La UE contempla detener a los refugiados que rehúsen registrarse
Los ministros del Interior discuten hoy medidas para reactivar las reubicaciones
LUCÍA ABELLÁN Bruselas 9 NOV 2015 - 17:45 CET
Los planes europeos para suavizar la crisis de refugiados chocan frontalmente con la realidad del terreno. Los líderes comunitariosacordaron en septiembre repartirse a 160.000 demandantes de asilo,pero casi todos los que entran tienen como objetivo Alemania y rehúsan registrarse en otros países. Para agilizar los procesos, los ministros del Interior discuten este lunes en Bruselas la posibilidad de aplicar “medidas coercitivas, incluida, como último recurso, la detención por un periodo máximo necesario para completar los procedimientos”, señala el borrador de conclusiones del encuentro que se celebra esta tarde.
Los Estados tienen muchas dificultades para aplicar el esquema de reubicaciones, que pretende distribuir a esas 160.000 personas ya en suelo europeo (en Grecia e Italia) hacia el resto de Estados. Fuentes diplomáticas y comunitarias apuntan a las dificultades de lograr candidatos para ese proceso porque nadie quiere registrarse en el país donde es detectado ni tampoco ser enviado a otro lugar que no sea Alemania o Suecia. A la falta de eficacia en la aplicación de estos acuerdos contribuye también que pocos Estados han mostrado aún su voluntad de acoger refugiados y que los procedimientos se dilatan. Hasta ahora se han reubicado solo 147 personas (12 de ellas han llegado ya a España).
Para mejorar el primer problema, la “potencial falta de cooperación de los migrantes cuando llegan a la Unión Europea” a la hora de registrarse, los ministros contemplan esa detención temporal. También exploran la posibilidad de crear “centros de procesamiento” de registros para lograr que efectivamente los refugiados sean registrados. Aunque el texto no lo aclara, en la mente de algunos Estados miembros está que esos centros sean cerrados para evitar que los extranjeros continúen su ruta europea.
Esas medidas se acercan a la línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Las normas europeas establecen claramente que un demandante de asilo no puede ser detenido por el mero hecho de solicitar protección. Pero la directiva de procedimientos contempla medidas “de último recurso” en casos excepcionales. Entre esos supuestos figura la necesidad de verificar la identidad o nacionalidad de la persona, la evaluación de su solicitud (si no se puede hacer sin el internamiento) y la toma de decisión sobre el derecho del solicitante a acceder al país en el que pida asilo.
En el flanco de la acogida, los Estados se comprometen a "incremental sustancialmente" las plazas para atender a los refugiados que transitan por buena parte de Europa. Los países de la llamada ruta de los Balcanes (todo el recorrido desde Grecia hasta Alemania) acordaron hace unas semanas ofrecer 100.000 plazas más entre este año y el próximo.
Expulsiones
Respecto al segundo problema, el rechazo de los refugiados a participar en el programa de reparto, los socios europeos planean lanzar una estrategia de comunicación para convencerlos de que deben registrarse en el país al que lleguen en primera instancia (Grecia e Italia en la mayoría de los casos) para después tener posibilidades de ser desplazado. “Debería trasladarse un mensaje claro: que los migrantes no pueden negarse a cooperar con las autoridades nacionales relevantes”, asegura el documento, que insta a los Estados miembros a “evitar, disuadir y sancionar la no cooperación”. A los que no tengan derecho al asilo se les comunicará“que serán rápidamente expulsados”.
Los Estados se comprometen a acelerar los procesos que permitan la reubicación, lo que implica que Grecia e Italia tengan activos los procedimientos para registrar a los extranjeros, que el resto de Estados proporcionen los expertos necesarios y que agilicen los viajes de los potenciales reubicados. También recuerdan la necesidad de realizar “controles adecuados” en las fronteras.
A requerimiento de Alemania, las conclusiones insisten en mantener vivo el debate sobre el mecanismo permanente de reubicación de refugiados, más allá del acuerdo temporal logrado hace dos meses para los próximos dos años. Aproximadamente la mitad de los países, entre ellos España, se oponen de momento a dar carácter estructural a este esquema porque creen que fomenta la llegada de más extranjeros. En lo que va de año, más de 710.000 migrantes han llegado a Europa, según datos de Frontex, la agencia comunitaria de fronteras. La cifra, no obstante, puede estar sobredimensionada porque algunos de los migrantes están contabilizados dos veces.
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LUCÍA ABELLÁN Bruselas 12
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