La ONU y Amnistía Internacional piden a Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior
Los organismos internacionales solicitan al Ejecutivo realizar observaciones al proyecto aprobado el viernes por el Congreso
México
Un hombre durante una manifestación en contra de la Ley de Seguridad Interior. PEDRO PARDO AFP
No hay paz tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Los organismos internacionales garantes de los derechos humanos han aumentado este lunes su presión al Ejecutivo mexicano para que no promulgue la norma aprobada el viernes pasado en el Congreso mexicano. Amnistía Internacional (AI) pidió, en una carta abierta, al presidente Enrique Peña Nieto vetar el texto aprobado por los senadores y diputados. La oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos también solicitó al mandatario hacer observaciones a un proyecto que ha reunido un “inédito consenso nacional e internacional en su contra”.
La promulgación del presidente Peña Nieto es el último paso que la polémica Ley de Seguridad Interior debe pasar después de un complejo tránsito por las cámaras del poder legislativo. Por esa razón el secretario general de AI, Salil Shetty, dirigió al mandatario una carta abierta subrayando los puntos débiles de la norma que los legisladores desoyeron antes de aprobarla. “[La ley] es contraria a las obligaciones de México bajo el derecho internacional. Nos preocupa enormemente su implementación, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”, escribe Shetty.
AI cree que la norma “no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”. El secretario general de la organización no gubernamental basada en Londres considera que la ley no tiene “mecanismos efectivos de supervisión o control” del trabajo de soldados y marinos desplegados en los territorios mexicanos. “Conforme esta ley, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares”.
El Alto Comisionado de la ONU coincide con el diagnóstico realizado por AI. “El Proyecto de Ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos”, afirmó este lunes el organismo en un comunicado de prensa. La ONU también hizo referencia a la simulación del poder Legislativo, que realizó modificaciones cosméticas al texto de la norma ante un enorme cúmulo de voces de activistas, intelectuales, académicos e integrantes de la sociedad que se opusieron a la aprobación de la ley en sus términos. La ONU considera que el Congreso consumó la adopción de la ley “sin una deliberación efectiva”. “Si bien se realizaron algunos cambios, la Oficina considera que estos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación expuestos”, agrega.
La ONU pide al presidente Peña Nieto, militante del PRI, el partido que redactó la Ley, atender el llamado que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer observaciones al proyecto y enviarlo de vuelta al Congreso. Si la ley es promulgada, el organismo internacional alienta a los actores que se han opuesto a la medida a “interponer acciones de control de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a efectos de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”. Algunos partidos políticos de oposición han dicho que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo cuando la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación.
EL OMBUDSMAN NO DESCARTA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, también se sumó a las voces que solicitan al presidente Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior. El ombudsman mexicano no descarta que el organismo acuda a promover una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo si el presidente opta por promulgarla. "La Comisión tiene una atribución para interponerla ante la Suprema Corte dentro de los 30 días posteriores de la publicación de la Ley", señaló González. El comisionado dijo que otras instituciones académicas como la Universidad Nacional, la Iberoamericana, la de Guadalajara y otras organizaciones de la sociedad civil se sumarían a esta eventual acción de inconstitucionalidad.
El ombudsman también dijo que el modelo de discusión de la Ley de Seguridad Interior debió haber estado basado en la de Desapariciones Forzadas, promulgada por el presidente Peña Nieto en noviembre. A diferencia de la polémica norma, esta fue acompañada por varios actores de la sociedad civil que discutieron sobre el texto de la ley en un espacio muy amplio.
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