La doble crisis del campo
La brecha entre mundo rural y urbano se ensancha por los recortes
Una aldea acusa mucho más que una ciudad los ajustes en servicios sociales consolidados hace décadas
La sangría de población hacia las cabeceras de comarca ya es una realidad
El cierre de escuelas rurales por la despoblación y la crisis amenaza la vida de localidades pequeñas. / Anxo Iglesias
Los recortes de servicios, justificados como inevitables por la crisis económica, están entrando como una cuña entre el mundo rural y el urbano. Esa brecha, que nunca se cerró del todo, corre ahora el riesgo de profundizar en abismos superados hace décadas. El paro agrícola no deja de crecer y los presupuestos presentados para 2013 clavan la puntilla en partidas destinadas a la modernización y el desarrollo rurales. En territorios que ya soportan importantes carencias, estos recortes tienen una incidencia muy especial. Ocurre, por ejemplo, con el transporte escolar: no es lo mismo poner trabas a este servicio en una ciudad, que dispone de autobuses de línea o metro, que hacerlo en los pueblos, donde esta decisión puede dejar en casa definitivamente a cientos de potenciales bachilleres.
En Extremadura pelean por esa conquista, que allá donde no se ha perdido está zozobrando: “Eliminar la gratuidad del transporte afecta en esta región a unos 6.000 alumnos de bachillerato y FP, sobre todo de los pueblos. El asunto todavía no se ha resuelto, pero las familias están desconcertadas. Esto es un ataque a la educación pública y constituye una desigualdad manifiesta para los chicos de campo frente a los de las ciudades”, sostiene Joaquina López, presidenta de Ceapa-Extremadura, la asociación mayoritaria de padres de alumnos.
Muchos de estos ejemplos son coincidentes en otras comunidades autónomas, con modalidades diversas. Es el caso de las escuelas rurales, por seguir con la educación. Este año, las familias de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León han secundado protestas por la desaparición de estos centros o la reunión en ellos de más alumnos de distintas edades de los que se pueden atender con profesionalidad. 13 alumnos siguen sin escolarizar en Cañada del Hoyo (Cuenca) “porque la Administración quiere trasladarlos a Carboneras, un pueblo a 18 kilómetros y dos puertos de montaña. Dicen que con 11 chicos se puede mantener la escuela, pues nosotros tenemos 13”, se queja José Dionisio Béjar. “Se te quitan las ganas de vivir en un pueblo. Yo soy agricultor y no descarto irme a Cuenca a vivir y ser yo el que se traslade al campo por las mañanas”, añade.
Paco Vallejo ha dejado su pueblo, San Pedro Manrique (Soria) y se ha ido a la capital de la provincia. Durante años hubo una prórroga para que los alumnos de primer ciclo de la ESO permanecieran en los pueblos. Ese plazo se ha acabado y Paco, su mujer y su hija se han marchado. Ahora es él el que viaja hasta el pueblo cada mañana, a 45 kilómetros y un puerto de montaña mediante. Comparte una explotación agrícola y ganadera con sus hermanos. “Vivir en Soria supone un desarraigo de la familia, ya no los veo como antes. Tampoco veo el ahorro, porque a los chicos hay que pagarles el alojamiento en la capital y transportarles los fines de semana”. Opina que las consecuencias se verán a largo plazo “porque aquellos jóvenes que quieran quedarse en los pueblos pensarán que para qué, si dentro de unos años tendrán que dejarlos por los estudios de sus hijos”.
Si se van los niños se muere el pueblo, repiten muchos. Por esa vía las aldeas están sufriendo una sangría de población propia de las épocas de emigraciones. Las mejores comunicaciones trasladan ahora a la gente a las cabeceras de comarca, a la ciudad más cercana, donde tienen de todo, clases de música o de ballet, idiomas para sus hijos, centros de día para los ancianos... La crisis tiene una doble cara en el mundo rural: por un lado está devolviendo a los pueblos a familias que se ahogaban en las ciudades, perdido el empleo, pagando guarderías... Pero, por otro, está dejando en el esqueleto ciertos servicios consolidados hace lustros.
25 años atrás, en Ayllón (nordeste de Segovia) no había ni consultorio médico. “Mujeres de todo signo político viajaron a la capital de provincia para pedirlo y se encerraron allí dos semanas, con todo el frío del invierno. Lo consiguieron”, hace memoria Sonia Castro, que ahora es portavoz de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria en el Medio Rural. Hace más de una década aquellos servicios se ampliaron con un dispensario de urgencias que ahora ha perdido las guardias nocturnas: “De 10 de la noche a ocho de la mañana ya no hay urgencias. El centro más cercano es Riaza, a 25 kilómetros y un único médico ha de cubrir allí urgencias para 6.000 habitantes de 51 pueblos”, añade Castro.
A los puertos de montaña y las dificultades de las carreteras secundarias, a la nieve y el frío, los habitantes de los pueblos añaden siempre un detalle: la población envejecida, que requiere servicios médicos cercanos. “Y lo más gracioso es que a este recorte lo llaman reorganización”, se queja con sorna Castro.
A principios de los noventa, ya ha llovido, nacieron los grupos de acción local, para dinamizar los pueblos y buscar el equilibrio con los centros urbanos. “Se buscaba un desarrollo armónico, integral y cohesionado. Después, en 2007, vino la ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que ha pasado de un total de 200 millones en 2011 a los 20 presupuestados este año, ¿qué se puede hacer con eso?”, pregunta Francisco González, diputado socialista de Asturias responsable de Desarrollo Rural.
González, que también ha sido representante de los pueblos pequeños en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, opina que lo que está ocurriendo con los pueblos es “una tomadura de pelo”. “Es cierto que el 90% es territorio rural, donde solo vive el 20% de la población, pero vivir en el mundo rural no es una circunstancia, es un derecho y también lo son la sanidad o la educación; otra cosa es que se quiera recortar en el horario de la piscina”, señala.
González menciona la paradoja de pueblos y aldeas “que están sirviendo de refugio a familias que retornan por la crisis mientras lo rural sigue perdiendo protagonismo”. “El salto en las rentas de las últimas décadas no fue armónico entre la ciudad y el campo, pero ahora corre el riesgo de acentuarse aún más”, aventura.
A las personas de pueblo se les ha pedido que cuiden el medio ambiente para disfrute de domingueros y turistas, pero ¿qué se les da a cambio? Las aldeas en los entornos de los parques nacionales recibían fondos de compensación por limitar sus actividades sobre la tierra y la fauna en pro del turismo ecológico. Pero esas compensaciones por mantener intactos espacios de fuerte protección también han desaparecido del presupuesto recién presentado.
Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se muestra indignada. “Es humillante. Vamos a la despoblación más absoluta y todavía tenemos que escuchar el eterno mensaje de lo bien que se vive en los pueblos y lo subsidiados que están los agricultores y ganaderos. No nos ven ni como ciudadanos”, dice. “Últimamente detecto mensajes aquí y allá que son como una llamada a la España atávica: ‘Aguantad, que las mujeres rurales sabéis lo que es sufrir’. Pues sí, pero es que no queremos sufrir”, añade.
La UPA ha diseccionado los presupuestos para 2013 del Ministerio de Agricultura para ver, con disgusto, cómo hay partidas que se quedan a cero. Otras caen en cifras sensibles, como los seguros agrarios del Estado, que se recortan en 47 millones, un 19%; o el 33% que pierde la partida de desarrollo rural, “todas aquellas medidas que no son directas a la producción, sino asesorías de explotaciones, turismo, programas para la promoción de cooperativas, el avance de la mujer en el entorno rural, etcétera”, menciona Cortiñas. Más de un 50% se reducen las ayudas para la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores, “que les permiten buscar la independencia paterna”, explica Cortiñas.
Desaparecen las ayudas para renovar maquinaria, que en 2011 contaba con algo más de cuatro millones de euros. Nada se sabe tampoco de la partida para la prevención de plagas, y el fomento del asociacionismo sufre un hachazo del 95,7%.
El campo languidece. Pero los alcaldes se resisten y algunos enarbolan unas pocas cifras: “El 98% de los pueblos pequeños, de menos de 1.000 habitantes, tienen equilibrio presupuestario, es decir, o no tienen deudas o las tienen asumibles”, dice Fernando Rubio, alcalde de Juzbado (Salamanca). “Estos datos son solo de esta provincia, pero es que Salamanca es la segunda de España con más municipios pequeños y una gran dispersión”, explica. A pesar del saneamiento de las cuentas locales, Rubio se queja de injerencias de Administraciones superiores, como un nuevo menosprecio al mundo rural.
Cita también el borrador de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, “que incluye la disminución del número de cargos electos; para abaratar costes, dicen, algo incomprensible en el entorno rural, donde alcaldes y concejales ejercen como voluntarios sin cobrar por su función. Los concejales de pueblo bien sabemos qué es salir a atender a un vecino o a arreglar la instalación del agua de madrugada, o viajar en nuestro coche particular para lograr desarrollo para nuestro municipio...”, explica.
Rubio desgrana algunos problemas con los que se están encontrando las aldeas con menos habitantes, algo que, asegura “indigna a alcaldes de todos los partidos”. “Hay una disminución drástica del transporte público entre pueblos y centros comarcales y capitales de provincia (de tres viajes a la semana ahora solo van una vez). Las líneas de autobuses que atravesaban los pueblos entre Soria y Burgos se han limitado, por ejemplo”. “Ahora solo tenemos el viaje por la mañana, pero no el de la tarde, así que a la gente no siempre le da tiempo a hacer lo que iban a hacer en la ciudad”, se queja el alcalde de Navaleno (Soria), Paulino Herrero. “Cada uno puede vivir donde quiera, pero legislan igual para todos y no todos tenemos las mismas características”, añade. “En los pueblos nacen pocos niños, como en las ciudades, pero no veo que en las ciudades les cierren las escuelas como aquí”, lamenta.
El alcalde de Juzbado afirma que hay zonas en la provincia de Salamanca donde el transporte público ha pasado de funcionar tres días a la semana a solo un día y se ha producido también “un empeoramiento del servicio de traslado a hospitales de referencia para recibir tratamientos continuos (quimioterapia, diálisis, rehabilitación traumatológica...)”. La amenaza que se cierne es aún mayor, porque en unos meses podrían estar pagando parte de estos traslados, que en el mundo rural son largos y pesados. “En ocasiones estos pacientes deben recorrer largos trayectos hasta que se van llenando todas las plazas de la ambulancia antes de enfilar hacia el hospital”, dice. Y su colega, de Navaleno insiste en la idea: “Yo soy funcionario de prisiones, en la cárcel hay dos médicos, tres ATS y dos enfermeras para 170 internos; en mi pueblo, Navaleno, de 900 habitantes, no te puedes poner malo después de las horas de médico por la mañana. Si lo haces, a Soria o a San Leonardo”.
Son estos pueblitos los que están acusando los golpes de los recortes, y la falta de servicios o la pérdida de ellos aboca a las mujeres a abandonarlos. La estadística es meridiana, en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, cada vez vive menos gente y el éxodo es mayoritariamente femenino. Los expertos lo han estudiado recientemente. Ellas tienen más estudios, por tanto, necesitan otros empleos donde colocarse y la falta de servicios las conduce a ciudades más grandes. La antigua inercia de los pueblos favorecía siempre el mismo reparto de las tareas: en ellos recaía la herencia de tierras y explotaciones, en ellas, además del trabajo de la tierra, el cuidado de hijos y mayores. Un destino para el que las mujeres ya no están tan disponibles como antes. Pero los recortes dañarán más la situación de las que desempeñan aún esas tareas. Las ayudas económicas previstas en la Ley de Dependencia precisamente para estos casos excepcionales que se dan, sobre todo, en el mundo rural, donde no siempre hay residencias de ancianos ni centros de día, ahora se han reducido un 15%. Una medida lineal que afectará más en el pueblo. Esas mujeres que tenían por vez primera una ayuda por cuidar de sus ancianos y discapacitados, lo harán ahora como siempre, prácticamente gratis.
Francisco González, diputado asturiano, protesta así: “Y mientras, sube el presupuesto para la Iglesia católica. El medio rural va a tener que salir de procesión para que le traten tan bien como a la Iglesia”.
Muchos de estos ejemplos son coincidentes en otras comunidades autónomas, con modalidades diversas. Es el caso de las escuelas rurales, por seguir con la educación. Este año, las familias de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León han secundado protestas por la desaparición de estos centros o la reunión en ellos de más alumnos de distintas edades de los que se pueden atender con profesionalidad. 13 alumnos siguen sin escolarizar en Cañada del Hoyo (Cuenca) “porque la Administración quiere trasladarlos a Carboneras, un pueblo a 18 kilómetros y dos puertos de montaña. Dicen que con 11 chicos se puede mantener la escuela, pues nosotros tenemos 13”, se queja José Dionisio Béjar. “Se te quitan las ganas de vivir en un pueblo. Yo soy agricultor y no descarto irme a Cuenca a vivir y ser yo el que se traslade al campo por las mañanas”, añade.
Paco Vallejo ha dejado su pueblo, San Pedro Manrique (Soria) y se ha ido a la capital de la provincia. Durante años hubo una prórroga para que los alumnos de primer ciclo de la ESO permanecieran en los pueblos. Ese plazo se ha acabado y Paco, su mujer y su hija se han marchado. Ahora es él el que viaja hasta el pueblo cada mañana, a 45 kilómetros y un puerto de montaña mediante. Comparte una explotación agrícola y ganadera con sus hermanos. “Vivir en Soria supone un desarraigo de la familia, ya no los veo como antes. Tampoco veo el ahorro, porque a los chicos hay que pagarles el alojamiento en la capital y transportarles los fines de semana”. Opina que las consecuencias se verán a largo plazo “porque aquellos jóvenes que quieran quedarse en los pueblos pensarán que para qué, si dentro de unos años tendrán que dejarlos por los estudios de sus hijos”.
Si se van los niños se muere el pueblo, repiten muchos. Por esa vía las aldeas están sufriendo una sangría de población propia de las épocas de emigraciones. Las mejores comunicaciones trasladan ahora a la gente a las cabeceras de comarca, a la ciudad más cercana, donde tienen de todo, clases de música o de ballet, idiomas para sus hijos, centros de día para los ancianos... La crisis tiene una doble cara en el mundo rural: por un lado está devolviendo a los pueblos a familias que se ahogaban en las ciudades, perdido el empleo, pagando guarderías... Pero, por otro, está dejando en el esqueleto ciertos servicios consolidados hace lustros.
25 años atrás, en Ayllón (nordeste de Segovia) no había ni consultorio médico. “Mujeres de todo signo político viajaron a la capital de provincia para pedirlo y se encerraron allí dos semanas, con todo el frío del invierno. Lo consiguieron”, hace memoria Sonia Castro, que ahora es portavoz de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria en el Medio Rural. Hace más de una década aquellos servicios se ampliaron con un dispensario de urgencias que ahora ha perdido las guardias nocturnas: “De 10 de la noche a ocho de la mañana ya no hay urgencias. El centro más cercano es Riaza, a 25 kilómetros y un único médico ha de cubrir allí urgencias para 6.000 habitantes de 51 pueblos”, añade Castro.
A los puertos de montaña y las dificultades de las carreteras secundarias, a la nieve y el frío, los habitantes de los pueblos añaden siempre un detalle: la población envejecida, que requiere servicios médicos cercanos. “Y lo más gracioso es que a este recorte lo llaman reorganización”, se queja con sorna Castro.
A principios de los noventa, ya ha llovido, nacieron los grupos de acción local, para dinamizar los pueblos y buscar el equilibrio con los centros urbanos. “Se buscaba un desarrollo armónico, integral y cohesionado. Después, en 2007, vino la ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que ha pasado de un total de 200 millones en 2011 a los 20 presupuestados este año, ¿qué se puede hacer con eso?”, pregunta Francisco González, diputado socialista de Asturias responsable de Desarrollo Rural.
González, que también ha sido representante de los pueblos pequeños en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, opina que lo que está ocurriendo con los pueblos es “una tomadura de pelo”. “Es cierto que el 90% es territorio rural, donde solo vive el 20% de la población, pero vivir en el mundo rural no es una circunstancia, es un derecho y también lo son la sanidad o la educación; otra cosa es que se quiera recortar en el horario de la piscina”, señala.
González menciona la paradoja de pueblos y aldeas “que están sirviendo de refugio a familias que retornan por la crisis mientras lo rural sigue perdiendo protagonismo”. “El salto en las rentas de las últimas décadas no fue armónico entre la ciudad y el campo, pero ahora corre el riesgo de acentuarse aún más”, aventura.
A las personas de pueblo se les ha pedido que cuiden el medio ambiente para disfrute de domingueros y turistas, pero ¿qué se les da a cambio? Las aldeas en los entornos de los parques nacionales recibían fondos de compensación por limitar sus actividades sobre la tierra y la fauna en pro del turismo ecológico. Pero esas compensaciones por mantener intactos espacios de fuerte protección también han desaparecido del presupuesto recién presentado.
Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se muestra indignada. “Es humillante. Vamos a la despoblación más absoluta y todavía tenemos que escuchar el eterno mensaje de lo bien que se vive en los pueblos y lo subsidiados que están los agricultores y ganaderos. No nos ven ni como ciudadanos”, dice. “Últimamente detecto mensajes aquí y allá que son como una llamada a la España atávica: ‘Aguantad, que las mujeres rurales sabéis lo que es sufrir’. Pues sí, pero es que no queremos sufrir”, añade.
La UPA ha diseccionado los presupuestos para 2013 del Ministerio de Agricultura para ver, con disgusto, cómo hay partidas que se quedan a cero. Otras caen en cifras sensibles, como los seguros agrarios del Estado, que se recortan en 47 millones, un 19%; o el 33% que pierde la partida de desarrollo rural, “todas aquellas medidas que no son directas a la producción, sino asesorías de explotaciones, turismo, programas para la promoción de cooperativas, el avance de la mujer en el entorno rural, etcétera”, menciona Cortiñas. Más de un 50% se reducen las ayudas para la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores, “que les permiten buscar la independencia paterna”, explica Cortiñas.
Desaparecen las ayudas para renovar maquinaria, que en 2011 contaba con algo más de cuatro millones de euros. Nada se sabe tampoco de la partida para la prevención de plagas, y el fomento del asociacionismo sufre un hachazo del 95,7%.
El campo languidece. Pero los alcaldes se resisten y algunos enarbolan unas pocas cifras: “El 98% de los pueblos pequeños, de menos de 1.000 habitantes, tienen equilibrio presupuestario, es decir, o no tienen deudas o las tienen asumibles”, dice Fernando Rubio, alcalde de Juzbado (Salamanca). “Estos datos son solo de esta provincia, pero es que Salamanca es la segunda de España con más municipios pequeños y una gran dispersión”, explica. A pesar del saneamiento de las cuentas locales, Rubio se queja de injerencias de Administraciones superiores, como un nuevo menosprecio al mundo rural.
Cita también el borrador de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, “que incluye la disminución del número de cargos electos; para abaratar costes, dicen, algo incomprensible en el entorno rural, donde alcaldes y concejales ejercen como voluntarios sin cobrar por su función. Los concejales de pueblo bien sabemos qué es salir a atender a un vecino o a arreglar la instalación del agua de madrugada, o viajar en nuestro coche particular para lograr desarrollo para nuestro municipio...”, explica.
Rubio desgrana algunos problemas con los que se están encontrando las aldeas con menos habitantes, algo que, asegura “indigna a alcaldes de todos los partidos”. “Hay una disminución drástica del transporte público entre pueblos y centros comarcales y capitales de provincia (de tres viajes a la semana ahora solo van una vez). Las líneas de autobuses que atravesaban los pueblos entre Soria y Burgos se han limitado, por ejemplo”. “Ahora solo tenemos el viaje por la mañana, pero no el de la tarde, así que a la gente no siempre le da tiempo a hacer lo que iban a hacer en la ciudad”, se queja el alcalde de Navaleno (Soria), Paulino Herrero. “Cada uno puede vivir donde quiera, pero legislan igual para todos y no todos tenemos las mismas características”, añade. “En los pueblos nacen pocos niños, como en las ciudades, pero no veo que en las ciudades les cierren las escuelas como aquí”, lamenta.
El alcalde de Juzbado afirma que hay zonas en la provincia de Salamanca donde el transporte público ha pasado de funcionar tres días a la semana a solo un día y se ha producido también “un empeoramiento del servicio de traslado a hospitales de referencia para recibir tratamientos continuos (quimioterapia, diálisis, rehabilitación traumatológica...)”. La amenaza que se cierne es aún mayor, porque en unos meses podrían estar pagando parte de estos traslados, que en el mundo rural son largos y pesados. “En ocasiones estos pacientes deben recorrer largos trayectos hasta que se van llenando todas las plazas de la ambulancia antes de enfilar hacia el hospital”, dice. Y su colega, de Navaleno insiste en la idea: “Yo soy funcionario de prisiones, en la cárcel hay dos médicos, tres ATS y dos enfermeras para 170 internos; en mi pueblo, Navaleno, de 900 habitantes, no te puedes poner malo después de las horas de médico por la mañana. Si lo haces, a Soria o a San Leonardo”.
Son estos pueblitos los que están acusando los golpes de los recortes, y la falta de servicios o la pérdida de ellos aboca a las mujeres a abandonarlos. La estadística es meridiana, en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, cada vez vive menos gente y el éxodo es mayoritariamente femenino. Los expertos lo han estudiado recientemente. Ellas tienen más estudios, por tanto, necesitan otros empleos donde colocarse y la falta de servicios las conduce a ciudades más grandes. La antigua inercia de los pueblos favorecía siempre el mismo reparto de las tareas: en ellos recaía la herencia de tierras y explotaciones, en ellas, además del trabajo de la tierra, el cuidado de hijos y mayores. Un destino para el que las mujeres ya no están tan disponibles como antes. Pero los recortes dañarán más la situación de las que desempeñan aún esas tareas. Las ayudas económicas previstas en la Ley de Dependencia precisamente para estos casos excepcionales que se dan, sobre todo, en el mundo rural, donde no siempre hay residencias de ancianos ni centros de día, ahora se han reducido un 15%. Una medida lineal que afectará más en el pueblo. Esas mujeres que tenían por vez primera una ayuda por cuidar de sus ancianos y discapacitados, lo harán ahora como siempre, prácticamente gratis.
Francisco González, diputado asturiano, protesta así: “Y mientras, sube el presupuesto para la Iglesia católica. El medio rural va a tener que salir de procesión para que le traten tan bien como a la Iglesia”.
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