QUEBRADOS Y A MERCED DEL OPORTUNISMO - Una sociedad dividida - lanacion.com

[I/III]
Editorial I
Una sociedad dividida
La exclusión social y el auge de la acción directa ante la inacción estatal quedaron de manifiesto tras los hechos de Soldati
Domingo 19 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa

La convulsión social que se produjo en Villa Soldati y se extendió a otras localidades mostró el rostro más doloroso de la larga crisis que atraviesa la vida pública argentina. En el sur de la ciudad de Buenos Aires quedó expuesta, como en una reducción a escala, una sociedad fracturada por la exclusión.

Del mismo modo, la fractura se advierte en el auge de las medidas de acción directa, que, frente a la inacción del Estado, están deviniendo en una cultura en la que el piquete, la usurpación, la toma de fábricas, el corte de rutas o calles y la extorsión desplazan el imperio de la ley y amenazan el orden público. Una cultura frente a la cual cabe destacar la actitud de algunos gobernadores e intendentes, además del propio jefe de gobierno porteño, que reclamaron del gobierno nacional una intervención acorde con la gravedad de la situación.

En el parque Indoamericano apareció un universo social con el cual el Estado y las organizaciones convencionales de la vida pública establecen cada vez menos conexión. Las hipótesis sobre un complot de éste o aquel dirigente no sólo son inconsistentes por la escasez de información en la que se sostienen. La verdadera fragilidad de esas teorías radica en que en la Argentina hay cada vez más habitantes que carecen de un vínculo estable con las instituciones habituales. Para ponerlo en términos más enfáticos, la novedad que apareció en ese barrio porteño es que hay un conjunto creciente de individuos que ni siquiera podrían ser víctimas de la manipulación clientelar porque están desligados del aparato formal de las organizaciones partidarias o sociales.

En Soldati se hizo presente una versión más aguda de uno de nuestros males: la crisis de representación. Esa patología ya no se limita al malestar creciente que provocan en los ciudadanos los dirigentes. Se trata de algo más serio: la desvinculación lisa y llana de muchos ciudadanos con los dirigentes. No debería sorprender que esta brecha se haya ido abriendo. El sistema de partidos está pulverizado. Lo que queda de él padece deficiencias gravísimas.

La otra cara de este déficit de representación es la carencia de mediación, la renuncia a negociar. Esas destrezas, consustanciales a toda sociedad democrática, han sido sustituidas por la acción directa. Los que pretenden un subsidio, toman la calle; quienes se quejan por la infraestructura educativa, toman el colegio; los que protestan por la extenuante exacción impositiva, cortan las rutas; quienes temen la contaminación de un río, copan un puente; los que creen que el Estado debe proveerles una vivienda, toman un parque y quienes protestan por un encuadramiento sindical capturan plantas petroleras y amenazan con dejar sin energía a todo el país.

La expresión más contundente y sofisticada de estos procedimientos "de facto" la ofreció el sindicalista Hugo Moyano, quien, después de reunir a 70.000 personas en un estadio, amenazó: "Si el gobierno que se instala en 2011 no tiene en cuenta nuestros intereses, saldremos a la calle". La ley, entendida como la expresión más respetable del contrato social, ha dejado lugar entre nosotros a la violencia.

Los recurrentes escándalos de corrupción estatal, la degradación de la burocracia pública, la falta de discusión programática, el vaciamiento conceptual de una política entregada al marketing como única vinculación con la opinión pública, aconsejan a más y más miembros de la comunidad a restar su consenso al sistema de organización colectiva. En Soldati apareció la peor cara de la pobreza. La que permite la explotación de los miserables por parte de los pobres. El ministro de Economía, que ya no niega la inflación, se ilusiona con que ese flagelo no alcanza a los desamparados. El secretario general de la CGT, que se prepara para presionar por aumentos salariales cada vez más abultados, predica que un poco de inflación no debe mortificar a nadie. Mientras ellos exponen esas teorías, miles de inquilinos pagan por un cuarto en una villa de emergencia más de 1000 pesos por mes. Un 150% más de lo que lo pagaban hace cuatro años por el mismo techo, carente de los servicios básicos.

Este aislamiento entre el mundo de los consumidores formales y la cada vez más abultada masa de familias que quedan al margen de los beneficios del crecimiento económico está volviendo cada vez más inquietante un fenómeno que, tristemente, se ha estabilizado entre nosotros: la aparición de patologías sociales complejas, en las grandes aglomeraciones urbanas. Con una naturalidad espeluznante, las crónicas de Soldati mencionaban al narcotráfico como uno de los factores que explican lo que allí estaba ocurriendo.

Es imposible escuchar hablar de narcotráfico en las villas de emergencia y olvidar que, entre los cables de la diplomacia estadounidense filtrados en Internet, hubo uno plagado de precisiones sobre la falta de vocación del gobierno argentino por combatir el comercio de drogas y el lavado de dinero.

La descomposición del tejido político, la vulnerabilidad moral de la dirigencia, la extensión de las franjas sociales desamparadas por el Estado y la aparición de mafias que viven de delitos graves y complejos, son los rasgos de un mismo panorama social. La Argentina aparece sometida a una inercia que, si no encuentra una estrategia inteligente y comprometida capaz de revertirla, conduce a cuadros sociales alarmantes, como los que se verifican en varias sociedades de América latina. Advertir ese cuadro y atenderlo es, acaso, la tarea más urgente que tiene hoy delante de sí la política.
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[II/III]
Marihuana: tolerancia y consumo
La divergencia de criterios de las autoridades responsables en las políticas por seguir resulta beneficiosa para el narcotráfico
Domingo 19 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa


Las últimas informaciones provistas por el Observatorio Argentino de la Droga establecen una relación inquietante en dos sentidos: mayor tolerancia social de la marihuana y, a la vez, mayor consumo. En efecto, mientras que en 2001 el 44 por ciento de los estudiantes secundarios consideraba que fumar porros de cannabis suponía un gran riesgo y sólo el 3,5 lo hacía, en 2009 la consume el 8,4 y el riesgo es percibido nada más que por el 11,6 por ciento. Se puede inferir, por lo tanto, que la mayor tolerancia estimula el mayor consumo, como lo destacó el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero.

Lejos de ser "un uso recreativo" que no daña, en los centros de tratamientos de adictos el 24,3 por ciento de los pacientes se asiste por haberse convertido en dependientes de la marihuana. Al respecto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha precisado de modo categórico que la cannabis dista de ser una droga inocua y su uso afecta el funcionamiento cerebral, cardíaco y de las vías respiratorias.

El tema de la marihuana fue cuestión central en el Congreso Internacional de Políticas Públicas en Adicciones, realizado en noviembre pasado en esta ciudad. Hubo argumentaciones opuestas que reclaman coherencia en las políticas por seguir. Granero puntualizó la influencia ejercida en la tolerancia social del consumo de la marihuana por las palabras de los que propugnan su despenalización. De modo semejante se manifestó Ricardo Grimson, ex titular de Sedronar, quien destacó el error de los que abogan por los derechos individuales como sustento de esa posición. Claudio Mate, ex ministro de Salud de la provincia bonaerense, remarcó: "La salud no es un hecho individual y privado".

Alberto Calabrese, miembro del comité asesor sobre drogas del Ministerio de Justicia, centró su argumentación en que el consumidor es una persona que asume riesgos por su propia responsabilidad, respaldado por sus reconocidos derechos individuales. Por último, Julio Alak, ministro de Justicia, se refirió como un hecho positivo a la cantidad de droga incautada en diversos procedimientos.

Es menester disipar sin demoras dudas que debilitan las decisiones políticas y desorientan la opinión pública ante la divergencia de criterios expuesta entre funcionarios actuales de la Sedronar y el Ministerio de Justicia; la incertidumbre resulta beneficiosa para el narcotráfico, como lo prueba el aumento de droga incautada, indicador indirecto del impresionante avance del comercio ilícito de drogas en el país.
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[III/III]
Entre peleas, indecisiones y soledad
Joaquín Morales Solá
Domingo 19 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa


El último martes de fuego, poco antes de que el gobierno nacional hiciera su enésima rectificación, en la Capital había 47 amenazas de ocupaciones ilegales en terrenos públicos o privados. Ya dos supermercados habían sido asaltados por grupos violentos en territorio porteño. Sólo entonces el Gobierno ordenó la movilización de la Gendarmería y la Prefectura. Hasta anteayer, varios intendentes del conurbano recibían reiteradas advertencias de nuevas ocupaciones o de asaltos a comercios. Los pronósticos fallaban en la mayoría de los casos. Esperamos que algo suceda en las vísperas de las Fiestas, dijo uno de los intendentes. ¿Información o percepción? Percepción, respondió, lacónico.

La mirada conspirativa del Gobierno contribuye a ampliar la mancha del estallido. La administración anuncia todos los días una nueva conspiración que sublevaría a los pobres; los propios seguidores del kirchnerismo se afanan luego para hacer realidad la profecía. ¿No es eso lo que terminó confesando Luis D'Elía cuando dijo que él mismo inundó de gente el parque Indoamericano para evitar un complot contra el Gobierno? Eran kirchneristas, entonces. Los punteros kirchneristas son los que más se mueven aquí, reconoció otro intendente peronista del conurbano.

La reacción de Cristina Kirchner frente a un hecho nuevo mostró un alto nivel de indecisión, inusual en los tiempos de su marido muerto. De hecho, la Presidenta estuvo, en las horas iniciales de la revuelta de Villa Soldati, más preocupada por las autopsias de los primeros dos muertos que por la preocupante evolución de la rebelión. Jueces de la Corte Suprema de Justicia debieron hacer gestiones ante la Morgue Judicial para que apurara las autopsias. ¿Qué quería saber la Presidenta? Pedía con urgencia que le informaran si las balas de esos crímenes correspondían a la Policía Federal o a la Metropolitana. Las balas correspondían al tipo de proyectiles que usa la Policía Federal; en ese momento comenzó la caída de Aníbal Fernández, que aún no tocó fondo.

La Presidenta está convencida de que hubo una conspiración para quebrar su romance de viuda con algunos sectores sociales, antes remisos. Buscaba culparlo a Mauricio Macri de esa intriga. Nunca tuvo más elementos que la retórica. Pero una cosa es cierta: la explosiva irrupción de la marginalidad social le provocó a Cristina un derrumbe de 20 puntos en su imagen positiva en la Capital, según varias mediciones. Paralelamente, crecieron, según algunas encuestas, sus archienemigos Macri y Eduardo Duhalde, los dos políticos que tuvieron el mensaje más claro en apoyo del orden público. En una de esas mediciones, el 80 por ciento de los porteños consultados pedía que el Gobierno terminara cuanto antes con las ocupaciones, y de cualquier forma. El romance y la espuma que beneficiaban a Cristina se están diluyendo, aceptó un encuestador serio, que siempre hizo mediciones para el peronismo.

Cuando el humo y la insurrección habían capturado amplias zonas de la Capital, los dos gobiernos, el federal y el local, estaban sumidos en un ataque paranoico. La Presidenta quería culpar públicamente a Macri de haber provocado las muertes; no pudo. El propio equipo de Macri estudiaba contra reloj la posibilidad de que el gobierno nacional dispusiera la intervención federal de la Capital mediante un decreto de necesidad y urgencia, ahora que el Congreso está en receso. Fuentes seguras de la administración central aseguraron que ese proyecto nunca existió. Los dos gobiernos están ahora tan distantes como antes.

Cristina Kirchner estaba ya más preocupada por intervenirlo a Aníbal Fernández que a Macri. El jefe de Gabinete fue siempre un hombre obsesionado por cubrir cargos con gente propia hasta en las covachas más insignificantes. La implacable poda pública de poder que le hizo a Fernández en los últimos días lo colocó a éste en una situación política casi terminal. Han crecido todos sus adversarios en el Gobierno. Nilda Garré no le perdonará nunca a Aníbal que haya usado en su momento el propio espionaje del Ejército para desestabilizarla. Aníbal competía con Julio De Vido por la cercanía a la Presidenta, pero De Vido nombró al nuevo ministro de Defensa. Fernández lo ninguneó siempre al ministro del Interior, Florencio Randazzo, pero Cristina le ordenó a éste que presidiera la reunión con Macri. Aníbal Fernández aceptó una silla al costado, como un funcionario más, resignado al disfavor.

Garré podría terminar con la larga carrera de Aníbal en el poder si cumpliera con la promesa de transparentar las acciones de la Policía Federal. Es probable que la ministra arrase con el sistema de espías, de escuchas telefónicas y de intervención de correos electrónicos que el jefe de Gabinete había montado en complicidad con la Federal. Garré anunció también que pondrá fin a la protección de la corrupción policial, que en estos tiempos puede significar el arribo del narcotráfico a las fuerzas de seguridad.

El miércoles pasado, en Malvinas Argentinas, se realizó una jornada sobre el narcotráfico; participaron camaristas, jueces y fiscales de todo el país. La reunión fue organizada por el intendente, Jesús Cariglino, y asistieron diplomáticos norteamericanos. No hubo funcionarios provinciales ni nacionales. La descripción de la situación que se hizo, por parte de los representantes judiciales, fue grave. El narcotráfico está en las villas, pero también penetró en todos los sectores sociales y está cooptando una parte del Estado, resumió uno de los asistentes.

Garré hizo la mejor autocrítica del gobierno cuando señaló que la inseguridad reconoce múltiples causas. Es cierto. Hay tres causas, por lo menos: la delincuencia estructural, que siempre existirá; la proliferación de la droga, que aumentó exponencialmente, y la exclusión social, que también creció de manera significativa. ¿Qué hizo durante siete años el gobierno kirchnerista para combatir el apogeo de la droga y la amplia marginalidad social, más allá del asistencialismo? Nada o muy poco. El riesgo de Garré, en cambio, es que termine modelando una policía atemorizada y, por lo tanto, muy poco predispuesta a actuar sin órdenes políticas. La policía debe cumplir y hacer cumplir la ley sin vacilar; si la ministra lograra eso, el Estado habrá dado un paso importante para combatir el delito.

Encima, tenemos una pelea en el gabinete nacional, se quejó un gobernador cercano al kirchnerismo. Gobernadores e intendentes miraban con asombro las oscilaciones del poder central y sus crueles luchas intestinas, mientras cerca de ellos crecía la fogata social. Se alegraron primero cuando escucharon que el gobierno nacional había dispuesto el traslado de 6000 efectivos de la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires, que es siempre el escenario de los peores presagios. Luego, más racionales, moderaron el optimismo. ¿Quién controlará ahora las fronteras del país? ¿Quién frenará el ingreso de la droga? ¿Acaso las fronteras nacionales no se están acercando demasiado a nosotros mismos?, razonó uno de ellos.

Empezaba el fin de semana y las ocupaciones no cesaban en terrenos aledaños a la Villa 31 y en Lugano; otros asentamientos se producían en el sur caliente del conurbano. En la Villa 31, 500 personas habían ocupado tres manzanas con galpones del Ferrocarril. Ahí no hay vecinos que protesten, como en Villa Soldati, pero se toparon con los trabajadores ferroviarios. En Lugano, la tensión entre vecinos y ocupantes mantenía en vilo a los funcionarios. Nadie sabía qué hacer cerca de la Presidenta.

En Olivos, Cristina Kirchner se encerraba entre pocos, todos incondicionales, como suelen hacer los gobiernos en conflicto. Desconfiaba. Sospechaba. Para una persona reacia a cultivar las relaciones personales y políticas, la administración de una crisis significa, también, ampliar el hemisferio de su propia soledad.
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el dispreciau dice: el estado ausente tiene sus precios y aquí todo está quedando expuesto al calor, a la luz, dejando en claro que la sociedad está tan fragmentada como el propio ámbito político, ése que ha fabricado el estado deplorable en el que vivimos, dando por bueno aquello que no lo es, aceptando aquello que no debería serlo, admitiendo que todo está "bárbaro" cuando en verdad nos estamos sumergiendo en un océano de contradicciones que enseña peligrosas tendencias... Las autoridades políticas están perdidas en sus "contuvernios" (perdón pero no recuerdo cómo se escribe), consistentes en conspirar, traicionar, mentir (y mentirse), para luego utilizar argumentos falaces justificando aquello que en esencia es injustificable... el diálogo genuino no existe porque la clase política está atomizada por los personalismos y las miserias personales que las hay y muchas, todos se creen dueños de la verdad y nadie atiende las razones del otro. Dicho escenario sólo exhibe males y ninguna otra cosa puede esperarse de un paisaje semejante. El río revuelto permite que haya más corrupción y que los agentes del mal que han hecho nido en el país, tengan un paraíso operativo como nunca antes se vió, fabricado y diseñado durante la década infame de los años noventa y aumentado gracias a las negligencias, las impericias y esas otras soberbias que facilitan que los acostumbrados a transgredir tengan todo a disposición. Entre tanto, no hay policía, ni federal ni provinciales ya que todas son funcionales al hampa que ahora ha pasado a protegerla (¿?) trabajando en conjunto, y lo mismo sucede con nichos de decisión de la gendarmería y de otras fuerzas de la (in) seguridad que nos ha impuesto el vacío político, a su antojo y conveniencia. En este estado de pobrezas extremas, la anarquía habilita a que gente olvidada intente salvarse apelando a la ocupación de tierras ajenas, de casas ajenas, de propiedades ajenas, de comidas ajenas, de bienes ajenos... y todo está al revés. El estado lo permite porque eso le redunda en votos masivos consecuente a la compra sistemática de dignidades, esa que se construyó a partir de las pobrezas fabricadas en la provincia de Buenos Aires, manzaneras mediante... pero ya nadie las recuerda y hasta alguno con escasas neuronas puede referirse a ello como un "logro" de la democracia. A decir verdad la democracia está muy mentida y los "logros" no existen ya que los argumentos manipulan los indicadores tanto como lo hace el INDEC... y Argentina sigue sin ser creíble, sigue siendo impredecible. Lo que está sucediendo en Villa Lugano, en Soldati y en otros lugares del país (son muchos) está dejando fielmente en evidencia que el estado está ausente, los intendentes tienen sus cotos de caza (corrupción de base), los gobernadores los propios (corrupción secundaria), y los estamentos del estado nacional alcanzan niveles que espantarían hasta al más corrupto de cualquier otro lugar del mundo civilizado. Indudablemente, esta transgresión al estado de derecho le conviene a alguien, de lo contrario no sucedería. Sin embargo, de tanto ir el cántaro a la fuente puede romperse, derramando su contenido... No hay que sorprenderse que gran parte de Latino América esté igual de pobre, igual de corrupta, igual de mentida, igual de antidemocrática, igual de... lo cual permite avizorar tiempos desacomodados y para nada coincidentes con las sociedades inmersas de un permanente estado de zozobra inducido por las conveniencias. La desintegración favorece a los apropiadores... así se hizo con Malvinas... y así se está haciendo con el territorio nacional... insisto, a alguien le conviene, y el cinismo presente ayuda. Diciembre 19, 2010.-