La corrupción es un baile de dos | Economía | EL PAÍS

La corrupción es un baile de dos

La tolerancia de comportamientos poco éticos en la empresa o abiertamente delictivos está detrás de la mayoría de los casos de corrupción que escandalizan a la sociedad

GRÁFICO Tolerancia frente a la corrupción

DAVID FERNÁNDEZ / MARÍA FERNÁNDEZ 21 DIC 2014 - 00:32 CET

Francisco Correa, supuesto cabeza de la trama Gürtel.

La corrupción es la segunda preocupación de los españoles después del paro. Cuando se habla de juego sucio se asocia directamente con los políticos. Sin embargo, siempre hay empresas detrás de estas malas prácticas. Es un baile que requiere inexorablemente de dos actores. Hay quien opina que es un acto consentido, y quien cree que una de las partes fuerza a la otra a danzar porque tiene el poder de la concesión pública en sus manos. La gran mayoría de las compañías españolas son honestas y actúan respetando la legalidad, pero también es cierto que cada caso que se destapa (Gürtel, Púnica, Brugal, Palau, Eres...) salpica a un buen puñado de sociedades. Muchas son pequeñas y desconocidas, pero otras son de gran tamaño, entre ellas varias del Ibex 35. Los expertos urgen a buscar soluciones ya que la corrupción tiene graves consecuencias para la economía de un país al poner trabas a la competencia, impedir el desarrollo de empresas más competitivas, frenar la llegada de capital extranjero y socavar recursos públicos.

“La corrupción es algo bastante habitual en España, pero también en otros países. La diferencia es que en mercados como el anglosajón hay una actitud mucho más decidida a combatir estas prácticas. Es una lacra para la sociedad. Genera desigualdades e inseguridad jurídica y hace que aumenten los costes porque hay que pagar más para conseguir lo mismo”, advierte Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade. “Es fácil mirar para otro lado y decir que no hay corrupción o adoptar una actitud victimista y pensar que si yo no entro en el juego no voy a crecer. Es un error. Cuando actúas así debilitas a tu empresa porque desincentivas el esfuerzo. El dinero que usas para lograr cotratos se lo quitas a áreas como la de investigación”, señala Daniel Truran, profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y director general del European Bahai Business Forum.

La persistencia de tics poco éticos en la forma de hacer negocios es reconocida por los propios directivos. El 52% de los empresarios españoles asume que la única manera de tener éxito es disponer de contactos políticos, cifra superior a la media de la UE (47%), según un informe de la Comisión Europeasobre la lucha contra la corrupción publicado en febrero pasado. La firma PwC publicó a principios de año una encuesta realizada entremás de 5.000 ejecutivos de todo el mundo, según la cual la mitad de los españoles consultados admitía haber visto algún delito económico en su organización en los dos años anteriores. Otro estudio de EY, divulgado hace cinco meses, denuncia que el 36% de los directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos poco éticos para salvaguardar su negocio.

PULSA EN LA FOTO

El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional —indicador que señala el grado de corrupción en el sector público, según la opinión de empresarios y analistas— sitúa a España en el puesto 37 de un total de 175 países, por detrás de Polonia, Puerto Rico, Chipre, Botsuana, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, San Vicente y Granadinas, Bután, Botsuana o Barbados, entro otros. En este sentido, Ricardo Noreña, socio responsable de auditoría forense (Forensic) de EY, cree que el origen de la corrupción está en la falta de controles en las administraciones públicas, más que en las empresas. “El fraude surge donde está el poder. Si alguien no pide, la empresa no va da dar dinero de forma espontánea, porque va contra su margen y porque le puede meter en graves problemas”, explica Noreña.

Molinas: “Hay muchos concursos públicos que no son limpios”

El economista y consultor César Molinas, sin embargo, no es partidario de exonerar a las empresas de estas prácticas: “Las compañías crean riqueza y la mayoría lo hace de forma limpia, pero hay un grupo de organizaciones que se prestan al juego. En los contratos públicos, sobre todo los que se conceden a nivel municipal y autonómico, hay muchos concursos que no son limpios”. Molinas subraya que la corrupción no afecta solo a pequeñas empresas. “El famoso 3% catalán, que no se sabe si es solo el 3% y si se circunscribe solo a Cataluña, lo pagaban grupos grandes”. Molinas también habla de unas prácticas empresariales bastante extendidas en España y que él ha bautizado con el sobrenombre “capitalismo castizo”. “No es una actuación delictiva, sino el uso por parte de las empresas de su poder para influir en el BOE. Un instrumento para lograr los objetivos son las puertas giratorias. Es una práctica igual o más nociva que la corrupción, pero no es delito porque nadie compra a nadie directamente”, explica.

Con independencia de si es antes el huevo o la gallina, o quien corrompe a quien, lo cierto es que pocas empresas denuncian públicamente intentos de soborno o concursos amañados a pesar de las reiteradas peticiones de organismos como la OCDE para fomentar las filtraciones como medicina contra la corrupción. “Las compañías no suelen denunciar porque para hacerlo deberían contar con algún tipo de protección. Si alguien decide señalar en solitario irregularidades lo normal es tomar represalias contra él. La corrupción es un engranaje muy complejo, parecido al funcionamiento de la mafia”, explica Noreña.

¿La corrupción la protagonizan trabajadores a título individual para beneficio propio? ¿O por el contrario son prácticas habituales en la cultura de una empresa? Los expertos creen que el ámbito de los delitos económicos (apropiación indebida, fraude fiscal, cohecho, manipulación contable, soborno...) es tan amplio que pueden convivir perfectamente las dos situaciones. Sin embargo, en los casos de gran corrupción —como el que protagonizó Siemens— es inevitable que la cúpula de la compañía, bien por acción, bien por omisión (falta de controles), tenga la culpa. Ignasi Carreras cree que en la gran mayoría de los casos las prácticas fraudulentas no se incitan desde la cúpula. “Ahora bien, la dirección de la empresa es quien debe marcar las pautas anticorrupción. En este sentido, los principales directivos de las compañías españolas deben de ser mucho más duros”, dice.

Los jueces tienen difícil perseguir los delitos económicos

Antonio Argandoña, profesor de ética empresarial de IESE, considera que el peligro de que la clase empresarial sea más o menos corrupta responde a la relación entre tres variables: “La posibilidad de ganar dinero, la probabilidad de que te denuncien y el precio que hay que pagar si se demuestra el hecho delictivo”. Argandoña es contrario a la teoría de los versos sueltos en materia de fraude. “Pensábamos que era un problema de la manzana podrida. Pero hemos ido razonando y esto no es posible si la empresa no lo admite”.

La batalla contra la corrupción empresarial debe darse no solo en el mercado local, sino en los negocios internacionales de las compañías. Transparencia Internacional insiste en que no se puede tener un doble rasero en este tema. “Los países en los que hay limitados niveles de fraude en el sector público deben combatir la corrupción global, renunciado por ejemplo a prácticas que fomenten la corrupción en otros lugares, redoblando sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero e impedir que sociedades opacas oculten sus actividades corruptas”, señalaba el organismo recientemente.

Pese a los intentos de la OCDE, las compañías afectadas no denuncian

Las investigaciones judiciales demuestran que es extremadamente difícil destapar delitos de cohecho, blanqueo de capitales, o fraudes a la administración. En sus notas manuscritas, el extesorero del PP Luis Bárcenas, recogió durante años decenas de apuntes con supuestas donaciones ilegales al partido (de hasta 7,5 millones) por parte de 14 empresas. En los interrogatorios ordenados por la Audiencia Nacional sobre el caso muchos cargos políticos reconocieron ante el juez que en la formación había una caja de dinero negro, pero todos los empresarios, sin excepción, lo negaron.

La otra cara en la moneda de la corrupción podría estar en el crecimiento de la economía sumergida. Según el sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha), entre 2007 y 2012 se incrementó en 59.509 millones y ya supone el 24% del PIB nacional. “Detrás de la economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser. Se trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes (por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva”, dicen los inspectores.

Los expertos piden reformar la financiación de los partidos

Como apunta la profesora de Derecho Penal de Empresa en la Universidad de Vigo Inma Valeije, uno de los efectos más perniciosos de la corrupción es que afecta a la equidad, la pobreza o las finanzas públicas. "Cuando la corrupción orienta la decisión, el tamaño y complejidad de los proyectos de inversión, tiende a inclinarse por los más grandes y difíciles y muy pocas veces se focalizan a favor de las clases más pobres. También resulta un obstáculo importante para el desarrollo de pequeños proyectos empresariales porque su presencia en los ámbitos administrativos y políticos se traduce en forma de exageradas regulaciones, controles y trámites para el funcionamiento de microempresas. Mientras que para las grandes no se exigen o pueden eludirse a través de pagos ilegales".

Las recetas para atajar la corrupción en las empresas son parecidas. “Más transparencia, una legislación dura y convencer a la gente de que todos perdemos con la corrupción. Resolvamos de una vez la financiación de partidos, que es la sangre de una formación. Ya va siendo hora de que hablemos seriamente de este tema”, opina Argandoña. “Cuando alguien me dice que estamos en un mundo corrupto siempre pregunto a mi interlocutor si pagaría facturas sin IVA. Muchas veces se quedan en silencio”. La financiación de los partidos políticos planea sobre grandes redes de corrupción. En la más famosa, la Gürtel, están involucradas una treintena de sociedades. Algunas fueron creadas ad hoc para servir a la trama pero la mayoría colaboraban para aumentar su cifra de negocio.

Cortafuegos contra los abusos | Economía | EL PAÍS

Cortafuegos contra los abusos

Las empresas no pueden evitar fraudes, pero tienen la obligación de prevenirlos

MARÍA FERNÁNDEZ / DAVID FERNÁNDEZ 21 DIC 2014 - 00:38 CET

Protesta en Madrid de inversores en participaciones preferentes de Bankia. / BERNARDO PEREZ

Son pocas, pero las crisis tienen algunas cosas realmente buenas. En los últimos años en España se ha vivido un doble fenómeno: a medida que crecía la indignación y la conciencia social sobre lo perniciosa que es la corrupción, se incrementó la persecución de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes a la administración, conflictos de interés, evasión de impuestos o negociaciones prohibidas. Según datos recogidos por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en España había a mediados del año pasado 1.661 causas de especial complejidad relacionadas con receptación y blanqueo de capitales, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios, tráfico de influencias o revelación de secretos. De ellas 302 se podían identificar como macroprocesos por la complejidad de los hechos investigados.

En diciembre de 2010 entró en vigor una reforma que vino a dar un giro radical a la manera de entender la violación de la ley en el seno de las sociedades: la introducción de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde esa fecha, una empresa, y no solo sus administradores, puede ser considerada culpable de una lista de hasta 26 delitos (cuatro de ellos relacionados directamente con corrupción), con penas que pueden suponer incluso su disolución. Aunque es cierto que, desde entonces, solo se ha dictado una única sentencia condenatoria, la norma ha comenzado a cambiar algunas conductas societarias.

MÁS INFORMACIÓN

Las grandes multinacionales, a menudo cotizadas, han ido desarrollando programas de vigilancia y control para prevenir delitos, lo que se conoce comoCompliance. Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance, explica que el sector financiero fue el primero en implantar estos cortafuegos, hace como mucho 10 años, por lo que apenas hay datos estadísticos sobre sus efectos. A su estela han comenzado a hacerlo las empresas presentes en el Ibex. “Estos programas solo son útiles si los directivos que los adoptan realmente confían en ellos”, advierte Enseñat. El modelo, por resumirlo, los planes parten de un análisis individualizado de lo que hace cada firma, dónde y cómo vende sus productos.

Con esta información se diseña un mapa de riesgos y se establecen políticas, procedimientos y protocolos de actuación para prevenir conductas poco éticas o abiertamente delictivas. Por ejemplo estableciendo reglas claras sobre los regalos que pueden recibir y realizar los trabajadores; creando un canal interno de denuncias u obligando a que ciertas decisiones sensibles, por ejemplo en materia de compras, se adopten de modo colegiado. Alain Casanovas, socio responsable de Compliance en KPMG, cree que “los modelos de prevención penal en las empresas no garantizan que no vayan a darse conductas ilícitas, pero, cuando son efectivos, disminuyen drásticamente las probabilidades de que sucedan”. Coincide con Enseñat en que el compromiso de la máxima dirección en luchar contra las conductas penales, “no sólo es un requisito para la eficacia práctica de un modelo de prevención penal, sino también el más importante”.

Aunque la realidad es que la inspección de Hacienda constata que se dejan cobrar impuestos por unos 15.000 millones al año y que la economía sumergida tiene mucho que ver con el papel de las empresas en una sociedad permisiva con las actitudes poco éticas. El presidente de la organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez, incide en que la Administración es la que tiene que poner más medios para atajar la evasión fiscal. “En España hay un funcionario [de la Agencia Tributaria] por cada 1.800 habitantes. En Francia y Alemania esta ratio está entre 800 y 900 habitantes. Durante esta crisis se han aplicado medidas, una docena, que llevábamos muchísimos años reivindicando, pero los fraudes más importantes deben ser castigados de la forma más dura, y para un delincuente de cuello blanco lo más duro es ingresar en prisión”.

Aún así, tiene la sensación de que grandes despachos profesionales que asesoran en materia fiscal tienen una conducta “que muchas veces busca maximizar el interés de la empresa hasta extremos peligrosos”, bordeando la legislación para evadir el pago de impuestos. “Se suelen defender diciendo que son los consejos de administración los que toman la decisión. Está claro que la pertenencia al consejo priva de la inocencia. En Bankia, por ejemplo, todos los consejeros toleraron prácticas que condujeron al desastre porque se garantizaban una alta retribución”.

Quizá uno de los efectos más perniciosos de este fenómeno, razona Inma Valeije, profesora de Derecho Penal de Empresa de la Universidad de Vigo, sea que afecta a “asuntos concretos tan importantes como la equidad, la pobreza o las finanzas públicas. Cuando la corrupción orienta la decisión, el tamaño y la complejidad de los proyectos de inversión, estos tienden a inclinarse por los más grandes y difíciles y muy pocas veces se focalizan a favor de las clases más pobres. También resulta un obstáculo importante para el desarrollo de pequeños proyectos empresariales, porque su presencia en los ámbitos administrativos y políticos se traduce en forma de exageradas regulaciones, para el funcionamiento de microempresas, mientras que para las grandes no se exigen o pueden eludirse a través de pagos ilegales”.