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¿Qué ha pasado en Venezuela desde la visita de Bachelet?
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Una madre venezolana de 21 años migra sola con su hijo de 3 meses. Crédito: Unicef
- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró este lunes 9 su llamado al gobierno y a la oposición de Venezuela para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación, lo que ella considera la única manera para poder superar la situación actual.
En un discurso en el marco de la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada informó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha confirmado su voluntad de avanzar sobre los compromisos acordados durante su visita al país en junio, pero que aún queda mucho por resolver.
La jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas expresó una vez más su disponibilidad y la de su oficina dentro y fuera del país para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la crisis que afecta a millones de venezolanos.
Situación de los detenidos
Bachelet aseguró que se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de su Oficina en Caracas, al cual se le autorizó visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, en la capital venezolana.
“Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. El Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina”, afirmó.
Pero destacó que “queda pendiente la liberación plena de la jueza Maria Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales”, dijo.
Bachelet afirmó además que el gobierno se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos de detención arbitraria; y que ha puesto medidas en marcha para aliviar la situación médica de algunos detenidos.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos. Crédito Jean Marc Ferré/ONU
Ejecuciones extrajudiciales
Sin embargo, la alta comisionada informó que se han seguido documentando posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES.
“Tan solo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas”, afirmó en su informe sobre lo sucedido en Venezuela desde su visita al país en junio.
“Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”, dijo.
Bachelet sostuvo que, según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público (fiscalía), de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.
“Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”, recalcó.
Además, en el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (Sebin) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas antigubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017.
“Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas”, dijo Bachelet.
Un niño hace malabares por dinero en las calles de Caracas, la capital de Venezuela. Crédito: Unicef
La situación económica y social
La jefa de derechos humanos aseguró que el ejercicio de los derechos económicos y sociales continúa restringido.
“La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”, informó al Consejo.
Agregó que en la actualidad el salario mínimo de un venezolano equivale a dos dólares mensuales, cinco dólares menos que en comparación con junio, y que una familia necesita recibir el equivalente a 41 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica alimentaria.
También afirmó que la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades; que los servicios públicos siguen fallando, especialmente en el estado de Zulia; y que el desabastecimiento de combustible fuera de Caracas está agravando la situación.
“En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos”, dijo.
“Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”, recordó.
La alta comisionada además informó que durante junio de este año, la organización humanitaria Caritas reportó un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años.
Michelle ha cruzado el río que hace de frontera entre Venezuela y Colombia con su bebé, Ashley, en los brazos. Necesita medicinas que no puede conseguir en su país y que sí obtendrá de la Cruz Roja en el lado colombiano. Crédito: PMA
La salud
Bachelet dijo que le preocupaba particularmente la falta de acceso a medicamentos y tratamiento para 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas.
“Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos”, dijo.
Además, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para recibir trasplantes en el marco de programas estatales.
En los últimos meses, al menos cuatro niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Una mujer y un niño indígenas de Venezuela en un albergue en Pacaraima, Brasil. Crédito: Acnur
Los pueblos indígenas
“Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”, expresó Bachelet.
Agregó que también le preocupa el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco tienen en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.
La alta comisionada recalcó que a pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, las autoridades indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen que no hubo consultas, ni estudios de impacto ambiental adecuados.
La justicia
Bachelet expresó su rechazo a la condena el 13 de agosto del líder sindical Rubén González a cinco años y nueve meses de prisión por un tribunal militar, y sostuvo que su familia ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento.
“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, recordó.
También dijo que le preocupaban las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. “Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria”, dijo.
La Oficina de la Alta Comisionada también documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada.
Bachelet solicitó a las autoridades pasar a la acción para corregir estas prácticas, permitir el acceso médico e investigar las violaciones a los derechos humanos.
“La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM fueron detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”, expresó.
Refugiados y migrantes venezolanos cruzan a pie el puente Simón Bolívar, uno de los 7 cruces legales en la frontera entre Venezuela y Colombia. Crédito: Acnur
Los emigrantes
Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo.
Bachelet celebró los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida e hizo eco a las palabras de Eduardo Stein, representante especial del secretario general de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular.
“No deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación”, dijo.
Agregó que le preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redobló su pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
La Oficina continúa documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados.
“Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe”, informó.
Las ONG
Finalmente, la alta comisionada dijo que le preocupaba la información recibida por su Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación.
“Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención. Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando”, concluyó.
Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.
RV: EG
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