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CIDH solicita proteger a indígenas ye´kuana y yanomami en Brasil
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Un niño yanomami, un pueblo que habita en el extremo sur de Venezuela y norte de Brasil desde hace miles de años, amenazado junto a sus vecinos, los ye´kuana, por la diseminación de enfermedades que llegan junto con la minería ilegal, y ya son víctimas de la nueva pandemia, covid-19. Foto: Fiona Watson/Survival International
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Brasil proteger a los pueblos indígenas yanomami y ye´kuana ante el avance de la pandemia covid-19 y la incursión de miles de mineros ilegales en el norte del país.
El gobierno brasileño debe, “adoptar medidas de prevención frente a la covid-19”, y proporcionar “una atención médica adecuada, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables”, según el órgano interamericano de derechos humanos.
La CIDH también acogió denuncias de organizaciones indígenas según las cuales unos 20 000 mineros ilegales actúan en sus tierras “siendo potencialmente importantes vectores de la covid-19, sobre todo considerando que transitan por el territorio y áreas urbanas”.
La asociación yanomami Hutukara, que actúa en el estado de Roraima, reportó cinco casos de covid en mayo, y 150 ya a finales de junio, con cuatro fallecimientos, y las víctimas podrían ser más debido a la dificultad de obtener información por la dispersión de sus pequeñas comunidades.
En su petición a la CIDH, Hutukara y el Consejo Nacional de Derechos Humanos sostuvieron que las comunidades indígenas están “peligrosamente expuestos a la enfermedad debido a la intensificación de la actividad minera en sus tierras desde 2018”, sin diligencia del Estado para impedirla.
Los ye´kuana y yanomami en Brasil suman unas 26 000 personas distribuidos en 321 aldeas que incluyen comunidades de contacto reciente y algunos en aislamiento voluntario, y habitan sobre más de nueve millones de hectáreas en el interfluvio de los ríos Orinoco y Amazonas.
La mayoría de los 10 000 miembros de la etnia ye´kuana y los más de 30 000 yanomami habitan en el lado venezolano, sobre otros ocho millones de hectáreas que también son pasto de la actividad minera ilegal.
Los ye´kuana, de lengua caribe, son un pueblo de diestros navegantes por los caudalosos ríos de la región, y a los yanomami, que posiblemente llegaron a la zona hace unos 15 000 años y estuvieron casi totalmente aislados hasta muy entrado el siglo XX, se les considera un testimonio viviente del hombre primitivo.
En su alegato ante la CIDH, sostuvieron que se sienten amenazados por los mineros que llegan a su territorio “muy frecuentemente armados, traen bebidas alcohólicas, acosan a sus mujeres, roban de sus plantaciones y reclutan a sus jóvenes para actividades ilícitas”.
La CIDH observó incluso que “la minería ilegal además violaría la visión ontológica del pueblo yanomami, según la cual los minerales fueron puestos en la tierra por una divinidad” y no deberían ser objeto de una extracción violenta.
El Estado brasileño, por su parte, informó a la CIDH que frente a los temas de salud y minería responde con auxilios en alimentos y medicinas a las comunidades indígenas ,y en particular reactivando “bases de protección etnoambiental”, para disuadir la presencia de mineros ilegales en la zona.
Solo en 2019 se realizaron en la zona más de 800 acciones de contención de la minería, y este año se incluyeron requerimientos de los ye´kuana y yanomami en un plan de contingencia ante el nuevo coronavirus en las comunidades indígenas de todo Brasil, según la información oficial.
LA CIDH consideró insuficientes las medidas adoptadas por el Estado brasileño y subrayó que la no comprobación de todos los hechos y carencias, señalados por los solicitantes de protección, no impide que el organismo regional considere esos temas como de urgencia, por lo que dictó medidas de protección.
En su resolución, la CIDH pide a Brasil que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de los miembros de los pueblos yanomami y ye´kuana, implementando, desde una perspectiva culturalmente adecuada, medidas de prevención frente a la diseminación de la covid-19”.
La resolución, fechada 17 de julio, pide al gobierno brasileño que en un plazo de 20 días le informe sobre las decisiones tomadas para cubrir las medidas de protección dictadas en favor de los pueblos indígenas en su frontera con Venezuela.
A-E/HM
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