Un desafío que requiere esfuerzos
Camila se balancea hacia adelante y hacia atrás. Tiene la vista fija en una hamaca del colegio al que asiste, y no sonríe. Pero abraza la mochila y se deja acariciar por María Isabel, su maestra. Camila es autista y su mamá decidió enviarla a una escuela del Estado de la ciudad de Buenos Aires para que su hija no quede como una excluida, más ausente dentro de su ausencia natural.
Y la escuela en Belgrano, donde vive, la aceptó inmediatamente. Eso sí, sus padres debieron tramitar el certificado de discapacidad para poder acceder a una maestra integradora, transporte escolar, terapias fuera del establecimiento, evitar la fila para las vacantes, obtener los beneficios que dan las prepagas y otros derechos que su hija no hubiera conseguido de otra forma.
Ana Ravaglia, subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica de la ciudad, fue docente en Villa Lugano, y dice: "Las 441 escuelas primarias estatales y otras tantas subsidiadas por la comuna aceptan a los chicos que tienen capacidades diferentes, y no tenemos ninguna queja sobre las vacantes. En cuanto al certificado, muchas veces no lo pedimos porque cuando advertimos que hay alguna deficiencia, derivamos al alumno al gabinete del colegio, se lo diagnostica, hablamos con la familia y ponemos la maestra integradora sin necesidad de papeles".
El tema del certificado es sensible, porque lo primero que experimentan los padres ante el descubrimiento de una discapacidad de su hijo es la negación y cuesta acudir a la repartición que declara la discapacidad.
María López Gil, cuyo hijo Ignacio tiene Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), de espectro autismo, debió hacer el trámite en la calle Ramsey, donde funcionó ALPI y el turno que le dieron lo debió compartir con ancianos con severos problemas de salud, jóvenes psicóticos y alienados peligrosos. "Fue duro, pero con eso logramos que la prepaga nos pague todo, menos el colegio, aunque debería hacerlo", reconoce.
Ravaglia, que sabe de estos padeceres, agrega: "Lo del certificado es un tema, pero no sólo para esos chicos: para darles de comer en los comedores de la escuela a menores cuyos padres son indigentes, otorgar viandas adicionales para los que están desnutridos, o medias becas para los más necesitados, los padres o tutores también tienen que traer una especie de certificado de pobreza, y eso produce vergüenza y angustia".
"Mi experiencia -dice Elena, rosarina, madre de Francisca, una nena de ocho años con retraso madurativo- es nefasta, porque cuando decidí mandarla a una escuela estatal común, me pusieron tantas trabas que me di cuenta de que no la querían. La gente cree que la discapacidad es contagiosa y da miedo."
Cambiar la mentalidad
Para Teresa Falcón, directora de la escuela Horizontes, de Coghlan, debería cambiar la mentalidad de la gente y, para eso, lo más atinado es establecer en todas las escuelas, estatales o privadas del país la obligatoriedad de la aceptación de niños con capacidades diferentes.
Falcón elaboró un proyecto para cada uno de los 22 chicos integrados en primaria y jardín. Pero antes, hubo un trabajo institucional con los padres para espantar los dos temores básicos de los padres de los demás alumnos: que su hijo se va a atrasar por culpa del "diferente" -aún se usa esa palabra- y saber cuál es la importancia que tiene para el nene compartir la mayor parte del día con un discapacitado.
Falcón, como Elías Halperín, del Grupo Diálogos, en Olivos, tiene una gran lista de espera. A ambos directivos les produce dolor no satisfacer la demanda. Una fuente del Ministerio de Educación de la Nación confió a este diario que algunas escuelas privadas dicen que son integradas para captar alumnos, pero terminan discriminando al recién llegado.
Y dicen eso porque tienen que hacerlo: la dirección de prensa del Ministerio que dirige Alberto Sileoni explicó: "Todas las escuelas de gestión estatal y de gestión privada de educación común deben por ley ser integradoras, porque todas las escuelas son públicas e inclusivas, según el artículo N° 11, inc. f. de la ley de educación nacional".
"Hay una ley que promueve la integración, pero no obliga. Dice que ningún chico puede quedar fuera del sistema educativo, pero no dice «es obligatorio o debe». Se habla de inclusión y no de educación inclusiva: hay un tremendo engaño", sostiene Graciela Ricci, directora de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración ( www.adeei.org.ar ).
¿Se cumple? No. Cuando no hay maestras integradoras, los edificios no son aptos, la directora pone excusas, los padres sacan a los chicos del colegio...
"No imagino mi escuela sin chicos integrados, pero sé de un caso que lo rechazaron en siete establecimientos. El peregrinar de la familia es tremendo. Pero lo bueno es que esos chicos tienen un lugar y que los otros alumnos aprenden valores -dice Halperín- que son intransferibles. Las escuelas integradoras son un elemento disparador de creatividad e innovación frente al sentimiento generalizado de que esos chicos molestan y perturban. No se trata de tener un chico que nadie acepta, sino de integrarlo al sistema con eficiencia en el aprendizaje."
En el colegio San Carlos, de Olivos, por ejemplo, se trabaja en inglés con chicos integrados y se ven los resultados. Ahí va Nacho, el hijo de López Gil, y hermano de Pedro, con un coeficiente intelectual soberbio, que lo hace padecer muchas cargadas. "Nacho era tímido, al que le molestaba la gente. Le hicieron el diagnóstico de TGD y comenzó el peregrinar, tan doloroso. Igual, Nacho avanzó muchísimo y creo que va a lograr ser un adulto independiente. ¿Lo peor? Ver que algunas escuelas parroquiales, no lo aceptaban", finalizó
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