Las detenciones a gran escala de China entre las minorías de Xinjiang
Un informe de HRW detalla los extremos de la campaña contra el radicalismo islámico en Xinjiang
Pekín
Unos policías chinos vigilan la salida de unos uigures de una mezquita, en 2017 en Kashgar. JOHANNES EISELE AFP/GETTY IMAGES
“Quieren obligarnos a que nos asimilemos, a que nos identifiquemos con el país de modo que, en el futuro, la idea de [la cultura] uigur exista solo de nombre, sin significado”. Tohti, un miembro de esta etnia musulmana exiliado fuera de China desde 2017, resumía así a Human Rights Watch la actual campaña que Pekín lleva a cabo en la región occidental de Xinjiang, el hogar de esta minoría. Una campaña en nombre de la lucha antiterrorista que ha supuesto detenciones en masa y la creación de unos campos de detención y reeducación política objeto de cada vez mayores críticas internacionales.
El programa “Golpear Duro al Extremismo Violento” comenzó en Xinjiang en 2014 tras una serie de atentados, en esa provincia y en otros lugares de China, en los que murieron decenas de personas y que Pekín atribuye a grupos islámicos independentistas. Las medidas en esa región, de 24 millones de habitantes —la mitad de ellos, uigures— se han endurecido aún más desde 2016, coincidiendo con el nombramiento al frente de la provincia de Chen Quanguo, antiguo responsable de Tíbet. El año pasado, esta provincia que acoge al 1,5% del total de la población china fue escenario del 20% de las detenciones en todo el país, de acuerdo con la organización China Human Rights Defenders. Según algunos académicos, como el alemán Adrian Zenz, la campaña de internamiento puede ser la mayor desde la época maoísta.
“El Gobierno chino está cometiendo abusos contra los derechos humanos en Xinjiang a una escala que no se ha visto en el país en décadas”, ha señalado Sophie Richardson, directora para China de HRW.
En su informe “Erradicar Virus Ideológicos: la Campaña de Represión contra los Musulmanes en Xinjiang”, publicado este lunes, la ONG documenta el trato dentro de la amplia red de centros de detención, que podrían acoger a un millón de reclusos, según fuentes que la ONU considera creíbles. Según HRW, no es raro encontrar uigures, especialmente procedentes de las regiones de Hotan o Kashgar —que Pekín percibe como especialmente problemáticas—, que denuncian que al menos la mitad de su familia se encuentra retenida.
En los campos de reeducación, los musulmanes de etnias túrquicas son obligados a aprender mandarín, alabar al Partido Comunista y memorizar normas dirigidas principalmente contra ellos, explica la organización pro derechos humanos. Quienes se resisten o no lo logran son sometidos a castigos.
Los detenidos en esos campos permanecen allí durante tiempo indefinido —pueden ser días, puede ser más de un año—, sin cargos ni juicio, explica la ONG, que entrevistó a 58 antiguos residentes de Xinjiang, entre ellos cinco antiguos presos de esos centros y 38 familiares de reclusos. 19 de ellos salieron de la región en el último año y medio.
“La gente queda detenida aunque tenga enfermedades graves o sea anciana; también hay adolescentes, mujeres embarazadas o con bebés lactantes, y personas discapacitadas. Antiguos detenidos hablan de intentos de suicidio y de duros castigos contra la desobediencia en las instalaciones”.
Mantener vínculos con países extranjeros, especialmente 26 considerados “sensibles” —musulmanes, la mayoría— o utilizar servicios de mensajería foráneos son algunas de las causas que pueden llevar a los campos, según los entrevistados. En otros casos, la sospecha llega por incurrir en alguno de los 75 comportamientos que, según el Gobierno chino, son sintomáticos de radicalización: predicar la Guerra Santa es uno. Pero también dejar de fumar o beber súbitamente, comprar mapas o tiendas de campaña sin motivos obvios, o equipo para hacer pesas o boxear.
La campaña de detenciones masivas, sostiene la organización de derechos humanos, ha tenido un grave impacto en las familias. En algunos casos, niños han quedado separados de unos padres detenidos o exiliados. En otros, dado que se penaliza la comunicación con el exterior, los residentes en el extranjero han perdido el contacto con los seres queridos que continúan en Xinjiang.
Aunque ha habido denuncias de muertes en los centros, China niega que se produzcan abusos en ellos, y describe los campos como instituciones de “formación laboral y educación vocacional” para los autores de delitos leves. Sin embargo, no permite una supervisión independiente de la ONU, los medios u ONG.
Fuera de los campos, denuncia HRW, la situación no es mucho mejor. Las minorías musulmanas de origen túrquico se ven sometidas a “restricciones extraordinarias” que asemejan su vida a la del interior de los centros. “Una combinación de medidas administrativas, controles de seguridad y de pasaporte restringen sus movimientos de modo arbitrario”, apunta la ONG. La provincia se ha convertido en un banco de pruebas para los sistemas de reconocimiento facial y de voz. Las cámaras de vigilancia son ubicuas. Funcionarios de la etnia han -mayoritaria en China- son asignados a hogares uigures para instalarse en ellos durante una temporada.
“Con niveles sin precedentes de control sobre las prácticas religiosas, las autoridades han prohibido en efecto el islam en la región”, opina HRW. Los niños no pueden recibir educación religiosa, ni siquiera en sus hogares, ni participar en ritos. Está prohibida cualquier apariencia física, incluida una barba larga, que “aliente el fanatismo religioso”.
No es una situación que vaya a cambiar a corto plazo. El establecimiento de los campos de reeducación y el resto de medidas “sugiere que el compromiso de Pekín para transformar Xinjiang a su imagen y semejanza es de largo recorrido”, apunta la ONG, que pide a los gobiernos que tomen medidas de castigo, unilaterales y conjuntas.
El mes pasado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial reclamó a China la puesta en libertad de los detenidos en los campos de reeducación en Xinjiang. Durante una evaluación periódica del comportamiento de este país, una de las expertas del panel, Gay McDougall llegó a describir los centros como “una zona sin derechos”. Pekín rechaza que se lleven a cabo detenciones arbitrarias y asegura que sus medidas de seguridad son equiparables a las de otros países.
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