Las leyes que han enfadado tanto a Europa
Las instituciones comunitarias sostienen que Varsovia y Budapest socavan el Estado de derecho con algunas normas
Madrid
Manifestación contra el Gobierno de Viktor Orbán, el pasado 16 de septiembre en Budapest. BERNADETT SZABO REUTERS
Hasta aquí. Después de años de amenazas y reprimendas, Bruselas ha pasado a la acción para frenar la deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Dos países cuyos Gobiernos, de corte ultranacionalista y xenófobo, han puesto en riesgo el Estado de derecho, según Bruselas. Normas como la Ley Stop Soros, con la que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, criminaliza la ayuda a los migrantes, socava los valores fundamentales que rigen el club europeo, según el Europarlamento. Las reformas del Gobierno de Varsovia por hacerse con el control total de la justicia hacen peligrar la división de poderes del país, sostiene la Comisión. Ambos Ejecutivos han rechazado la política de reparto de refugiados. Los dos países excomunistas han pasado de ser alumnos modélicos de integración a las ovejas negras de la UE. Este es un repaso a las leyes que han originado el conflicto con Bruselas:
“Usted no sabe lo que era levantarse, poner la radio y escuchar todos los días mensajes contra la organización en la que trabajas. Nos sentíamos perseguidos. Como en la época comunista”. Csaba Csontos es uno de los portavoces de la Open Society Foundations, una organización progresista financiada por el multimillonario George Soros, a quien el primer ministro húngaro Víktor Orbán ha convertido en su enemigo público número uno. A finales de agosto, la mayoría del personal de la institución en Budapest se trasladó a Berlín. “El acoso y los ataques de las autoridades eran insoportables”, reconoce Csontos, de 55 años. “Seguimos manteniendo las actividades y los fondos, pero no sabemos cuándo podremos volver”. Orbán se ha valido de su mayoría absoluta en el parlamento para verter su ira contra Soros.
El año pasado, aprobó una ley educativa que afecta a otra prestigiosa organización financiada por el magnate: la Central European University (CEU). La norma obliga a todas las universidades extranjeras que operan en Hungría a tener un campus en su país de origen. La CEU está acreditada en el Estado de Nueva York, pero no tiene ningún campus en territorio estadounidense. El Gobierno de Fidesz defendió que esta ley, que puede abocar al cierre del centro, era necesaria para “luchar contra las irregularidades”. Ha pasado un año y el futuro de la CEU sigue en el limbo.
En su cruzada contra la inmigración, Orbán aprobó el pasado junio la llamada Ley Stop Soros, que castiga con penas de hasta un año de cárcel a los grupos o individuos que ayuden (o simplemente asesoren) a los inmigrantes irregulares. El Gobierno también tiene pendiente aplicar una tasa a las ONG que reciben financiación extranjera. Una de las organizaciones afectadas es el Comité Helkinki, que protege los derechos humanos en Hungría. “No hacemos nada ilegal. Así que nuestros abogados siguen representando solicitantes de asilo y refugiados como antes”, dice Gábor Gyulai, director del programa de asilo de esta institución. “Aunque otros países también han intentado criminalizar las actividades que pueden facilitar la llegada de inmigrantes, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (un grupo de expertos en derecho constitucional) ha demostrado que la ley húngara es la más dura”.
En la primera mitad del año, Hungría registró 430 solicitudes de asilo. La última reforma de la constitución húngara incluye un artículo que prohíbe reasentar en el país “población extranjera” (excepto europeos). También declara que la composición de la población no puede ser modificada por “voluntad externa”. Apenas el 1,5% de la población de Hungría (de unos 10 millones de habitantes) es extranjera. Pero el discurso antiinmigración de Orbán y su defensa de una Europa cristiana ha inoculado el odio y el temor hacia el foráneo. El país centroeuropeo rechaza por completo el reparto por cuotas de refugiados de la UE. Al igual que Polonia.
El asalto al poder judicial en Polonia
Dos meses después de que el partido Ley y Justicia (PiS) ganara con mayoría absoluta las elecciones generales de 2015 en Polonia, el nuevo Gobierno, dirigido en la sombra por el ultranacionalista católico Jaroslaw Kaczynski, sacaba adelante la reforma del Tribunal Constitucional. Desde entonces los fallos que emite el Constitucional polaco necesitan el apoyo de dos tercios para salir adelante, lo que dificulta llegar a un consenso para sus resoluciones.
Empezaba así una batalla por el control del poder judicial que ha dinamitado la división de poderes de la sexta economía de la UE. En 2017 siguió la reforma de la justicia ordinaria, que da vía libre al ministro de Justicia para designar y destituir a los presidentes de los tribunales de justicia ordinaria y que causó el despido de centenares de jueces. “Cualquier juez que falle contra la voluntad del gobierno puede esperar la reacción del Ministro de Justicia”, lamenta Monika Frackowiak, miembro de Iustitia, una asociación profesional de jueces de Polonia. Ahora le ha tocado el turno al Supremo. La nueva reforma rebaja la edad de jubilación de los jueces del Supremo de 70 a 65 años, lo que puede implicar la salida de 27 de sus 72 magistrados y da vía libre para nuevos nombramientos. El PiS siempre ha defendido que esta ley pretende acabar con una “casta” de magistrados y con la supuesta corrupción del sistema. Decenas de miles de ciudadanos se manifestaron para mostrar su rechazo. “Era necesaria una reforma judicial, pero no que estuviera subordinada al Gobierno”, recalca Adam Bodnar, defensor del pueblo polaco.
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