Revisión nuclear
Japón reconsidera el cierre de las centrales atómicas debido a sus consecuencias económicas
Tras el accidente nuclear de Fukushima, consecuencia del terremoto y posterior tsunami que sufrió la costa oriental de Japón en marzo de 2011, sus autoridades acordaron un cambio radical en la política energética. Antes del accidente, la electricidad de origen nuclear suponía un 30% del total generado y existían planes para elevar esa contribución al 40%. El cambio consistió en abandonar dichos planes y programar el apagón nuclear, a medida que las centrales todavía en funcionamiento fueran quedando fuera de servicio, y su sustitución por otras fuentes de energía. De hecho, durante el tiempo transcurrido desde entonces se han desconectado de la red la práctica totalidad de las plantas actuales. Hoy solo funcionan 2 de las 54 existentes.
La energía de origen nuclear no ha sido sustituida por renovables, a pesar de los apoyos económicos decretados por el Gobierno japonés, sino por carbón y gas natural importados. Las consecuencias han sido, por una parte, un empeoramiento drástico de la balanza comercial, con un déficit que duplica el peor registrado en las últimas décadas y, por otra, un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por primera vez en muchos años. En efecto, en 2011 aumentaron estas emisiones un 3,9% respecto al año anterior y es de esperar que el dato de 2012 sea claramente peor, aunque no se conocerá hasta dentro de unos meses. Este aumento ha puesto en cuestión el objetivo global de disminución de emisiones anunciado en 2009 en la cumbre de Copenhague. El hecho cierto es que la práctica desaparición del sector nuclear ha tenido importantes consecuencias económicas y medioambientales, lo que ha llevado al nuevo Gobierno japonés, salido de las urnas el pasado 16 de diciembre, a replantearse la política nuclear diseñada a partir de Fukushima por el Gobierno saliente.
No está todavía claro cómo se producirá esa revisión. Antes habrá que poner en marcha un organismo regulador/supervisor del sector nuclear verdaderamente independiente y refundar las relaciones entre el Gobierno, las compañías eléctricas y el regulador, cuya connivencia y falta de transparencia contribuyeron a agravar el desastre. No es fácil prescindir de un sector tan importante como el nuclear en Japón sin que se produzcan efectos colaterales de consideración. Esta es la dificultad que explica la reconsideración por parte del Gobierno actual de la estrategia energética para las próximas décadas.
La energía de origen nuclear no ha sido sustituida por renovables, a pesar de los apoyos económicos decretados por el Gobierno japonés, sino por carbón y gas natural importados. Las consecuencias han sido, por una parte, un empeoramiento drástico de la balanza comercial, con un déficit que duplica el peor registrado en las últimas décadas y, por otra, un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por primera vez en muchos años. En efecto, en 2011 aumentaron estas emisiones un 3,9% respecto al año anterior y es de esperar que el dato de 2012 sea claramente peor, aunque no se conocerá hasta dentro de unos meses. Este aumento ha puesto en cuestión el objetivo global de disminución de emisiones anunciado en 2009 en la cumbre de Copenhague. El hecho cierto es que la práctica desaparición del sector nuclear ha tenido importantes consecuencias económicas y medioambientales, lo que ha llevado al nuevo Gobierno japonés, salido de las urnas el pasado 16 de diciembre, a replantearse la política nuclear diseñada a partir de Fukushima por el Gobierno saliente.
No está todavía claro cómo se producirá esa revisión. Antes habrá que poner en marcha un organismo regulador/supervisor del sector nuclear verdaderamente independiente y refundar las relaciones entre el Gobierno, las compañías eléctricas y el regulador, cuya connivencia y falta de transparencia contribuyeron a agravar el desastre. No es fácil prescindir de un sector tan importante como el nuclear en Japón sin que se produzcan efectos colaterales de consideración. Esta es la dificultad que explica la reconsideración por parte del Gobierno actual de la estrategia energética para las próximas décadas.
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