Cárcel amenaza a ex-presidenta argentina: ¿persecución o justicia?
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Menos de dos años después de dejar la Vicepresidencia de Argentina, Amado Boudou fue despertado en su departamento por un operativo policial el 3 de noviembre, del que se difundieron imágenes mientras se le informaba del acta de detención en su contra, muy criticadas por su carácter humillante. Crédito: Facebook
- Descalzo y despeinado, con la mirada extrañada de quien no logra todavía despertarse completamente, Amado Boudou escuchó en silencio al funcionario judicial que le leyó una orden de detención en su contra. Sucedió el día 3, muy temprano por la mañana, en la capital de Argentina.
Aunque ocurrió dentro de su departamento de Buenos Aires, las imágenes del humillante momento del ex vicepresidente de la Argentina (2011-2015) fueron vistas antes del mediodía por buena parte de los 44 millones de habitantes de este país sudamericano.
Boudou, quien fue ministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Fernández (2007-2011), fue elegido por esta como compañero de fórmula para el que sería su momento político más glorioso: cuando los argentinos la reeligieron como presidenta, en octubre de 2011, con 54 por ciento de los votos y casi 40 puntos de ventaja sobre su seguidor.
Ahora, el ex vicepresidente es señalado por un juez federal como el supuesto jefe de una asociación ilícita que habría cometido “graves actos de corrupción”.
Aunque la investigación está en una etapa preliminar –lejos de ser elevada a un juicio oral, en el que otro tribunal define la culpabilidad o inocencia-, el juez ordenó arrestarlo de manera preventiva.
La impactante noticia llegó pocos días después de la detención de otro alto exfuncionario: el exministro Julio De Vido, quien manejó durante 12 años los millonarios presupuestos de las obras públicas. Y condujo a muchos aquí a preguntarse si la siguiente en la lista será la expresidenta de centroizquierda.
“El nombre del próximo preso se juega en una lotería. Puede ser Cristina, incluso, porque el gobierno está tirando a los leones a nuestros compañeros para desviar la atención del desastre económico que está haciendo”, aseguró Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Buenos Aires (2011-2015), la provincia más poblada del país.
“No se respeta la presunción de inocencia. Los jueces cumplen órdenes o, al menos, interpretan la línea del Poder Ejecutivo”, agregó a IPS.
Mariotto es un dirigente del llamado “kirchnerismo”, la corriente política del histórico justicialismo (peronismo) fundada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que mantuvo el gobierno con su esposa y sucesora, Fernández, hasta diciembre de 2015.
Entonces comenzaron a avanzar decenas de investigaciones judiciales por supuestos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Kirchner, fallecido en 2010, y los dos de su viuda. En la mayor parte de los casos esas causas ya estaban abiertas, pero ofrecían pocas noticias de interés mientras el kirchnerismo gobernaba.
Algunos exfuncionarios de menor jerarquía y empresarios vinculados al poder fueron detenidos durante 2016 y la primera parte de 2017. Pero los dos arrestos de figuras relevantes se produjeron en las últimas semanas.
El Poder Judicial apretó visiblemente el acelerador luego de que el gobierno del presidente Mauricio Macri recibiera un claro respaldo de la ciudadanía, primero en las elecciones primarias celebradas en agosto y, luego, en las elecciones legislativas de medio término que tuvieron lugar el 22 de octubre.
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou ya vestido y con un chaleco antibala, antes su traslado tras ser detenido. Ni el gobierno ni las autoridades judiciales se hacen responsables de la difusión de las imágenes tomadas en el interior de su vivienda en Buenos Aires. Crédito: Facebook
“Es el fin de la impunidad”, celebró la detención de De Vido el presidente, quien llegó al gobierno con las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo como una de sus principales banderas políticas.
Sin embargo, la reacción fue distinta con la detención de Boudou e indica que el gobierno no esperaba la medida y parece empezar a mirar con prevención un escenario que podría estar yéndose de las manos.
El presidente guardó silencio y sus voceros extraoficiales aseguraron a los medios que está “muy enojado” por la difusión de las imágenes de la detención de Boudou, de la que nadie se hizo responsable pero habría sido hecha por la fuerza de seguridad que practicó el operativo, que como todas responde al Poder Ejecutivo.
También el gobierno, que había cuestionado reiteradamente la supuesta inacción de los jueces que ahora detuvieron a De Vido y Boudou, hizo trascender que ahora no auspicia la detención de Cristina Fernández, ya que sería perjudicial para la imagen externa del país.
Mientras, desde distintos sectores se cuestionó la aplicación de la prisión preventiva, que en el Derecho argentino está prevista solo cuando un procesado podría fugarse o entorpecer la investigación si continúa en libertad.
Paula Oliveto, diputada por la alianza oficialista Cambiemos, de centroderecha, admitió a IPS que “seguramente hay algo de oportunismo político en las decisiones de detener ahora a estos exfuncionarios. Pero aunque haya jueces sin valentía, que manejan los tiempos de las causas de acuerdo a lo que se publica en los diarios, siempre es bueno que los ladrones estén presos”.
“A los que se escandalizan porque De Vido y Boudou están presos sin estar condenados, les recuerdo que en las mismas condiciones están las dos terceras partes de la población carcelaria argentina”, agregó Oliveto, quien ha presentado distintas denuncias de corrupción contra el kirchnerismo.
Para Alejandro Rúa, abogado de la expresidenta, las detenciones de De Vido y Boudou “son decisiones arbitrarias, que no tienen nada que ver con las instancias procesales, sino con los tiempos políticos”.
“Yo no puedo afirmar que los jueces estén cumpliendo órdenes del gobierno, pero sí que el gobierno es absolutamente beneficiado por estas maniobras”, dijo a IPS el abogado.
Rúa defiende a la expresidenta en la denuncia por encubrimiento del atentado en 1994 a la Asociación Mutua Israelita Argentina (Amia), presentada contra ella en 2014 por el fiscal Alberto Nisman, que pocos días después fue encontrado muerto, en un hecho aún no esclarecido.
En esa causa Fernández no está por ahora procesada, pero sí lo está en otras dos, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. En una de esos expedientes, incluso, también están procesados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La expresidenta debe asumir el 10 de diciembre la banca de senadora que ganó el mes pasado, con su nueva alianza Unidad Ciudadana, cuando salió segunda, detrás del oficialismo, en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires.
Pero lo hará en un contexto de una feroz pelea interna en el kirchnerismo por las detenciones.
De Vido, quien desde diciembre de 2015 era diputado, hizo pública desde la cárcel una furiosa carta en la que reveló que se sintió abandonado por sus compañeros de espacio político.
Fue porque la mayoría hizo silencio y algunos incluso votaron en su contra, cuando se aprobó en el legislativo Congreso Nacional el pedido de desafuero presentado por la Justicia, que lo despojó de la inmunidad de arresto de la que gozan todos los legisladores.
Fernández sólo reaccionó luego de la detención de Boudou, para advertir que “está en riesgo la democracia argentina”.
Fue a través de un comunicado, en el que habló de una “persecución judicial”, con el objetivo de “atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos” frente al “programa de ajuste económico que se intenta implementar”.
Editado por Estrella Gutiérrez
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