Después de toda una vida entre togas —primero abogada laboralista y luego juez—,
Manuela Carmena
(Madrid, 1944) se jubiló en 2010, montó un blog e inventó un juego de
mesa sobre el funcionamiento de la Justicia; en él, el
concursante-ciudadano va enfrentándose, casilla a casilla, a todos los
obstáculos que encuentra en la vida real quien osa meterse en pleitos...
desde hace décadas. "Hay muchas similitudes entre un pleito de hoy y
uno del siglo XVIII. Demasiadas, insoportables", afirma la juez.
Pregunta. ¿Por qué es eso? ¿Es cierta la sensación de que la justicia es el único servicio público que no se ha modernizado?
Respuesta. En cierto sentido, sí. Hay una gran
diferencia entre la justicia histórica y la actual: la Administración de
Justicia se limpió de corrupción en la Transición. Tenemos una justicia
limpia. Pero es cierto que el funcionamiento es terriblemente igual. Yo
creo que la explicación está en que la ciencia del Derecho, lo que se
estudia en las facultades, es extraordinariamente arcaica. Está
abstraída de la realidad. Los programas de estudio de antes y los de
ahora son sensiblemente iguales. Los temas de las oposiciones son los
mismos prácticamente. El Derecho vive alejado de la sociedad, y los
jueces igual. Y eso lleva a algo sorprendente: el trabajo de la justicia
no tiene incidencia en la sociedad, nadie estudia el contenido de las
sentencias que dictan los jueces. Con eso los legisladores tendrían que
estar trabajando constantemente.
Reforma de la Justicia
La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se
democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público,
los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con
mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la
justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a
cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la
Administración central o de la autónoma. La igualdad de los ciudadanos
ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un
juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras
declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca
rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar
significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas
procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan
agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de
inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe
renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.
P. ¿El principio de celeridad en la justicia es uno de esos conceptos retóricos de la Constitución?
R. Los plazos judiciales son abstractos y no están
relacionados con el volumen de trabajo de cada juez. Los plazos legales
han perdido autoridad.
P. ¿Cuál es la causa de esa lentitud, el exceso de litigiosidad o la falta de medios?
R. Faltan medios, pero el problema esencial no es
ese sino que hay un desconocimiento brutal de cómo gestionar la
justicia. Nadie se encarga de mejorar la gestión. Se sigue haciendo
exactamente igual que hace dos siglos. Se hacen una cantidad de
prácticas absolutamente absurdas...
P. ¿Burocráticas?
R. Burocráticas, innecesarias. Sin ningún sentido.
Hay figuras absurdas, por ejemplo que el ciudadano no pueda comparecer
por sí mismo en los tribunales, que tenga que hacerlo forzosamente a
través de un procurador. Es un rito.
P. ¿Debería desaparecer la figura del procurador? ¿Sobra?
R. Como algo obligatorio, totalmente. No solo es que
sobra es que es ofensivo para el ciudadano. Que una persona te
sustituya físicamente para entregar un papel... pero ¿por qué? Y todo el
mecanismo es absolutamente burocrático, con papel, papel, papel...
P. Entonces ¿con los medios actuales se podría hacer mejor?
R. Sin lugar a dudas. Aunque yo creo que jueces sí
que faltan, y más ahora con el ERE que ha sufrido la justicia casi sin
darse cuenta. Han eliminado a casi 1.000 jueces suplentes. Eso va a ser
un desastre...
P. ¿Los titulares no pueden asumir esa sobrecarga de trabajo?
R. No, es imposible. Antes la justicia iba como iba,
imagine cómo va a ir con mil jueces menos. Hacen falta más jueces. Y
habría que poner un asistente personal a cada juez para que haga las
tareas administrativas.
P. Hay juzgados que están hasta arriba, pero otros tienen una carga de trabajo inferior a la que marca el
Consejo General del Poder Judicial.
R. Como decía antes, lo fundamental, la asignatura
pendiente es gestionar mejor los procesos. Los juzgados que gestionan
bien consiguen, con los mismos medios, mucho mejor resultado. Y no se
atascan. Pero no se estudia la gestión en la universidad, no hay
gestores en la justicia como lo hay por ejemplo en la sanidad pública. Y
vuelvo a lo de antes: hay que quitar papel...
P. ¿Es partidaria de reducir las actuales garantías procesales para agilizar?
R. No, yo creo que no hay que reducirlas, pero es
que hay cosas que no son garantías. Por ejemplo, que puedan recurrirse
todas y cada una de las decisiones que se toman en la instrucción lo
demora todo mucho y es absurdo. Hay que ver muy bien qué es lo que se
puede recurrir. Y no por escrito, hacer los recursos verbales. Es que lo
del papel... Hay que dejar de escribir. Si hoy día todo se graba... La
justicia está ahogada en papel.
P. ¿Quiere decir limitar los recursos contra sentencias?
R. No, los recursos a sentencias no son problema,
hay muy pocos. Me refiero a los recursos durante la instrucción:
recurrir si el juez acuerda una prueba, si pide un documento... Esos son
los que realmente envenenan. Yo dejaría por ejemplo el recurso contra
la orden de prisión y alguna cosa más, y quitaría el resto.
P. ¿Hay que modificar la Constitución en lo referido a la Administración de Justicia?
R. No, yo creo que hay que desarrollarla. Por
ejemplo, el desarrollo que se dio del Poder Judicial fue equivocado. El
artículo 122 de la Constitución quería que el CGPJ tuviera verdadera
autonomía, en aquellos años casi parecía que acabaría desapareciendo el
Ministerio de Justicia porque las competencias serían del Consejo. Yo
creo que el Consejo debe tener competencia en todo.
P. ¿Darle todas las competencias que tiene el ministerio?
R. Sí, sí. Y las de las comunidades autónomas. En lo
referido al funcionamiento de la justicia, no en la proposición de
leyes. El CGPJ debe tener su presupuesto, de él deben depender todos los
medios personales...
P. ¿Y que todo eso lo decida el Consejo, sin ninguna autoridad política por encima?
R. Sí, claro. Dando cuenta al Parlamento de lo que
hace. Si es que ahora el Consejo no tiene nada, y ahora con la última
reforma menos. A lo que hay que ir es a más competencias del Poder
Judicial.
P. ¿La Ley hipotecaria es de otro tiempo, está obsoleta?
R. Cuando se empezó a dar hipotecas en España
estaban pensadas como un contrato en igualdad de condiciones, es decir,
para grandes propietarios. Ahora eso es una ficción, porque la persona
que compra no es propietaria, va a serlo. Esta ley se ha usado para algo
que no estaba pensada. Yo creo que lo que debería haber es una ley de
financiación de vivienda habitual, con el objetivo esencial del derecho a
la viviendas.
P. ¿Puede un juez decidir no aplicar la ley que le
obligaría a dictar un desahucio, o eso es imposible en Derecho?
¿Deberían hacerlo en este momento?
R. El Derecho siempre interpreta la norma, siempre.
Muchas veces quien se lee la jurisprudencia se queda con los ojos como
platos por lo mucho que discrepa de la letra de la ley. Además, lo dice
el Código Civil, que la ley hay que aplicarla de conformidad con las
circunstancias. En ese sentido, interpretaciones nuevas en esta materia,
como en otras, son imprescindibles. La ley no dice qué es lo que hay
que hacer con la persona a la que se deja en la calle, la ley guarda un
silencio vergonzoso en ese punto, en absoluto de acuerdo con lo que dice
la Constitución sobre el derecho a la vivienda digna. Curiosamente la
ley sí dice lo que hay que hacer con los muebles de la casa que se
desaloja, pero no dice qué hay que hacer con la persona. Yo creo que,
ante esa laguna, los jueces no pueden dejar a la gente en la calle. Hay
que tomar medidas.
P. ¿Qué propone que hagan?
R. Los jueces no trabajan aislados, sino en una
sociedad con conexiones. Tiene que haber servicios sociales que
garanticen que nadie se queda en la calle.
P. ¿Propone que el juez, al dictar un desahucio, lo condicione a que se dé a esa familia otro techo?
R. Claro. Puede ser dictando el aplazamiento para
que no se produzca el desahucio mientras no haya un espacio social donde
acoger a la persona, o forzando acuerdos con los propietarios para
pagar un alquiler social...
P. Usted ha sido abogada, juez de instrucción y juez
de vigilancia penitenciaria. Ha visto el proceso desde los tres puntos
de vista. ¿El sistema judicial y carcelario promueve la reinserción?
R. Afortunadamente, el ser humano tiene mucha
capacidad de rectificar su conducta. Que la cárcel sea el instrumento
que permite la rectificación de la conducta, pues generalmente no. La
mayor parte de los presos están por delitos de droga, de pequeños
contrabandos... No deberían estar en la cárcel. Las penas deberían ser
instrumentos para la rectificación de la conducta, no de castigo sin
más. Por ejemplo, en los delitos económicos: es verdad que es importante
que se devuelva el dinero, pero también es importante saber por qué se
ha hecho y que la persona esté dispuesta a rectificar, que se
arrepienta. Me hace gracia que se hable tanto del arrepentimiento de los
presos terroristas y nada del resto.
P. ¿Defiende que se exija ese arrepentimiento legalmente a los presos por corrupción igual que a los terroristas?
R. Sí, en muchas ocasiones, sí.
P. El Código Penal español es uno de los más duros de Europa, ¿de qué es síntoma eso?
R. Se ha buscado el castigo sin reflexionar sobre
para qué queremos que sirva el castigo. Por eso no tenemos un código de
castigos variados, tenemos la cárcel. No habría que tener miedo a hacer
sustituciones de la pena para evitar la prisión. Es una locura que el
que llega a Barajas con cocaína en el estómago esté seis años en la
cárcel. Sigue habiendo un abanico pequeñísimo de alternativas a la
prisión, y el que hay está muy desprestigiado. Por ejemplo, haber
acabado con las penas de fin de semana... era un instrumento muy
interesante. O los trabajos en beneficios de la comunidad: muchos se han
sustituido por multas, y la multa es muy injusta porque la puede pagar
quien tiene más dinero.
P. ¿Deberían ser imprescriptibles los delitos de corrupción?
R. Yo creo que no. Vamos a dejar las normas como están y vamos a ver primero qué es lo que falla.
P. ¿Un político imputado debe dejar su cargo o eso atenta contra el principio de presunción de inocencia?
R. Los ciudadanos tenemos el derecho a la
información veraz, según la Constitución. Y los políticos gestionan lo
público. ¿Qué pasa si un político es imputado? Como imputado, tiene
derecho a callar y no declararse culpable, pero ese derecho está en
contradicción con sus obligaciones de político. Por eso, yo creo que el
político que se ve imputado tiene que escoger: si quiere defenderse como
imputado, tiene que abandonar la política. Porque para defenderse
podría tener que mentir, y el político no puede mentir. La presunción de
inocencia es otra cosa, esto tiene que ver con la relación entre
ciudadanos y políticos.
P. ¿Que el yerno del Rey pueda ser procesado
significa que todos somos iguales ante la ley, o que la infanta Cristina
no haya sido imputada significa que no lo somos?
R. Es positivo que una persona tan influyente como
el yerno del Rey esté imputada. Si la infanta Cristina no ha sido
llamada a declarar supongo que tiene que ver con que es la Infanta.
Probablemente cualquiera de estos días eso cambiará y la llamarán a
declarar, porque están apareciendo nuevas cosas y ahora ya sería mucho
más llamativo que no se la llamara. Quiero decir que es posible que haya
habido una cierta actitud de no querer llamarla, muy al principio del
proceso... que es llamativo que una persona por ser infanta de España no
haya sido llamada a reclamar todavía. Pero yo creo que se la llamará en
breve.
P. Porque sí cree usted que todos somos iguales ante la ley.
R. En teoría lo somos, y estamos más cerca que nunca
de conseguirlo. En la práctica, y no solo en esos casos tan llamativos,
hay muchas cosas que hacen que no seamos iguales ante la ley,
fundamentalmente los medios económicos. Comparecer ante la justicia es
extraordinariamente caro.
P. ¿Las tasas son excesivas o no debería haberlas en absoluto?
R. No es un problema de cuantía, yo soy contraria a que haya tasas en la Justicia.
P. Usted fue cofundadora de la asociación Jueces
para la Democracia. ¿Por qué los jueces no asociados no forman parte de
la cúpula judicial? ¿Se han repartido las asociaciones ese ámbito de
poder?
R. Es el Parlamento, los partidos, los que no han
sido capaces de asumir la función de elegir a los vocales. Las
entrevistas para seleccionarlos son muy penosas. Parece que lo que vale
aquí son las converesaciones entre partidos y asociaciones. Es un error
del Parlamento.
P. Pero ¿por qué solo eligen asociados?
R. Porque los partidos tienen más interés en tener personas más próximas a ellos que en tener a los más capaces.
P. ¿Las asociaciones están más politizadas?
R. Sí, siempre tienen más relaciones personales.
P. ¿Hay alguna forma de detectar en el proceso de selección
desequilibrios
personales o ideológicos, por ejemplo un machismo exacerbado, que luego
afecten a las decisiones que toman sobre la vida de otros?
R. El juez tiene que intentar objetivar su
ideología: es decir que, aunque él aplique su visión particular, esta
esté inmersa en una aceptación general. Que su perspectiva quepa en el
marco general de la sociedad. Creo, por ejemplo, que si un juez decide
suspender los desahucios hasta que esa persona tenga otro techo... la
sociedad lo entendería.
P. ¿La empatía debe influir en las decisiones de los jueces?
R. Es imprescindible. Lo que pasa es que hay que objetivizarla.
P. ¿El indulto tiene un valor reparador por tener en
cuenta el contexto posterior a la condena, o atenta contra el sentido
de la justicia porque es una decisión absolutamente arbitraria?
R. Es inaceptable que el indulto no se motive. Y
creo que los tribunales deberían tener más competencias para revisar sus
propias sentencias a partir de los expedientes personales del
condenado. Esa posibilidad de legítima discrecionalidad al aplicar o no
la condena que se atribuye al indulto deberían tenerla los tribunales.
P. ¿Quién gana en el juego de mesa que usted ha
inventado, el jugador que obtiene justicia o el que sacrifica menos
cosas por el camino?
R. [Risas] Gana el que consigue que el proceso llegue a buen fin... perdiendo el menor dinero posible.
Benedicto XVI saluda a la multitud congregada para despedirle en la Plaza San Pedro. | Afp
Activistas protestan en Nueva Orleans durante el primer día del juicio.| Reuters
