Un informe afirma que el Gobierno de Honduras estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres
Expertos internacionales concluyen que funcionarios estatales, así como empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista en 2016
México
Una imagen de la activista Berta Cáceres. REUTERS
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Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ha afirmado un grupo de expertos internacionales. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", se señala en un informe de 92 páginas publicado el martes.
El asesinato de Cáceres ocurrió el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano. El único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido tras el ataque. Cáceres había sufrido dos atentados fallidos un mes antes de morir. El homicidio provocó indignación más allá de las fronteras de Honduras y expuso las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en ese país.
El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres y que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.
Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (...) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro", se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.
"[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa", señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
"Estoy sumamente impresionada, no voy a recuperar a mi hija, no la volveré a besar, no la volveré a ver, pero se habrá hecho justicia", ha dicho a la televisión hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, que ganó el premio Goldman en 2015 y acumulaba una larga lista de amenazas de muerte en 20 años de trayectoria. "Este informe ha destapado información sobre los verdaderos responsables de este horrendo asesinato", ha añadido.
Elsia Paz, la expresidenta de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que DESA presentó evidencia al grupo de expertos para demostrar que no estaban vinculados al asesinato. Paz ha dicho a la agencia AFP que las denuncias son parte de una estrategia para aupar a la hija de Cáceres en las elecciones del próximo mes. Olivia Marcela Zúñiga Cáceres es candidata a una diputación por el izquierdista partido Libre, liderado por el expresidente Manuel Zelaya, que fue destituido en 2009.
Poco más de un año después del asesinato de Cáceres, que en 2015 había recibido el reconocido premio Goldman, los directores de Agua Zarca anunciaron en julio pasado la suspensión del proyecto "como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión". Honduras se ha asentado como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra, con 123 activistas asesinados desde 2010, según datos de la iniciativa Global Witness Watch.
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