59 años de cárcel para siete acusados de inducir a la prostitución a menores
Las jóvenes eran empujadas a mantener relaciones sexuales a cambio de drogas
Nora, captada por la red, murió de sobredosis
El cuerpo sin vida de Nora, de 16 años, fue hallado por sus padres en la escalera del edificio de su domicilio familiar de Palma, en septiembre de 2011. Salieron a la calle, en su búsqueda, a las 11 de la noche, preocupados por su tardanza. La adolescente, estudiante, hija única de un matrimonio de clase media, se desvaneció sin poder abrir la puerta de su casa y falleció por sobredosis. Había quedado atrapada en las redes de una mafia de barrio que se dedicaba al tráfico de droga vinculado a la explotación sexual de menores.
La Audiencia de Palma ha condenado a penas que suman 59 años de cárcel a siete de los delincuentes detenidos por inducir a Nora y a otras adolescentes a prostituirse a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Las penas máximas son para los dos cabecillas de la trama, Edison Cornelio Flores, que carga con 17 años y seis meses de cárcel, y Eva María Vera, condenada a 15 años y seis meses. Ambos tienen 38 años. Los otros acusados han recibido penas de entre cuatro años y medio y ocho años de prisión.
En la tarde en que murió Nora, los reos Edison y Eva consumieron cocaína con su víctima. Según la Audiencia de Palma, el hombre “mantuvo relaciones sexuales completas, siendo plenamente consciente y aprovechándose de la minoría de edad” de la joven, que recibió a cambio un gramo de cocaína. Eva, recibió otro medio gramo por haber mediado en la cita.
La mujer, que captó a Nora en un parque cerca de su casa cuando esta tenía 14 años, organizaba los encuentros con los clientes y comerciaba con sustancias estupefacientes. Así introdujo a sus víctimas en una espiral de explotación sexual con otros miembros de la banda y con personas externas al clan, hombres jóvenes y jubilados que pretendían tener relaciones con adolescentes.
Tres menores —una de ellas discapacitada— narraron su brutal experiencia en el juicio celebrado a puerta cerrada, hace cuatro meses. En el banquillo se sentaron 12 acusados, para los que la fiscalía pidió penas de 150 años.
La policía, en el marco de la operación Nancy, tardó nueve meses, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Nora, en atar todos los cabos y detener al grupo de explotadores. Los hechos probados en la causa judicial abarcan un año de actividad delictiva, de la primavera de 2011 hasta mayo de 2012. El rastreo del ordenador de Nora y sus comunicaciones en clave con amigas y delincuentes en las redes ayudó a reconstruir las entrañas fatales del caso de explotación y droga.
El asunto de la muerte ha sido objeto de programas de televisión, con participación de los padres de Nora y exhibición de imágenes de aquella y su habitación. Las tres magistradas de la Audiencia advierten en la sentencia, de 199 páginas, que “no se enjuicia el fallecimiento de Nora sino la prostitución ejercida por esta menor a consecuencia de la acción de los que resultan condenados por ello así como la entrega a la misma de drogas”. El Tribunal advierte que el caso de la muerte podría reabrirse “de hallarse nuevos elementos que permitan determinar” quién es el responsable de la muerte.
La droga horadó el cuerpo de la adolescente, que padeció “una reacción adversa al consumo de tóxicos que le provocó una trombosis pulmonar generalizada”, según la sentencia. Los padres de la joven ignoraban por completo la vida paralela de víctima de su hija. Tan solo habían observado cambios súbitos en su estado de ánimo. Los condenados han de indemnizar con 50.000 euros por el daño moral a la familia de Nora.
Ayala: “Lucharé para que salga toda la verdad”
“Siento mucha rabia, y me quedo corto con la expresión”, comentó anoche con dureza y serenidad, Francisco Ayala, el padre de Nora, que este mes habría cumplido 18 años. “No puedo llegar a entender por qué la justicia absuelve a cuatro de los acusados que reconocieron que mantuvieron sexo con menores. No sé con qué criterio se ha resuelto esto así”.
Francisco y su mujer, María Teresa, recurrirán al Tribunal Supremo en busca de penas mayores para los reos culpables y la condena penal al conjunto de los implicados que inicialmente han quedado absueltos.
“Es una trama que tenía los brazos muy largos”, señala Ayala, a la vez que detalla distintos aspectos personales de los acusados que han salido exonerados por la Audiencia de Palma. Los padres de Nora pedían 29 años de condena para Eva Vera (le han impuesto 15 y medio) y penas de hasta 25 años para Edison Cornelio Flores, que ha sido condenado a 17 años.
La vida de la familia Ayala quedó rota a las once de la noche del 25 de septiembre de 2011 al hallar el cuerpo sin vida de su única descendiente. “En adelante voy a pugnar en defensa de todas las víctimas de este caso. Se ha centrado públicamente en Nora pero en realidad son cinco en total las menores abusadas, drogadas, y aunque las familias parece que querían esconder su caso por vergüenza, es preciso defender su dignidad y pedir justicia. Yo lucharé para que salga toda la verdad”, añade Ayala.
En la sentencia se declara probado este episodio: “Eva María Vera García (la condenada) al menos en una ocasión, esnifó cocaína delante de N. y de P. a las que les decía que no pasaba nada y que todo el mundo lo hacía, sin que conste acreditado cumplidamente que se hallara presente la hija menor de edad de Eva María Vera García”. Y más adelante resalta que “en el período mencionado, Eva María Vera García también suministró sustancias estupefacientes a terceras personas cuya naturaleza, cantidad y cualidad no han quedado determinadas”.
También revela el fallo que Edison Cornelio Flores (segundo reo principal) golpeó, entre principios del verano y septiembre de 2011, a dos adolescentes “al no ceder estas a lo que él quería, bien en cuanto a las relaciones sexuales bien en cuanto al comportamiento de las mismas”.
El cooperativismo abre la puerta a la regulación de las prostitutas
El colectivo de Barcelona planea sumarse al modelo impulsado en Ibiza
Ejercen por voluntad propia, son autoempleadas y cotizan a la Seguridad Social
L. RIVAS MARTÍNEZ / JORDI MUMBRÚ ESCOFET Madrid / Barcelona 18 FEB 2014 - 22:06CET
María José López es promotora de la cooperativa Sealeer. / VICENT MARÍ
Prostitutas por voluntad propia, autoempleadas, y con cotización en la Seguridad Social. Esta idea que a muchos les sonará anómala y a algunos hasta contradictoria es ya una realidad para 11 trabajadoras sexuales en Ibiza. Han logrado un hito: en noviembre del año pasado constituyeron una cooperativa en cuyo objeto social se incluye la expresión explícita “profesionales del sexo”. “Que sepamos, no hay precedentes”, admite Cristina Garaizábal, presidenta del Colectivo Hetaira, una asociación que desde hace 19 años defiende la legalización de la prostitución en todas sus modalidades.
La cooperativa, llamada Sealeer, obtuvo su licencia a través de la Dirección General de Comercio y Empresa (parte de la Consejería de Economía y Competitividad) en Baleares. Les ha costado lo suyo pero ya es una realidad y también un modelo a seguir: sus impulsoras estarán mañana en Barcelona para orientar a las trabajadoras sexuales de la capital catalana, en una charla organizada por Genera, una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las prostitutas. Su portavoz, Clarisa Velocci, explicó que “las necesidades de las trabajadoras de Barcelona pueden ser distintas de las de Ibiza, de manera que no se trata de copiar, sino de adaptar su experiencia”.
El primer paso para constituir la cooperativa ibicenca fue en 2012, pero la solicitud les fue denegada —precisamente por ese epígrafe incluido en el objeto social de la compañía— y solo tras presentar un recurso con la jurisprudencia existente lograron obtener el permiso. Las cooperativistas ya cotizan a la Seguridad Social; se dieron de alta como autónomas de una cooperativa, dentro de la categoría “otros servicios personales”.
“Queremos luchar contra el proxenetismo”, explica María José López, presidenta y portavoz de Sealeer, y recalca que el objetivo de la empresa es asegurar la libertad de las trabajadoras sexuales. “Pagan una cuota única de 300 euros para cuatro años”, que va a parar al mantenimiento de la empresa y los salarios administrativos. “Los beneficios se los llevan todos ellas”.
Las trabajadoras, que declinaron hablar con este periódico, no tienen que ganar un mínimo para pertenecer a la cooperativa, ni tienen condiciones de trabajo estipuladas por la empresa. Algunas trabajan en clubs, otras en sus pisos particulares o en otros lugares, según les convenga. Para entrar deben tener la documentación en regla, ser mayores de edad y no tener discapacidad psíquica. Además, aseguran tanto la presidenta como el gestor de la empresa —que también paga cuota, como asociado—, realizan controles “muy exigentes” para asegurarse de que ninguna de las mujeres tiene a un proxeneta detrás y que ha elegido libremente dedicarse al trabajo sexual.
López también es cooperativista, aunque dio el paso solo por “apoyo moral” para sus compañeras, ya que es ama de casa. Las cooperativistas basaron su iniciativa en el libro La prostitución como trabajo autónomo, escrito por la juez Gloria Poyatos. En él, la autora explica cómo en 2009 —cuando aún era abogada— se hizo pasar por prostituta y, sin conocer ningún precedente, se dio de alta en la Seguridad Social como trabajadora del sexo. “Yo misma pensaba que me iban a decir que no. Y causé sorpresa, pero me lo registraron”, explica por teléfono, recién aterrizada en Ibiza desde Tenerife donde ejerce como magistrada, para ofrecer una conferencia sobre el tema. No llegó a consumar el alta, sin embargo.
La magistrada, junto con Garaizábal y María José López, intentarán mañana que su experiencia sirva para las trabajadoras sexuales de Barcelona, que desde hace meses se están reuniendo con distintas cooperativas para dar el paso. Según Velocci, organizadora del encuentro, “es posible que el objetivo de las trabajadoras de Barcelona no sea regular la actividad, sino los servicios necesarios para desarrollarla”. En este sentido explicó que una posibilidad es constituirse como cooperativa para compartir los gastos de un local donde puedan llevar a sus clientes.
En España la libre elección del trabajo está recogida en la Constitución y vender servicios sexuales no es un delito en el Código Penal —a diferencia del proxenetismo— que sí lo es.
el dispreciau dice: no haré comentarios... sólo reitero la necesidad de "exterminar" a las redes de trata... a sus mentores... a sus gestores... y también, a sus protectores. FEBRERO 19, 2014.-
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