ELISABETH ODIO BENITO | Jueza de la Corte Penal Internacional
“En todos los casos de la Corte Penal Internacional aparece la violencia sexual”
La condena del exguerrillero congoleño Lubanga califica el uso de niños soldado de crimen de guerra
La jueza Elisabeth Odio Benito. / Hans Hordijk
La juez Elisabeth Odio Benito (Costa Rica, 1939) verbaliza con aplomo sus convicciones. Lleva casi 30 años abogando por el castigo de los crímenes cometidos contra la mujer, y conserva intacta su capacidad de conmoverse. Con esa mezcla de firmeza y sensibilidad, cuenta una reveladora anécdota personal. Ocurrió en 1993, durante el Congreso Mundial de Derechos Humanos de Viena. Allí formó parte de un tribunal de conciencia, organizado por las ONG. Desde el estrado, escuchó el relato de las violaciones de mujeres de los Balcanes. Sobre todo musulmanas bosnias, pero también serbias o croatas. Al reportar lo ocurrido, ella pensó que no podría participar en un tribunal dedicado a perseguir estos delitos. Poco después, sin embargo, juraría convencida su cargo como juez del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Todo un reto.
Odio Benito procedía de la universidad y de la política. Había sido fiscal general del Estado, ministra de Justicia y de Medio Ambiente, y segunda vicepresidenta de Costa Rica. De su paso por el tribunal quedó huella jurídica: la tipificación de las violaciones y asaltos sexuales en un conflicto armado como crimen internacional. Luego sería elegida para la Corte Penal Internacional, que esta semana ha dictado su primera pena. Y ahí, en la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, ha encarado otra tragedia: los niños soldado. Niños, y también niñas, menores de 15 años. Esta vez, la distinción supera las discusiones lingüísticas. Si bien ambos sufren las mismas vejaciones, las pequeñas son convertidas en esclavas sexuales por sus captores. Como dice la propia jurista, el género es aquí un factor intrínseco.
Pregunta. Thomas Lubanga, el antiguo señor de la guerra de Congo, ha sido condenado a 14 años de cárcel por llevar niños a la guerra. La decisión no reconoció explícitamente el daño causado a los menores por la violencia sexual padecida ¿Se ajusta la pena al delito cometido?
Respuesta. Ha sido el primer proceso de la Corte Penal y hemos establecido que el fenómeno de los niños soldado es un crimen internacional. El cargo que la fiscalía presentó contra Lubanga fue ese, reclutar y llevar a la guerra a menores. No trajo pruebas de que el acusado perpetrara en persona la violencia sexual. Sí se puso en evidencia que hubo abusos contra las niñas. Pero no pude convencer a mis otros dos colegas [los jueces Adrian Fulford y René Blattmann] de que, en esta agresión, el género es inherente al delito. Por eso no fue valorado el daño infligido para imponer la condena. Yo habría preferido 15 años, y así lo dejé escrito. De todos modos, no olvide que las agresiones sexuales aparecen siempre en los conflictos armados. Y solo desde que abrieron los tribunales especiales para Ruanda, Yugoslavia, y luego la propia Corte Penal, han salido a la superficie y son sancionados.
P. La Corte Penal tiene entre manos siete causas de distinta índole en Kenia, Costa de Marfil, Libia, República Centroafricana, Uganda, República Democrática de Congo y Darfur (Sudán). Suman millones de víctimas ¿Hay algún hilo conductor en países tan diversos?
R. En todos los casos aparece la violencia sexual. Perpetrada contra mujeres y niñas de forma masiva, desde luego. Pero también contra hombres, y por fin hablamos de ello. Agredir sexualmente a un varón supone feminizarlo para destruirlo socialmente. Se le reduce a la condición de inferior, como la mujer, y es excluido de la comunidad. También hay puro sadismo y demostración de poder del agresor. En el Tribunal para Yugoslavia, comprobé que la violencia sexual contra las mujeres fue sistemática. El verdadero crimen de guerra es el patriarcado.
P. ¿Como distribución clásica del poder?
R. Como columna vertebral imperante de las relaciones humanas con estas consecuencias. Las normas jurídicas son impotentes a la hora de regular las conductas. Tiene que haber programas de Gobierno y trabajos de la sociedad civil para cambiar una estructura que no reconoce los derechos humanos de la mujer. No hace falta pensar en las batallas. La violencia doméstica también tergiversa lo que debe ser el valor de cada persona en la familia. Es una violencia de guerra que alcanza grados de crueldad inimaginables. Y no es un fenómeno particular de un país o latitud. Lea las novelas suecas Millenium y verá lo que describen en este terreno.
P. ¿Qué ocurre con las víctimas de crímenes internacionales cuando regresan a sus comunidades y los agresores están muy cerca? ¿Y con los niños soldado, forzados a matar a los suyos?
R. El regreso es doloroso. A veces casi imposible. Por eso el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal, incluye el capítulo de la compensación. Hay un Fondo especial para las víctimas y espero que sirva para financiar proyectos colectivos. Pienso en clínicas, escuelas o centros sociales. Sin duda, el desafío del caso Lubanga será reinsertar a los antiguos niños soldado. No puede parecer que se premia al que es visto como agresor, pero a su vez es víctima del horror. Habrá que hacer mucha labor sobre el terreno.
P. ¿Qué futuro le espera en particular a las mujeres agredidas de vuelta en su tierra?
R. En Bosnia, vimos que las mujeres podían acabar siendo vecinas de sus violadores. Son muy valientes. En África, Guatemala, México o Colombia, la esperanza es la mujer. El cambio vendrá de ellas. O no vendrá. Hice todo lo que pude para condenar la violencia contra mujeres de todas las edades. Concluido ahora mi mandato en la Corte, espero contribuir desde Costa Rica a la difusión de sus sentencias. La justicia penal internacional es complementaria, y hay que lograr que tenga su correlato en el conjunto de América Latina.
La condena a Thomas Lubanga; un aviso, ¿para quién? | Internacional | EL PAÍS
ANÁLISIS
La condena a Thomas Lubanga; un aviso, ¿para quién?
La primera sentencia de la Corte Penal Internacional supone un rayo de esperanza
La condena a Thomas Lubanga, señor de la guerra en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), a 14 años de prisión, representa un hito histórico en el camino por conseguir la prevalencia de la justicia internacional, sin embargo, se queda corta con respecto a las muchas expectativas que había levantado.
Es significativo que la primera condena dictada por el Corte Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, tras diez años de funcionamiento, haya sido por el uso de niños y niñas menores de 15 años en conflictos armados. Esto pone un rayo de esperanza en la lucha con el uso de menores soldado, pero para nada más. No ayuda, realmente, a terminar con el fenómeno.
En marzo pasado, el CPI declaró a Thomas Lubanga culpable al demostrar, sin lugar a dudas, que el acusado era responsable del delito que se le atribuían.
A mediados de junio, la oficina del fiscal declaró que la pena máxima de 30 años de prisión debería ser aplicada en este caso dada la gravedad de las ofensas, ya que el reclutamiento de menores como soldados es uno de los crímenes contra la humanidad más serios, como bien recoge el Estatuto de Roma por el que se rige el CPI.
El presidente del Tribunal, el juez Adrian Fulford, ha declarado que a la hora de dictar la sentencia los jueces han considerado como atenuante la continua colaboración del acusado con la sala a pesar de la enorme presión a la que fue sometido por el ministerio fiscal. Personalmente, me parece inadmisible que los jueces hagan este tipo de afirmaciones y ponga en duda el papel de la fiscalía. Si realmente consideran que el anterior fiscal jefe del CPI, Luis Moreno-Ocampo, se extralimitó en sus funciones, tenían la potestad para hacérselo saber durante el juicio
Lubanga, que siempre se declaró inocente de los cargos imputados, se encuentra en prisión desde 2006, por lo que solo cumplirá ocho años de reclusión. Existe el miedo a que se le apliquen reducciones de condena por buena conducta y otros beneficios penitenciarios, por lo que en poco tiempo pueda quedar libre. Seis países se han ofrecido a acoger al condenado: Austria, Bélgica, Finlandia, Malí, Serbia y Reino Unido.
Desde que abrió sus puertas en 2003, el CPI, el único tribunal permanente que puede juzgar crímenes de genocidio, de guerra o contra la humanidad, ha producido cuatro órdenes de arresto contra señores de la guerra de la RDC. Después de Lubanga, dos líderes militares, que lucharon contra él, están siendo juzgados por crímenes similares. Se trata de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Sin embargo, todavía no se ha detenido al cuarto, Bosco Ntaganda. O ninguno de los que siguen reclutando menores soldado en otros países, como es el caso del ahora famoso, gracias a la campaña de la ONG norteamericana Invisible Child, Joseph Kony.
Hace unos meses, cuando el Tribunal Especial para Sierra Leona, condenó al ex presidente de Liberia Charles Taylor, entre otros cargos por el uso de menores soldado, escribimos que aquella sentencia era una advertencia para dictadores y señores de la guerra, los cuales se lo pensarían dos veces antes de cometer este tipo de crímenes o reclutar a niños y niñas como soldados y esclavas sexuales.
Nada más lejos de la realidad. Estos días estamos recibiendo noticias que hacen pensar que otra vez está aumentando el reclutamiento de menores para ser utilizados como soldados, mensajeros, espías, guardias, cocineros, servicios sexuales…
Normalmente, identificamos al menor soldado con un varón empuñando un arma, sin embargo, este concepto engloba todas las funciones a que son obligados los menores utilizados por grupos armados y que son necesarias para que este pueda operar. Además existen casi tantas niñas como niños, por eso no debemos olvidar a estas.
De lugares como Siria o Somalia llegan testimonio de reclutamiento de menores, en el noreste de la República Democrática del Congo las tropas rebeldes de Laurent Nkunda están avanzando y en sus filas llevan muchos menores…, por citar solo alguno de los últimos ejemplos.
Asumiendo que la condena de un señor de la guerra por el uso de menores soldados sea una buena noticia y que sirva de advertencia a otros individuos de su misma calaña, no podemos creer que el fenómeno del reclutamiento de niños y niñas por grupos armados no se va a resolver a base de juicios. Estos son largos, costosos y solo juzgan a los principales responsables, dejando impunes los crímenes cometidos por muchos mandos intermedios. Además, la Corte Penal Internacional, que no es reconocida por tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –Estados Unidos, Rusia y China-, ha sido acusada de ser un instrumento político a favor de los poderosos y de no tener el valor de llegar hasta los verdaderos responsables de los crímenes contra la humanidad.
Este tribunal lleva casi diez años funcionando y, curiosamente, los casos que tiene abiertos son, exclusivamente, relacionados con África. Hasta el día de hoy, han sido imputados 25 individuos, todos ellos, sospechosamente, nacionales de países africanos: Libia, Kenia, Sudán, Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana.
Por eso, esta sentencia no puede hacernos olvidar que siguen existiendo muchos niños y niñas, en muchas partes del mundo, que todavía son reclutados y forzados a convertirse en soldados y esclavas sexuales. En realidad no sabemos cuántos son (¿300.000?). En los últimos años su número ha disminuido, debido más al fin de algunos conflictos que a las acciones tomadas por la comunidad internacional. Y muchos de ellos no encuentran los medios que les ayuden a rehabilitarse e iniciar una vida nueva fuera de la violencia. Cada día son menos los fondos que los gobiernos y las organizaciones internacionales destinan a estos programas. Se castiga a alguno de los culpables, pero no se ayuda a sus víctimas, ni se les hace auténtica justicia.
El verdadero problema es que no hay voluntad política para poner fin a la utilización de niños y niñas como soldados y esclavas sexuales. Los instrumentos jurídicos internacionales existen y los pasos a seguir se conocen. Pero aquellos que pueden hacer algo, los países occidentales que se benefician de las guerras africanas aprovechándose de los recursos naturales del continente y vendiendo las armas que matan, no quieren terminar con esta realidad de la que se sirven para hacer negocios de sangre.
el dispreciau dice: mientras los estados se ausentan, la violencia sexual, la vejación individual y social, la violencia de género bidireccional, el ninguneo, el atropello a los derechos ciudadanos y a los otros humanos, aumentan geométricamente sin que justicia alguna se manifieste... por caso, lo sucedido en Cromagnón/Cromañón de Buenos Aires y las sentencias, son una evidencia plena de que los delitos de lesa humanidad quedan impunes, salvo que ellos sea de interés del poder de turno, sea hacia arriba, sea hacia abajo, provocando y estableciendo algo semejante a un "burlesque" del poder y de los derechos de los "mortales". El mundo está atrapado en y por el negocio de la violencia, un negocio que comienza con la palabra, sigue con la segunda intención, luego se expresa a través del cachetazo, más tarde del trompazo, seguido por la esclavitud y el sometimiento del otro (mujer o varón), y acondicionado a la alcoba de una familia en extinción, o bien del creciente negocio de los secuestros y ventas de seres humanos para diversos fines, tales como el tráfico de sexos, el tráfico de órganos, y todas las aberraciones que uno pueda imaginarse, hasta alcanzar la esclavitud organizada por las "inteligencias" del África, esas que captan niños para convertirlos en asesinos sin sueldo... y una vez más, a alguien, a algunos, a pocos, les sirve, les conviene, y cultivan el negocio que les da suculentos beneficios. Más allá, los estados no atienden, no escuchan, no saben, no ven, y si lo hacen, disimulan, gestando la zozobra social diseminada a escala global. Los organismos internacionales declaman, no más que eso... y los estados ausentes aprovechan para acrecentar sus cajas burlonas, haciendo discursos sobre todo aquello que no hacen, dejar de hacer, o impiden. Los victimarios de cualquier violencia siempre se salvan, siempre zafan, ayudados por las injusticias de una justicia desmerecida, venida a menos, desprestigiada, atrasada, según el valor de lo que se negocia... mientras tanto, las víctimas son más víctimas al quedar indefensas, indefensas como tales, pero además por las consecuencias psicosociales que las marcarán hasta el fin de sus días. ¿A quién le importa?... ¿al estado ausente?... desde luego que NO. El negocio del estado ausente se concentra en restringir, cercar, desmotivar, consumir los esfuerzos y las voluntades ajenas... y así estamos... la sociedad vive entre rejas... y los victimarios andan sueltos y protegidos por los negocios de la clase política, siempre dispuesta a avanzar sobre los derechos de aquellos que no los tienen. JULIO 15, 2012.-
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