¿La democracia de Brasil ante un cambio de ciclo por la corrupción?

Por Mario Osava© Reproducir este artículo| |

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto para impulsar su candidatura a las elecciones de 2018, en Brasil. Una aspiración que se truncaría si fuese condenado por corrupción por un tribunal de segunda instancia antes de los comicios. Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

RÍO DE JANEIRO, 3 nov 2017 (IPS) - “El ciclo democrático iniciado en los años 80 está llegando a su final” en Brasil, pero sin “soluciones autoritarias” a la vista, evalúa Tarso Genro, exministro de Justicia y de Educación e ideólogo del Partido de los Trabajadores (PT).

Una “salida concertada para restablecer un clima político decente” aún es posible para las elecciones de 2018, planteó a IPS. Pero también alertó que bloquear la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del izquierdista PTy quien presidió el país entre 2003 y 2010, le quitaría legitimidad a los comicios y restaría condiciones para la continuidad democrática.

Lula encabeza las encuestas sobre posibles candidatos a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, con cerca de 35 por ciento de la intención de voto, pero enfrenta el obstáculo de la Ley de Ficha Limpia, aprobada en 2010, que prohíbe la postulación de aquellos condenados en segunda instancia judicial.

Condenado a nueve años de cárcel por corrupción en una primera instancia, Lula aguarda el fallo del Tribunal de Apelación que podrá sellar su retiro electoral en los próximos meses.

La visión de Genro tiene un sesgo partidista, pero el deterioro del régimen democrático en Brasil es visible desde cualquier mirada que se aborde.

El informe de 2017 de Latinobarómetro, corporación sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, destaca a Brasil como el país latinoamericano de más baja satisfacción con la democracia, solo 13 por ciento de los entrevistados, contra más de 50 por ciento en Uruguay, Nicaragua y Ecuador, los campeones.

Brasil es también donde los políticos ostentan los más bajos niveles de confianza, con su gobierno y partidos políticos en el último lugar entre los 18 países incluidos en el estudio. El parlamento logró quedar en penúltimo lugar, por encima del de Paraguay por tan solo un punto porcentual, con 11 y 10 por ciento respectivamente.

“El país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”, para 97 por ciento de los brasileños del sondeo.

La deprimente autoevaluación se extiende a otras áreas. La más baja confianza interpersonal es brasileña, con solo siete por ciento de encuestas que respondieron que “se puede confiar en la mayoría de las personas”. Los campeones, Chile y Ecuador, alcanzaron 23 por ciento.

Los conflictos entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores y entre hombres y mujeres son más fuertes en Brasil que en casi todos los demás países, según los participantes locales en Latinobarómetro 2017.

Los brasileños son también los que más consideran “la corrupción como el problema más importante del país”, con 31 por ciento de las respuestas, seguidos de colombianos y peruanos, con 20 y 19 por ciento, respectivamente. Sin embargo, Brasil es el país donde el gobierno menos la combate, según los encuestados.

“Mi decepción es total, aprendí que todos los políticos son corruptos, nadie es confiable, ningún partido”, resumió Irene Gaspar dos Santos, de 76 años, que vive en Itapema, pequeña ciudad balnearia del meridional estado de Santa Catarina.

“Ya no tengo ilusiones, pero mi esperanza es que la democracia sobreviva a los riesgos alimentados por tontos que piden la intervención militar”, acotó a IPS.

La avalancha de escándalos que desde hace tres años asombra a los brasileños desnudó un modo de operar la política brasileña, generando el descrédito general.

Los sobornos construyeron triunfos electorales, coaliciones, líderes, imperios empresariales e incluso leyes vigentes, revelaron los procesados que decidieron colaborar con la justicia.

Sus llamadas “delaciones premiadas”, con reducción de las penas, confirmaron una corrupción generalizada, antes sospechada pero no en la extensión y profundidad ahora conocidas.

Sirvieron para la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, en agosto de 2016, porque miembros del PT, al que pertenece, fueron los principales blancos iniciales de la operación Lava Jato (autolavado) que empezó por investigar la corrupción en los negocios petroleros del grupo estatal Petrobras.

Pero los testimonios y pruebas acumuladas desde mediados de 2016 enredaron en su telaraá a todos los partidos que participaron en el poder en las últimas décadas, especialmente el centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), núcleo central del gobierno actual de Michel Temer, vicepresidente de Rousseff, elevado al poder por su destitución.

Temer fue acusado de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y de cabeza de una organización criminal por el Ministerio Público Federal (fiscalía general), pero no será enjuiciado, porque no lo autorizó la Cámara de Diputados, un requisito constitucional.

Decenas de legisladores y ministros del actual gobierno, en que sobresalen los del PMDB, afrontan procesos judiciales, más de 10 en algunos casos, pero están protegidos por el llamado “foro privilegiado”, la prerrogativa de ser enjuiciados solo por el Supremo Tribunal Federal, cuyos procesos demoran años.

La suma de sobornos que han trascendidos alcanzan ya centenares de millones de dólares y probablemente subirán a miles de millones. En un apartamento ocupado por el detenido exministro y exdiputado del PMDB, Geddel Vieira Lima, la policía descubrió 51 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) en dinero en efectivo.

“Es increíble como salieron de bancos y empresas estatales tanto dinero como se reveló, sin ningún control”, se espantó Errol dos Santos, con base en su experiencia de gerente de una gran empresa transnacional.

Dos Santos, ahora de 78 años y jubilado, se lamentó con IPS de observar la frustración de los jóvenes, como sus nietos, que “quieren dejar el país”, ante “la vergüenza y la imposibilidad de reaccionar” a la corrupción y al viciado sistema político.

“La desconfianza en los políticos no es causada por la corrupción, ya que ella siempre existió, incluso en mayor grado”, según Genro. “Ante la desagregación social y el desmantelamiento de las políticas de ‘bienestar’ del gobierno de Lula, aparece la corrupción como causa de la crisis y del malestar social”, matizó.