Perú: ni estabilidad ni reconciliación
Llama la atención que haya aún quien quiera seguir manejando las cosas como cuando
las sociedades eran silentes
La inestabilidad política y polarización que hoy afecta al Perú no son un “acto de la naturaleza” ni efecto de una economía en crisis (que no lo está). Es la turbulenta expresión de un manejo político torpe, causado tanto por el Gobierno de PPK como por la oposición fujimorista que controla el Congreso, en sorprendente incompetencia recíproca.
En ella comparten el desprecio a una sociedad tratada como mera espectadora pero que no acepta quedarse como tal. El “que se vayan todos” es respaldado ahora por más del 67 % de la población (reciente encuesta de Ipsos) cuando los actuales Gobierno y Congreso llevan menos de año y medio en funciones. Dos son los momentos en los que esta situación se ha expresado —y con mucho ruido— a lo largo de la última semana.
El primero: el frustrado intento de vacancia al presidente PPK. Aunque la vacancia fast track no procedía —ni procedió—, sí era y sigue siendo necesario un examen riguroso y con calma de la información sensible sobre los posibles conflictos de interés entre PPK y Odebrecht cuando era ministro de economía hace poco más de diez años.
Segundo momento: el indulto a Fujimori, dictado en medio de las celebraciones navideñas. Alto precio a pagar, en aparente acuerdo con un sector fujimorista para salvarse de la vacancia. El indulto, dictado en nombre de la “reconciliación nacional”, abrió la actual fase de polarización y confrontación, la cual se expresa tanto en el ámbito político como en el jurídico.
En cuanto a lo político, lo que es evidente es que el necesario proceso de reconciliación nacional” tendría que tener bases y contenidos distintos de un sorpresivo indulto a un Fujimori luego del cual no ha sido capaz de pedir perdón por los graves crímenes cometidos durante su Gobierno autoritario. Se ha limitado a lamentar haber “defraudado” a un sector del país mientras fue presidente, como haría cualquier expresidente. Grave que Gobierno, Congreso y Fujimori no hayan dicho una palabra sobre las víctimas y la sociedad agredidas con escuadrones de la muerte y otras formas de represión ilegal durante el Gobierno del indultado.
El cuestionamiento jurídico es ya amplio, tanto en lo interno como internacionalmente. Probablemente en ello esté el medular talón de Aquiles de esta medida dictada con escaso rigor. Primero, porque la gravedad de la condición de salud para sustentar el indulto humanitario no queda demostrada y tiene tenue legitimidad un perdón dictado a partir del informe de una cuestionada junta médica de tres galenos integrada, entre otros, por el médico personal de Fujimori.
Pero la medida no queda en el indulto. Se incluyó en la misma resolución, bajo el elusivo título de “derecho de gracia”, la decisión de extraer a Fujimori de cualquier proceso penal presente o futuro. Esta ha sido diseñada de manera tan atropellada que lleva consigo una debilidad jurídica tan gruesa que es poco sostenible tanto en el plano interno como en el internacional.
De acuerdo a la Constitución (art. 118.21), para aplicar el “derecho de gracia” presidencial tiene que haber transcurrido un tiempo mínimo en la fase de instrucción del proceso penal: al menos el “doble del plazo de la instrucción más su ampliación”. La participación de Fujimori en el proceso por una masacre de seis personas cometidas durante su Gobierno en la que la Fiscalía le atribuye responsabilidad penal se ha iniciado recién hace cinco meses. No se cumple el plazo mínimo constitucional, que sería de 24 meses en un caso complejo como éste por lo que el juez penal estaría habilitado para declarar inaplicable el mencionado “derecho de gracia”.
Internacionalmente, a su vez, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana ha declarado inadmisibles las medidas que impiden la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos. Suena perfectamente lógico —y predecible— que el tribunal interamericano se aboque a tratar este tema para lo cual existe una amplia y sostenida jurisprudencia sobre el deber de investigar y sancionar las graves violaciones.
Llama la atención que haya aún en las alturas quienes quieran seguir manejando las cosas como cuando las sociedades eran silentes, las instituciones inoperantes y el derecho inexistente. Las reacciones venidas y por venir nos irán indicando cuánto han cambiado las cosas.
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