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Feminicidios aumentan en Brasil y reciben nuevos estímulos
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La Ley Maria da Penha, que norma desde 2006 los delitos de violencia contra las mujeres, fue un hito en Brasil en la lucha contra violencia machista dentro y fuera del hogar, el acoso sexual y otros delitos de los que son víctimas las mujeres. Esa ley fue completada por la del Feminicidio, que desde 2015 agrava las penas a los asesinatos por razón de género, al tipificarlos como un “crimen horrendo”. Crédito: Paulo Pinto/PT
- El primer día de 2019, mientras Jair Bolsonaro asumía la presidencia en Brasil, el año se estrenaba con siete feminicidios y tres intentos frustrados. Unos cuchillos fueron el arma usada en ocho de los casos, con tres sobrevivientes. En otros dos, las mujeres fueron golpeadas hasta la muerte.
Excompañeros que no aceptaban el fin del matrimonio o del noviazgo constituyen la mayoría de los asesinos, en los registros diarios de Jefferson Nascimento, abogado y activista de los Derechos Humanos en São Paulo.
Hasta el 28 de abril, hubo este año un total de 620 intentos de feminicidio, la mayoría consumados, según su monitoreo a partir del noticieros televisivos, informaciones de la prensa y otras fuentes.
“Es dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en el pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a mujeres”: Joluzia Batista.
Ese total podría elevarse, porque seguramente hay casos que no trascienden públicamente. Por otro lado no todos los casos con víctimas femeninas son feminicidios o femicidios, que tipifican a los asesinatos de mujeres por su condición de género.
En 2018, por ejemplo, hubo 4.254 homicidios intencionales de mujeres, de los cuales solo 1.173 se tipificaron como feminicidios, según el Monitor de la Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública(FBSP), que realiza en asociación con el Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo y el portal digital G1, del grupo Globo de comunicación.
Los datos indican que los asesinatos de mujeres cayeron 6,7 por ciento en comparación con el año anterior, algo menos de la reducción de 10,3 por ciento en los homicidios en general (de 63.722 en 2017 para 57.117 en 2018).
Pero, en contraste, los casos de feminicidio aumentaron 12 por ciento.
Esa tendencia se acentuó en este año, a juzgar por los datos del estado de São Paulo, que concentra 21 por ciento de los 209 millones de brasileños, donde los feminicidios subieron de 21 a 37 víctimas, entre el primer trimestre de 2017 y mismo período de este año.
“El principal factor es que las mujeres ya no aceptamos los papeles sociales que nos impone la sociedad patriarcal y machista. Algunos hombres reaccionan con violencia”, señaló a IPS la abogada Silvia Pimentel, profesora de Derecho en la Universidad Católica de São Paulo e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cesaw).
Su temor es que la proliferación de armas, fomentada por el decreto que firmó Bolsonaro el 7 de mayo, convierta en fatal gran parte de la violencia machista que sufren las mujeres en Brasil.
En el estado de São Paulo, por ejemplo, en lo que va de año ocurrieron en promedio 88 agresiones diarias con lesiones corporales en mujeres. “Con más armas en circulación, más mujeres morirán, pues no hay como defenderse de tiros”, lamentó Pimentel.
Flavio Bolsonaro (D), senador e hijo del presidente Jair Bolsonaro, con el expolicía militar Fabricio Queiroz, su asesor cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, hasta 2018, investigado por el manejo irregular de los salarios de miembros del equipo del senador y con relaciones con los grupos parapoliciales ilegales que dominan varios barrios cariocas. La afición del presidente y sus hijos por las armas de fuego los llevaría a otros lazos con esas milicias. Crédito: PT
La medida del presidente de extrema derecha amplía el derecho de portar armas de fuego a 19 millones de personas, estimó el Instituto Sou da Paz (soy de paz).
Podrán andar armados los adultos en el medio rural, camioneros, abogados, comerciantes, coleccionadores de armas, agentes públicos de varios sectores e incluso periodistas que cubren actividades policiales.
El derecho a poseer armas en la residencia o local de trabajo ya se había extendido a gran parte de la población, por otro decreto emitido en enero, pero sin facilitar el porte, que gana ahora una amplitud inesperada.
Según muchos juristas y políticos, la pretendida ampliación del porte es inconstitucional y viola el Estatuto del Desarme, una ley vigente en Brasil desde 2003 y que restringe la posesión y el porte de armas.
Gobernadores de 14 estados brasileños, de un total de 27, divulgaron un manifiesto conjunto pidiendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la revocación del “decreto de las armas”.
Argumentan que la norma incrementará la cantidad de armas y municiones que caerán en manos criminales y convertirá en tragedias las peleas y discusiones entre ciudadanos.
Además el Ministerio Público Federal (fiscalía general) pidió la suspensión judicial de la medida y por lo menos dos partidos de oposición cuestionaron su constitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro se vio forzado a admitir la revisión de algunos puntos ante la repercusión negativa en distintos sectores.
La Organización de la Aviación Civil Internacional podrá bajar la nota de seguridad de Brasil, ante la posibilidad de que personas armadas sean autorizadas a embarcar en los aviones. En consecuencia compañías aéreas extranjeras podrían suspender sus vuelos a Brasil.
Además las nuevas reglas permiten a civiles la posesión incluso de fusiles semiautomáticos, hasta ahora restringidos al uso militar y policial, constataron especialistas al ahondar en detalles del decreto. El gobierno niega esa intención en la medida.
“Aun si se revoca el decreto, el mal está hecho”, se ha producido un estímulo a la violencia que se vuelve contra la mujer, evaluó a IPS la socióloga Joluzia Batista, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFemea).
El incremento de la violencia de género en el ámbito público se alimentó desde 2013 con posiciones como la del pastor evangélico Marco Feliciano, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, “impulsando la intolerancia religiosa y ataques machistas a la libertad de las mujeres, con un discurso moral conservador”, recordó.
Luego la misoginia ganó nuevas fuerzas en 2015 con la Cámara presidida por otro diputado conservador conectado y parte de la llamada “bancada evangélica”, Eduardo Cunha, quien promovió iniciativas en desmedro de las mujeres hasta ser destituido y preso en 2016 por corrupción.
Con el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, con propuestas de extrema derecha, “armamentistas”, moralistas en defensa de la familia tradicional y contra la educación sexual escuelas, se consolidó “el inmenso retroceso, sofocando el debate educativo”, subrayó Batista.
Se difundió como positivo un imaginario colectivo de violencias, de “afirmación machista, con el feminicidio como prerrogativa del poder masculino”, acotó.
Para agravar todo eso, el ministro de Justicia, Sergio Moro, famoso como el juez de la gran operación de anticorrupción Lava Jato (autolavado de vehículos), presentó al parlamento un paquete de modificaciones legales que busca fortalecer el combate a la criminalidad, endureciendo las penas y ampliando la protección legal a la policía en sus actividades.
Una de las medidas, que aplica para cualquier ciudadano, amplía el concepto de legítima defensa, reduciendo el castigo o incluso descartándolo a quienes maten a causa de “miedo, sorpresa o violenta emoción”.
Parece destinado a la impunidad de los feminicidios, ya que “violenta emoción” es una alegación usual en esos casos.
“Es dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en el pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a mujeres”, un atenuante que costó muchos años de lucha feminista eliminar, destacó Batista.
En Brasil los varones representan más de 90 por ciento de las víctimas de homicidios. Pero aun así, entre 1980 y 2013 fueron asesinadas 106.093 mujeres, según datos del Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud.
Y son cifras que están en aumento. La cantidad anual se elevó de 1.353 en 1980 a 4.762 en 2013 y el índice pasó de 2,3 víctimas por cada 100.000 mujeres a 4,8, más del doble.
Edición: Estrella Gutiérrez
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