la de cooperación son cosas distintas.
La reducción de la mortalidad infantil también es política nacional de aquellos países…
Pero nosotros podemos pedir, por ejemplo, que Bolivia rinda cuentas porque con cooperación al desarrollo gastamos un montón de dinero de fondos públicos españoles en ese país. Tenemos la opción de vincular la ayuda a los ODS, como ahora con los ODM, y pedir cuentas. Pero, en otros países donde la cooperación española no esté, por ejemplo en República Centroafricana, no. Podremos pedirlo como comunidad internacional, como Unión Europea; pero creo que son niveles de compromiso distintos.
¿No se perpetúa, así, el esquema donante-receptor, norte-sur. Y que solo rindan cuentas los segundos?
No. Porque esto es al margen de que España también tenga que rendir cuentas. Lo que pasa es que son cosas distintas. España tiene que rendir cuentas y no tiene excusas para no hacerlo. Y, además, puede pedir a los países en los que hay cooperación española que lo hagan. O ayudar a que lo hagan. Porque, a lo mejor, la función de la cooperación en este sentido va a ser mejorar sus sistemas estadísticos. Se trata tanto de apoyar que cumplan los objetivos, como de informar.
¿Cómo afectarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la cooperación española?
Creo que lo que hay que hacer, igual que hemos hecho con los ODM, es sacar partido a nuestras fortalezas. No sé si la cooperación española va a priorizar 17 objetivos, me extrañaría mucho. Creo que hay muchos en los que no deberíamos entrar. Habrá que ser selectivos.
¿Cuáles no deben entrar?
Por ejemplo, ciudades sostenibles. La cooperación española es muy rural. Tenemos muchos programas de desarrollo rural y poco de desarrollo urbano. El urbanismo es un problema, pero no somos especialistas. En cambio, en otros ámbitos sabemos hacerlo muy bien. En seguridad alimentaria, salud, género… Entonces, de los 17 tendremos que priorizar las fortalezas de la cooperación española y en qué países, que tampoco podemos cooperar en todos. Tenemos que hacer una ayuda eficaz, de calidad y probablemente hacer la selección de prioridades. Eso no quita que el marco general sean los ODS.
Hay objetivos de la agenda que se han dejado abiertos a que cada país establezca su grado de compromiso en el nivel nacional, ¿en España ya están decididos tales porcentajes?
Se ha establecido un sistema de indicadores globales, regionales y nacionales. Hay tres niveles. Los primeros se decidirán en la ONU en marzo de 2016, porque lo que se aprueba ahora no tiene indicadores todavía. Esos serán la referencia mundial. El segundo escalón, para nosotros es Europa. Y en España, hemos empezado a trabajar los indicadores de desarrollo con el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo que dará los datos. Ya hemos tenido un par de reuniones con el INE para que sean conscientes de que esto nos afecta a todos. Y, mientras tanto, esperamos a que se apruebe la agenda, porque los indicadores globales orientarán bastante en cuáles pueden ser los nacionales.
¿El INE hará entonces una encuesta anual con los indicadores nacionales?
Sí.
Entonces, ¿los datos estarán aunque luego no se hiciera un informe de rendición de cuentas?
Sí. Pero la elección de indicadores está prevista para marzo del año que viene y el primer informe no sé si va a estar listo en junio. Va a ser complicado. A lo mejor el primer año no tenemos todos los datos de los 17 ODS y sus 169 metas.
¿Cuáles son esos indicadores nacionales?
Hay de todo. Por ejemplo, reducir el desempleo juvenil un tanto por cien. Otros indicadores están relacionados con la esclavitud infantil, nutrición…
Después de años de preparación, ¿no podrían haberse fijado ya?
No. Creo que era imposible hacerlo antes. Ha sido tan difícil…
¿Estás satisfecha con la agenda que ha quedado?
Sí.
El padre de los ODM, Jan Vandemoortele, considera que es una enunciación de generalidades, ¿coincides con esta opinión?
No. A mí me gusta mucho la agenda. Creo que se podría haber mejorado, a lo mejor si la hubieran hecho tres técnicos en una mesa hubiera quedado técnicamente perfecta; no hubieran sido 17 objetivos, quizá hubiera sido un número tan redondo, pero ha sido tan participado el proceso. Y nunca ha habido en Naciones Unidas un debate abierto en plenario a 193 países. Había que verlo. Ahora los ODS tienen fuerza moral. Es un éxito que esté tal y como está. Incluso el objetivo 16 podría haberse eliminado entero y está ahí. O, por ejemplo, el de consumo y producción sostenible es brutal…
¿Por qué?
Porque es muy transformador. Implica que los países desarrollados cambien sus sistemas de producción. Estados Unidos, por ejemplo, dijo en 2012 que este objetivo nunca se aprobaría porque el sistema de vida americano no se toca… Y lo negoció hasta la saciedad.
Con no cumplirlo….
No. Estados Unidos negocia muy en serio porque lo que aprueban, se comprometen.
¿Cuál es su opinión de que se aprueba esta agenda tan ambiciosa sin que ni siquiera se haya conseguido la anterior?
Había que revisarla porque el mundo ha cambiado mucho desde el año 2000 y la agenda de los ODM era muy limitada. Era prácticamente: salud, género, educación y pobreza. Aun así, lo primero es cumplir lo que falta de los ODM.
Era necesario y el mundo ha cambiado mucho. Sin embargo, la pobreza extrema se sigue midiendo con el parámetro de 1,25 dólares al día como en 1990. Y esa cantidad de dinero hoy no es la misma que hace 25 años…
El objetivo ha cambiado porque no se trata de luchar o reducir la pobreza extrema, sino erradicarla. Este es el cambio fundamental del objetivo uno. Luego, ¿cómo se mide la pobreza extrema? Se sigue con la definición del Banco Mundial, pero se abre el campo a la medición multidimensional de la pobreza.
¿Cómo se medirá la agenda, cómo se sabrá si se cumple o no?
Hay un concepto muy ligado a la agenda que es la revolución en los datos, para tener información que nos permita acercarnos de la manera más real posible a la vida de las personas. Algunas cuestiones son muy fáciles de medir, por ejemplo, el número de vacunas. Es un dato muy concreto. Pero, ¿quién mide las libertades fundamentales? Es muy difícil. Por eso, establecer indicadores es complicado. Hay temas muy abstractos y hay que ver en qué nos podemos basar para medirlos. Por ejemplo: acceso a la justicia, igualdad de oportunidades…
¿Y cómo se van a financiar los esfuerzos por lograr estos 17 objetivos?
La agenda de financiación para el desarrollo de Addis Abeba es la de los medios para los fines. Se acordó promover una fiscalidad justa, movilización de recursos… Uno de los pactos era retomar el objetivo del 0,7%, aunque solo cuenta con el compromiso de la Unión Europea y consiste en llegar al 0,7% comunitario en el marco de la agenda, es decir, en 2030.
España está ahora en el 0,16% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Qué ritmo debería llevar para llegar a ese 0,7%?
Unos 300 millones anuales. Difícil, pero no imposible. Depende, también, del crecimiento del PIB.
¿España estaba a favor de la creación de un organismo internacional contra la evasión fiscal?
Este tema lo hemos trabajado mucho con el ministerio de Hacienda. Y las instrucciones que teníamos es que se podía estudiar. No nos oponíamos.
¿Habrá entonces fondos suficientes para financiar la agenda?
Falta mucho más dinero del que hay.
¿Y en España?
Pues asumir los compromisos que ha adquirido en Addis Abeba y los próximos que se adquirirán en Nueva York…
¿300 millones más al año?
Eso era una estimación. Sobre todo, que el aumento que haya de recursos financieros, que vaya acompañado de capacidades especializadas y profesionales para poderlo gestionar. Porque si el presupuesto se aumenta 300 millones de euros se puede hacer porque la agencia sabe hacer. Pero si se aumenta 1.000 en un año, es imposible. Que es lo que pasó anteriormente, y entonces se malgasta mucho dinero y creo que eso es también una irresponsabilidad. Hay que hacer un crecimiento responsable.
Lo primero es parar el decrecimiento de la ayuda, que ha caído un 70%
Eso lo primero. Pero el decrecimiento ya ha parado.
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