Te doy el dinero y te lo embargo
Los mismos Ayuntamientos que conceden ayudas de emergencia a los pobres bloquean ese importe por deudas
Y los bancos no preguntan: se cobran
Un grupo de personas reclama su ayuda social en Cataluña en 2011. / CARLES RIBAS
Son cientos los ciudadanos que andan atrapados en un absurdo administrativo que se resume así: el Ayuntamiento les concede una ayuda económica de emergencia y, una vez ingresada en el banco, el mismo Ayuntamiento recupera ese dinero mediante una orden de embargo dictada por otra concejalía porque el ciudadano tiene deudas municipales pendientes (multas, impuestos). Una concejalía actúa de forma ciega respecto a lo que ocurre en la concejalía de al lado.
Las ayudas de emergencia social son el último dique para evitar que se desencadene la miseria: cheques para comprar alimentos, un dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, la luz antes de que la corten, la deuda con la comunidad de vecinos, la calefacción en invierno. Las dan los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o las diputaciones, en caso de pueblos más pequeños. Han crecido con la crisis, claro. El presupuesto total para esto fue de 81 millones de euros en 2010 (excluidas Navarra y País Vasco, que siguen otro sistema).
Los trabajadores sociales, encargados de gestionar estas ayudas, vienen detectando este embrollo administrativo y han buscado los trucos para evitarlo: en lugar de ingresar en el banco donde existe el descubierto, piden que se abra una cuenta en otro para depositar el dinero; o lo dan en las ventanillas de la Administración, o llegan a acuerdos con los acreedores para pagarles directamente, por ejemplo, el alquiler o la comunidad de vecinos. Otra forma de escape es retirar el dinero antes de que abran los bancos, efectúen su barrido automático y hagan desaparecer lo ingresado. Porque a la ceguera de la Administración hay que sumar el automatismo de las entidades financieras.
Los bancos no preguntan: se cobran la deuda (si se trata de una hipoteca, un descubierto) o ejecutan la orden de embargo dictada por la Administración. “No es más que un sistema informático, los bancos funcionan así. Es el embargador [el Ayuntamiento en este caso] el que tiene que estar pendiente si hay algo que no quiere embargar, porque el banco está obligado a hacerlo. No puede detectar la naturaleza del ingreso”, sostienen en la Asociación Española de Banca.
El problema es que, aunque detectaran la naturaleza del ingreso, las ayudas de emergencia social pueden ser requisadas, porque no están protegidas por ley. El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Valladolid, Víctor Martínez, ha vivido uno de estos casos: “Ingresamos el dinero para la fianza de un alquiler y desapareció. Fuimos a visitar al director de la sucursal, pero nos dijo que dónde estaba la ley que decía que eso era inembargable”. No la hay. Estas ayudas se rigen por ordenanzas municipales. “Necesitamos una norma con rango de ley para proteger este dinero. Las rentas mínimas de inserción, que se dan a aquellas personas que no tienen ingresos de ningún tipo, sí están reguladas por ley y no se pueden embargar”, dice el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En otro de los casos, el banco devolvió el dinero cuando el Ayuntamiento se lo pidió, pero se quedó con unos 40 euros. “Era un ingreso que hicimos a una madre de 16 años para la ropita del bebé”, explica una trabajadora social que no quiere que su nombre se mencione.
E. B. R. no tuvo tanta suerte con el banco, pero, finalmente, la Administración le ingresó el dinero de nuevo. También es madre, de dos niños pequeños, y divorciada. Tuvo problemas con su pareja y antes los había tenido en casa de sus padres, de la que se fue muy joven. Estaba acostumbrada a pedir ayuda a los servicios sociales, para su madre, adicta al juego y, después, para sí misma. Pero es “una curranta”, dicen las trabajadoras sociales de un pueblo de Málaga que llevan su caso. En efecto, ha trabajado mucho en almacenes, de limpiadora, en lo que fuera: “Yo soy muy dinámica, me busco la vida, y por mis hijos pido ayuda donde haga falta”. Durante un tiempo trabajó en Carrefour, un empleo modesto que le proporcionó una tarjeta de crédito. La usó: “Eran las Navidades, tenía que comprar comida y los Reyes para los niños”.
Cuando se fue al paro dejó un descubierto de 700 euros y tres meses de alquiler que arrastraba del periodo en que se estaba divorciando. Los servicios sociales le ingresaron una cantidad y la llamaron para que justificara su uso, como se hace siempre. “¿Qué voy a justificar, si no he recibido nada?”, les contestó. “Y así descubrimos que me lo habían ingresado, por error, en la cuenta en la que tenía el descubierto. No hubo forma de recuperarlo. Pero el Ayuntamiento me lo concedió de nuevo. No sabes lo que es no deber nada al casero. Es lo mejor que me ha pasado en 2011. Quiero seguir en ese piso, ahí he criado a mis hijos”. Ahora trabaja de pizzera los fines de semana y el resto del tiempo sigue “buscando y buscando” cualquier otra cosa que salga.
Pero los embargos no son el único problema con las ayudas de emergencia. Hay Ayuntamientos que, sencillamente, no las conceden a aquellos ciudadanos que tienen deudas con la Administración, siguiendo un ambiguo artículo de la Ley de Subvenciones. “Pero es que estos beneficiarios casi siempre tienen deudas, porque se trata de gente que antes de dejar de pagar la luz o el gas ha dejado de abonar impuestos o multas, por ejemplo. Afortunadamente, no todos los Ayuntamientos proceden así, pero no sabemos cuántos lo hacen”, explica José Manuel Ramírez. “Intentaremos que todos procedan de la misma manera, porque estas ayudas son vitales. Y pediremos que haya una ley que las proteja de ser embargadas”, añade.
Consultada por el asunto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dicen que aún no se ha reunido la comisión de Servicios Sociales, por tanto, no se ha tratado ese problema.
Las ayudas de emergencia social son el último dique para evitar que se desencadene la miseria: cheques para comprar alimentos, un dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, la luz antes de que la corten, la deuda con la comunidad de vecinos, la calefacción en invierno. Las dan los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o las diputaciones, en caso de pueblos más pequeños. Han crecido con la crisis, claro. El presupuesto total para esto fue de 81 millones de euros en 2010 (excluidas Navarra y País Vasco, que siguen otro sistema).
Los trabajadores sociales, encargados de gestionar estas ayudas, vienen detectando este embrollo administrativo y han buscado los trucos para evitarlo: en lugar de ingresar en el banco donde existe el descubierto, piden que se abra una cuenta en otro para depositar el dinero; o lo dan en las ventanillas de la Administración, o llegan a acuerdos con los acreedores para pagarles directamente, por ejemplo, el alquiler o la comunidad de vecinos. Otra forma de escape es retirar el dinero antes de que abran los bancos, efectúen su barrido automático y hagan desaparecer lo ingresado. Porque a la ceguera de la Administración hay que sumar el automatismo de las entidades financieras.
Los bancos no preguntan: se cobran la deuda (si se trata de una hipoteca, un descubierto) o ejecutan la orden de embargo dictada por la Administración. “No es más que un sistema informático, los bancos funcionan así. Es el embargador [el Ayuntamiento en este caso] el que tiene que estar pendiente si hay algo que no quiere embargar, porque el banco está obligado a hacerlo. No puede detectar la naturaleza del ingreso”, sostienen en la Asociación Española de Banca.
El problema es que, aunque detectaran la naturaleza del ingreso, las ayudas de emergencia social pueden ser requisadas, porque no están protegidas por ley. El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Valladolid, Víctor Martínez, ha vivido uno de estos casos: “Ingresamos el dinero para la fianza de un alquiler y desapareció. Fuimos a visitar al director de la sucursal, pero nos dijo que dónde estaba la ley que decía que eso era inembargable”. No la hay. Estas ayudas se rigen por ordenanzas municipales. “Necesitamos una norma con rango de ley para proteger este dinero. Las rentas mínimas de inserción, que se dan a aquellas personas que no tienen ingresos de ningún tipo, sí están reguladas por ley y no se pueden embargar”, dice el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En otro de los casos, el banco devolvió el dinero cuando el Ayuntamiento se lo pidió, pero se quedó con unos 40 euros. “Era un ingreso que hicimos a una madre de 16 años para la ropita del bebé”, explica una trabajadora social que no quiere que su nombre se mencione.
E. B. R. no tuvo tanta suerte con el banco, pero, finalmente, la Administración le ingresó el dinero de nuevo. También es madre, de dos niños pequeños, y divorciada. Tuvo problemas con su pareja y antes los había tenido en casa de sus padres, de la que se fue muy joven. Estaba acostumbrada a pedir ayuda a los servicios sociales, para su madre, adicta al juego y, después, para sí misma. Pero es “una curranta”, dicen las trabajadoras sociales de un pueblo de Málaga que llevan su caso. En efecto, ha trabajado mucho en almacenes, de limpiadora, en lo que fuera: “Yo soy muy dinámica, me busco la vida, y por mis hijos pido ayuda donde haga falta”. Durante un tiempo trabajó en Carrefour, un empleo modesto que le proporcionó una tarjeta de crédito. La usó: “Eran las Navidades, tenía que comprar comida y los Reyes para los niños”.
Cuando se fue al paro dejó un descubierto de 700 euros y tres meses de alquiler que arrastraba del periodo en que se estaba divorciando. Los servicios sociales le ingresaron una cantidad y la llamaron para que justificara su uso, como se hace siempre. “¿Qué voy a justificar, si no he recibido nada?”, les contestó. “Y así descubrimos que me lo habían ingresado, por error, en la cuenta en la que tenía el descubierto. No hubo forma de recuperarlo. Pero el Ayuntamiento me lo concedió de nuevo. No sabes lo que es no deber nada al casero. Es lo mejor que me ha pasado en 2011. Quiero seguir en ese piso, ahí he criado a mis hijos”. Ahora trabaja de pizzera los fines de semana y el resto del tiempo sigue “buscando y buscando” cualquier otra cosa que salga.
Pero los embargos no son el único problema con las ayudas de emergencia. Hay Ayuntamientos que, sencillamente, no las conceden a aquellos ciudadanos que tienen deudas con la Administración, siguiendo un ambiguo artículo de la Ley de Subvenciones. “Pero es que estos beneficiarios casi siempre tienen deudas, porque se trata de gente que antes de dejar de pagar la luz o el gas ha dejado de abonar impuestos o multas, por ejemplo. Afortunadamente, no todos los Ayuntamientos proceden así, pero no sabemos cuántos lo hacen”, explica José Manuel Ramírez. “Intentaremos que todos procedan de la misma manera, porque estas ayudas son vitales. Y pediremos que haya una ley que las proteja de ser embargadas”, añade.
Consultada por el asunto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dicen que aún no se ha reunido la comisión de Servicios Sociales, por tanto, no se ha tratado ese problema.
Acreedores inmisericordes
Es necesaria una regulación con fuerza jurídica para proteger a los particulares insolventes frente a los bancos
Que a una familia con graves dificultades económicas se le niegue el acceso a una ayuda de emergencia social, precisamente por tener deudas con la Administración que debe atenderla, no es razonable. Cuando se está en dificultades, lo último que se deja de pagar es la comida, la luz, el agua, el vestido y la vivienda.
Mucho antes habremos dejado de abonar el impuesto municipal de vehículos, una multa de aparcamiento o el IBI (si es que aún no nos han desahuciado). No estamos hablando de caraduras que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Hablamos de miles de repentinas víctimas del brutal impacto de la crisis.
Pero, si lo anterior es ilógico, lo que se antoja inaudito es conseguir vencer la depresión y la vergüenza, ir a pedir auxilio, contar la vida a extraños, aportar mil y un papeles (que ya obran en poder de las Administraciones) y esperar plazos dilatados para que, una vez concedida e ingresada la ayuda, pase por allí el acreedor más espabilado y barra para sí el importe en cuestión. Claro, que si el embargador es la misma entidad que auxilió, del estupor inicial pasaremos —con toda la razón— al cabreo monumental.
Esto se está produciendo y debe resolverse. Hay posibilidades sencillas y eficaces para ello. Basta con despojarse de rigideces y de manguitos burocráticos, aplicar el sentido común que debe regir todo Derecho, y regular la inembargabilidad de estas prestaciones.
Con todo, lo peor es que esto es la punta del iceberg de gravísimos y profundos problemas. Nos alertan sobre el empobrecimiento repentino de la población española mientras que tenemos sistemas de protección social muy deficientes, excesivamente burocratizados y poco dados a un tratamiento profesional e individualizado de cada caso de insolvencia personal o familiar.
Estamos clamando por la regulación con fuerza jurídica suficiente de la protección de los particulares insolventes frente a los bancos y resulta que nos aparece otro acreedor inmisericorde con las familias empobrecidas: la propia Administración. Esperemos que esta vez la solución no venga por la vía de la adhesión a un código de buenas prácticas.
Mucho antes habremos dejado de abonar el impuesto municipal de vehículos, una multa de aparcamiento o el IBI (si es que aún no nos han desahuciado). No estamos hablando de caraduras que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Hablamos de miles de repentinas víctimas del brutal impacto de la crisis.
Pero, si lo anterior es ilógico, lo que se antoja inaudito es conseguir vencer la depresión y la vergüenza, ir a pedir auxilio, contar la vida a extraños, aportar mil y un papeles (que ya obran en poder de las Administraciones) y esperar plazos dilatados para que, una vez concedida e ingresada la ayuda, pase por allí el acreedor más espabilado y barra para sí el importe en cuestión. Claro, que si el embargador es la misma entidad que auxilió, del estupor inicial pasaremos —con toda la razón— al cabreo monumental.
Esto se está produciendo y debe resolverse. Hay posibilidades sencillas y eficaces para ello. Basta con despojarse de rigideces y de manguitos burocráticos, aplicar el sentido común que debe regir todo Derecho, y regular la inembargabilidad de estas prestaciones.
Con todo, lo peor es que esto es la punta del iceberg de gravísimos y profundos problemas. Nos alertan sobre el empobrecimiento repentino de la población española mientras que tenemos sistemas de protección social muy deficientes, excesivamente burocratizados y poco dados a un tratamiento profesional e individualizado de cada caso de insolvencia personal o familiar.
Estamos clamando por la regulación con fuerza jurídica suficiente de la protección de los particulares insolventes frente a los bancos y resulta que nos aparece otro acreedor inmisericorde con las familias empobrecidas: la propia Administración. Esperemos que esta vez la solución no venga por la vía de la adhesión a un código de buenas prácticas.
Luis Barriga es trabajador social.
el dispreciau dice: triste visión medieval de las miserias humanas enquistadas en la clase política y todos aquellos que acompañan la zozobra social al sólo efecto de "salvar" a los victimarios (bancos, finacieras, economistas, FMI, Davos, etc.) ... Marzo 17, 2012.-
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