La justicia del miedo
Bolivia ocupa el segundo lugar de Latinoamérica, tras Guatemala, en ejecuciones públicas por cuenta propia
Entre 2005 y el primer semestre de 2013 se registraron 190 muertes en Bolivia por linchamiento.
Un muñeco de trapo cuelga de un poste de luz a modo de aviso en El Alto / ÁLEX AYALA UGARTE
Cuando aterrizó en el hospital Boliviano-Holandés de El Alto, el hombre era una especie de mole putrefacta que se deshacía por dentro. Y su cuadro clínico, complejo: quemaduras de tercer grado en los brazos, en el abdomen y en las piernas. Su rostro se había salvado de las llamas de milagro. También, su cuello. Yacía en cama, vestido con un gorro quirúrgico y una bata. Tenía el cuerpo embadurnado con crema antiséptica y su único contacto con la realidad era un ventanal que lo separaba de los que le visitaban.
El hombre, un estafador de poca monta, se había hecho pasar por recaudador de impuestos en el barrio alteño de Puerto Camacho, a media hora del centro de la ciudad. Allí, algunos vecinos, tras descubrir la farsa, le colocaron su propio jersey en la cabeza y lo masacraron: puñetazos, insultos, patadas, manotazos. El maltrato se prolongó hasta el anochecer. El hombre perdió el conocimiento varias veces. Y como acto final —antes de que su mujer lo rescatara—, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego.
Cuando volvió en sí, el hombre se veía como un trozo de cartón recién prensado. Y prefirió mantener el anonimato. A través de un intercomunicador, declaró que la turba le cayó encima de repente, que no pudo hacer nada para escapar del linchamiento. Por aquel entonces, el hombre dormía la mayor parte del tiempo; se agitaba fácilmente en cuanto los calmantes del gotero perdían efecto; parecía tener miedo hasta de su reflejo.
Historias como la suya se repiten como un eco en la prensa local, casi todos los meses. El 28 de junio de 2006, en la zona Mercedes B de el Alto, Julio Mamani, de 55 años, fue colgado de un madero tras ser sorprendido robando algunas herramientas. La policía se enfrentó a los atacantes, pero Mamani ya no respiraba cuando lograron acercarse. El 12 de marzo de 2007, también en El Alto, una atracadora fue torturada durante 14 horas por una jauría de personas que la desnudó completamente antes de liberarla. En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del Oriente boliviano, hace unas semanas, un tipo fue golpeado hasta la muerte después de que lo pillaran abusando sexualmente de una mujer en un barrio alejado. Y el año pasado, en un pequeño pueblo de Potosí, en el suroeste del mapa, tuvo lugar uno de los acontecimientos más macabros de los últimas décadas. Allá, una muchedumbre de campesinos sepultó vivo a un adolescente de 17 años acusado de violar y asesinar a Leandra Arias, de 35. Primero, lo obligaron a ser parte del velorio de su supuesta víctima. Luego, lo tiraron sobre el féretro con las manos amarradas y le echaron tierra encima hasta provocar su asfixia. El patrón es casi siempre el mismo —un extraño que delinque, hombres y mujeres que actúan como manada, palizas, gritos, amedentramientos—. Y el resultado, una tragedia.
Según un estudio del sociólogo Juan Yhonny Mollericona, entre el año 2001 y el primer semestre de 2008, solo en la ciudad de El Alto, se produjeron 88 intentos de linchamiento y 15 decesos. Entre 2008 y 2013, el periódico Los Tiempos informó de 21 episodios similares en el departamento de Cochabamba. La Defensoría del Pueblo asegura que entre 2005 y 2012 hubo por lo menos 180 fallecidos por culpa de las ejecuciones sumarias; esta misma institución dio cuenta de otros diez ajusticiados en la primera mitad de 2013. Y el Grupo de Apoyo Mutuo, otra organización humanitaria, sitúa a Bolivia en el segundo lugar —después de Guatemala— con el mayor número de casos comprobados en los que la arbitrariedad es la pauta. La mayoría de las estadísticas proviene de una minuciosa revisión hemerográfica. En las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, estos delitos se suelen registrar como homicidio o como tentativa de homicidio y no se maneja por el momento ninguna cifra oficial al respecto.
Mientras tanto, los distritos ubicados en el extrarradio de las ciudades más pobladas del país lucen plagados de muñecos de trapo que cuelgan como espantapájaros de los postes de luz, junto a pintadas que suelen ser un anticipo de la violencia. “Ladrón será linchado”, dicen algunas. “Ladrón pillado será amputado”, amenazan otras. “Auto sospechoso será quemado”, se lee en las paredes de ladrillo de uno y otro lado. Y uno de los sitios donde más se reproducen —como parte del mobiliario urbano— es El Alto.
En uno de sus barrios, la urbanización 30 de septiembre, Esteban Ticona, un tipo chato, vecino del sector y, además, oficial de policía, dice que hace unos años lincharon a una ladrona. La ladrona era una mujer que buscaba con qué mantener a sus siete hijos y que fue sorprendida en plena calle con una televisión que no era suya. Era una mujer que fue molida a palos por una turba enardecida de hombres y mujeres con los ojos fuera de sus órbitas. Era una mujer que murió atada con sus propias trenzas al alambrado de un pequeño campo de fútbol, sin que nadie moviera un dedo para soltarla.
“A mí me avisaron por teléfono y cuando me entré a la cancha, la señora estaba ya en las últimas. No había ni cómo inmiscuirse, era demasiado tarde”, recuerda Ticona.
Para Norma Barrancos, trabajadora de la radio San Gabriel, el problema es que se ha perdido poco a poco la confianza en los organismos estatales. “La policía carece de infraestructuras, de personal, de equipos, de tecnología. Y eso obliga a las juntas de vecinos a actuar de otras maneras para protegerse —explica—. Por eso, han aumentado los linchamientos. En El Alto, por ejemplo, hay mucha inseguridad, mucho asesinato. Cuando ocurre algo, las autoridades, a menudo, ni siquiera atienden la emergencia. Y a los delincuentes que acaban en la cárcel no siempre logran rehabilitarles”. “¿Cuál es la solución entonces?”, se pregunta. “La justicia por mano propia”, ella mismo se responde. Algunos, por lo menos, piensan eso: que a los maleantes hay que liquidarles”.
Según su lógica, el ataque es el mejor mecanismo de defensa. Como si el único método para evitar que un criminal se acerque —y delinca— fuera alimentar su miedo.
En el barrio Franz Tamayo de El Alto, cuando son testigos de algún movimiento extraño, los vecinos dan la voz de alarma con la ayuda de petardos, silbatos y mensajes de texto. Y en Villa Egüez, otra barriada de la periferia, se han organizado para hacer rondas nocturnas de vez en cuando. Allá, don Ismael, un tipo orondo que usa lentes y un sombrero de ala ancha, comenta que a los que vienen con malas intenciones o hacen algo malo hay que castigarles. “Pero nunca hasta la muerte. La vida hay que respetarla”.
Las sentencias que condenan a los autores son una rareza digna de museo. Apenas se ha concretado un puñado en los últimos diez años. Y lo habitual es que las investigaciones se eternicen o que no terminen en nada. Sobre todo, porque las instancias encargadas de la administración de justicia están saturadas. En 2012, de las 405 denuncias registradas en la división de Homicidios de El Alto —varias de ellas por linchamiento— apenas se esclarecieron 26. Y los dos fiscales que están a cargo de los crímenes de sangre en esta ciudad, la más grande del Altiplano boliviano, manejan alrededor de 1.500 causas que esconden misterios que aún no han podido ser resueltos.
Esteban Ticona, un policía que reside en la Urbanización 30 de Septiembre, tiene una frase que intenta dar sentido a esta situación que trae de cabeza a los familiares de los linchados: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”.
El falso mito de la justicia comunitaria
ÁLEX AYALA UGARTE
En Bolivia, muchos todavía piensan que los linchamientos forman parte de lo que se ha denominado “justicia comunitaria”. Los medios más amarillistas aún venden los apaleamientos bajo esta etiqueta a sus audiencias y los que azuzan a la turba la utilizan a menudo tras masacrar a un supuesto delincuente o tras colgarlo de un mástil de madera.
El concepto se ha distorsionado con el paso de los años. Según el investigador estadounidense Daniel Goldstein, alguna gente —tanto de las áreas más pobladas del país como del campo— se ha apropiado del término y lo entiende como un “acto político de imaginación creativa” que pretende “interpretar” la confusión que los rodea.
La justicia comunitaria está reconocida por la Constitución vigente, tiene su anclaje en las poblaciones rurales de los valles, el oriente y el Altiplano bolivianos e incluye penas diversas: latigazos, sanciones económicas, pago con ganado, trabajo comunal, destierro. Se trata de castigos consensuados por los miembros de un grupo indígena cuando alguno de sus integrantes incurre en algún tipo de falta, de un modelo que —en teoría— intenta acomodarse a las costumbres originarias, costumbres que se caracterizan por el respeto al individuo y que están en contra de la pena de muerte. Su objetivo no es el ojo por ojo, sino la reparación del daño y la restitución del equilibrio.
Los linchamientos son un delito descrito en el Código Penal como homicidio (Art. 251), asesinato (Art. 252), homicidio por emoción violenta (Art. 254) u homicidio en riña a consecuencia de una agesión (Art. 259). Y en ningún caso, según la Defensoría del Pueblo, deberían considerarse de otra manera. “Vulneran el principio elemental del derecho a la vida, a un juicio previo y a la integridad”, señala uno de sus documentos.
Un muñeco de trapo cuelga de un poste a modo de aviso en El Alto. / Á. A. U.
La justicia del miedo
ÁLEX AYALA UGARTE La Paz 13
Bolivia ocupa el segundo lugar de Latinoamérica, tras Guatemala, en linchamientos, con 190 muertos desde 2005
el dispreciau dice: el imperio político de los miedos tiene sus precios, y justamente el precio mayor es que las gentes terminan perdiendo el miedo y arrasando con aquello que los acosa, los molesta, los incomoda, y les resta tranquilidad para encarar sus respectivos destinos...
dado que los estados están ausentes, aún a pesar de los extensos discursos y las sonrisas cínicas e hipócritas de funcionarios devenidos en dioses que usan y abusan de sus sillas, la realidad es que el miedo impera en las calles ocupadas por "muchos" que no hacen nada... "muchos" que se excusan en la droga para seguir "no haciendo nada"... "muchos" que roban amparados por las cajas negras de los intendentes y del estado político en general... "muchos" que son protegidos de una rara justicia que se traduce como permanente injusticia social... "muchos" que viven a costillas de los derechos humanos de los ciudadanos comunes que viven de sus esfuerzos y sus voluntades... "muchos" que usan y abusan de los derechos ciudadanos traduciendo a las calles los criterios propios de las cárceles donde moran los carentes de cualquier código y cualquier moral, también amparados por la rara justicia que los libera a conveniencia... "muchos" que están subsidiados por un modelo político que ha omitido interpretar y leer las señales sociales... "muchos" que viven a contramano de sus propias vidas... y dados los miedos... la sociedad va reaccionando mediante un efecto dominó que promete volverse inmanejable...
algún juez trasnochado le echa culpas, tal la antigua costumbre argentina, a cualquiera que se le cruce haciendo justicia por mano propia, pero en verdad... Argentina tiene un sistema de seguridad público asociado al narcotráfico y a la delincuencia, que agrega "valor" a salarios indignos concedidos a personas indignas, ya que aún con uniforme o sin él, trabajan en solidaridad con la delincuencia liberada, con la delincuencia que actúa en zonas liberadas, con la delincuencia que le aporta a las cajas negras de una rara política de populismos que van en contra de la sociedad que hace algo por sus destinos... y la gente, negada y despreciada por el estado persecutor de los trabajadores, comienza a reaccionar prometiendo más males que reparaciones posibles... instalando el criterio de que la justicia será definitivamente injusticia... y que, como sea, las defensas sociales saldrán de la mano propia hasta que el estado ausente se haga cargo de sus genuinas responsabilidades, esas que vienen eludiendo desde que la Argentina se precia de ser un país... sucedió con Perón, y de allí en más se vino repitiendo con variantes de distinta índole, siempre mediante un estado perverso que se acomoda a los votos fáciles y nunca a lo que debe hacer por su sociedad...
los miedos vienen creciendo de la mano de asesinos sueltos... de violadores sueltos... de delincuentes protegidos... de "muchos" que andan por la vida creyendo que todo lo que tienen los demás es asaltable a conveniencia de partes, y se sienten con el suficiente poder para quitar la vida a quien sea por lo que sea... y una vez más, cuando la sociedad se satura de injusticias, impone su propia justicia, y así sucede desde siempre, incluyendo en ello la propia Revolución Francesa... cuando la estupidez política avanza sobre la dignidad de las personas, las dignidades se vuelven la razón del último recurso y las reacciones no se hacen esperar... está sucediendo en Bolivia, tanto como en México, tanto en Brasil que se ocupa de ocultar dicha realidad de su rutina, y por ende también puede suceder en la Argentina o en cualquier otra parte... si el estado no asume sus verdaderas responsabilidades sociales, entonces no es digno de ocupar el espacio que ocupa, y así son las cosas, mal que les pese a los políticos y sus eternos cinismos...
en ARGENTINA, ahora se agrega la delincuencia afin al narcotráfico que produce, que pasa fronteras a discreción, que lava a merced del estado que no ve ni escucha, y que es funcional a un modelo colombiano y mexicano que ha sido también funcional a intereses superiores de los grandes consumidores de estupefacientes, esto es Estados Unidos de Norteamérica por un lado, y Europa por el otro, conteniendo sociedades degradadas por ausencias políticas crecientes que apelan siempre al doble mensaje para seguir imponiendo las perversidades corporativas que aseguran que las gentes estén mayormente idiotas e incapacitadas para "ver" la depredación que se ejerce desde los propios estados y con la anuencia de los poderes imperiales...
y así como así, alguien comprueba que la justicia por mano propia puede ser buena, porque se parte del principio del "uno menos", y "uno menos" se traduce como reducir los rangos de los miedos sociales, y cuando ello ocurre, mal que le pese a los jueces trasnochados que mienten a diestra a siniestra, no hay regreso... y el no regreso, asegura que los miedos volverán a aquellos que suelen vivir de lo ajeno, apropiándose de destinos que no les pertenecen o asaltando consciencias que responden a otras auras...
indudablemente, la justicia por mano propia también es injusticia, tanto como la ausencia de los estados y el imperio de las corporaciones debería juzgarse como delitos de lesa humanidad. ABRIL 02, 2014.-
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