Estremecedora escalada en Argentina
En los debates de la democracia del país había una línea que no se traspasaba: nadie tiene derecho a lastimar a otro
El lunes pasado, la Cámara de Diputados de la Argentina debatía una reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno de Mauricio Macri y que, básicamente, consistía en la reducción de un aumento que le correspondía a los trabajadores jubilados. Pasado el mediodía, una gran manifestación llegó hasta el Congreso, donde la esperaba una amplia formación policial. La situación era de extrema tensión. La semana anterior, durante un intento fallido de tratamiento del mismo tema, las fuerzas de seguridad habían gaseado, golpeado y lastimado a manifestantes, algunos de los cuales habían arrojado pedradas de grueso calibre e incendiado autos.
Todo hacía prever que las cosas empeorarían el lunes y así, exactamente así, fue como ocurrió.
Cerca de la una y media de la tarde, una nutrida manifestación llegó a la histórica plaza de los Dos Congresos para protestar contra la ley. La esperaba una importante formación policial, que se protegía detrás de un vallado. Cuando la vanguardia de la multitud llegó a ese tope, cientos de manifestantes comenzaron a lanzar una impresionante lluvia de bulones y pedradas contra la policía.
Esa agresión duró más de dos horas. La policía aguantaba mientras varias decenas de sus agentes caían heridos. Por momentos, parecía que los rebeldes estaban en condiciones de sobrepasar las vallas y entrar al Congreso.
Como era de esperar, en un momento empezaron los gases y la policía avanzó contra los manifestantes. Las corridas duraron varias horas. Las imágenes de la agresión contra la policía fueron estremecedoras. Pero a eso se le sumaron luego otras: un policía en moto que pasa por encima de un manifestante caído, luego de lo cual otro policía le dispara un tiro de cerca; tres manifestantes que pierden un ojo por disparos de balas de goma de la policía; un señor mayor que recibe gas pimienta de un policía, luego de otro y finalmente es golpeado con un palo por un tercero; la policía que, lejos de los hechos, simplemente dispara balas de goma y gases contra personas que solo se estaban manifestando.
El escenario se completó con otros episodios violentos. Por ejemplo, una patota de manifestantes la emprendió a trompadas y patadas contra un popular cronista de un canal de televisión, en reprimenda, tal vez, por la línea política de esa emisora. Algunos periodistas fueron detenidos, otros lastimados por manifestantes o por la misma policía.
Macri logró que la ley se aprobara. Pero el saldo que quedó de la batalla, y sus consecuencias en el futuro, son muy difíciles de calibrar. Sería tonto que el Gobierno subestimara el clima que se ha generado.
Durante las últimas décadas, en la Argentina hubo hechos mucho más graves que el ajuste promovido por el Gobierno actual. Muchas personas dieron enormes muestras de templanza. Familiares de desaparecidos durante la dictadura militar o de víctimas de distintas tragedias —como la explosión de la mutual de la comunidad judía, el choque de un tren administrado de manera corrupta por el Estado o el incendio de un local bailable que dejó 200 chicos muertos— marcharon incansablemente para pedir justicia.
No habían perdido algo de dinero: habían perdido hijos, nietos, padres. Soportaron humillaciones, leyes de impunidad, fallos absurdos. Sin embargo, nunca recurrieron a la violencia ni a la venganza por mano propia. La democracia argentina ha atravesado períodos de debates apasionados y muy agresivos, pero, salvo excepciones muy puntuales, hubo una línea que no se traspasaba. Esa línea sostenía algo muy claro: nadie tiene derecho a lastimar a otra persona.
Ese límite parece ahora borroso.
Para colmo de males, nadie tiene demasiado aprecio por la autocrítica. Los principales referentes de la oposición se niegan a repudiar esos hechos. Ya hay partidos de izquierda que, directamente, los reivindican como una reacción natural de protesta contra un régimen injusto. Y el Gobierno no registra que, aun cuando la represión en esta última semana no se haya cobrado víctimas fatales, las fuerzas de seguridad han provocado de forma innecesaria, ha habido momentos de violencia muy agresivos y se empiezan a naturalizar imágenes que no eran habituales en la democracia argentina: policías corriendo por las calles a manifestantes desarmados, por ejemplo. En esta dinámica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mujer de confianza del presidente, pero resistida en otros sectores del Gobierno, juega un rol clave al respaldar todo lo que hacen las fuerzas de seguridad, aun cuando expongan sus rasgos más brutales.
La Argentina enfrenta una situación económica muy delicada. El presidente Macri encabeza un Gobierno de minorías, en un contexto en el cual cree necesario impulsar medidas impopulares. Por ahora, eso no le ha hecho perder consenso social. Macri está obligado a un permanente ejercicio de paciencia y negociación, en un proceso donde es difícil medir si tiene el tiempo necesario para evitar una crisis, y si —además— el camino que ha elegido es el correcto. En medio de eso, se ha instalado una escalada de una agresividad sorprendente. Diciembre ha sido siempre un mes de alta conflictividad en la Argentina. Esta semana, por ejemplo, se cumplen 16 años de la caída del presidente Fernando de la Rúa, en medio de la crisis política y económica más grave que soportó la democracia.
Hay muchas diferencias entre aquella situación y esta. La crisis económica no es, ni por lejos, de la misma magnitud. Macri acaba de ganar bien una elección de medio término, por lo cual su autoridad política parece fuerte. La ley contó, además, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas.
Sin embargo, los recuerdos de aquellos días laten en carne viva en la memoria colectiva. Estamos lejos de aquellos días terribles. Pero esta durísima semana, es una advertencia de que sería mejor no tentar al demonio.
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