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- Una mujer espera su turno para comprar en la farmacia del pueblo de Juayúa, en el oeste de El Salvador, detrás del fúsil de un militar. El Ejército se ha sumado a la Policía Nacional Civil en el patrullaje en las ciudades y pueblos del país para hacer cumplir la cuarentena, con orden de detener a quienes incumplan el confinamiento en los hogares. A este escenario llegan los deportados por Estados Unidos y México. Foto: Giuseppe Dezza/IPS
- Un grupo de deportados desde Estados Unidos en un centro de atención en San Salvador, antes de comenzar la emergencia por la pandemia de la covid-19, con las pocas pertenencias con que retornan al país. El aeropuerto internacional del país está cerrado salvo para los vuelos con migrantes retornados desde ese país y México. Foto: Edgardo Ayala/IPS
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La pandemia incrementa vulnerabilidad de migrantes centroamericanos
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Una mujer espera su turno para comprar en la farmacia del pueblo de Juayúa, en el oeste de El Salvador, detrás del fúsil de un militar. El Ejército se ha sumado a la Policía Nacional Civil en el patrullaje en las ciudades y pueblos del país para hacer cumplir la cuarentena, con orden de detener a quienes incumplan el confinamiento en los hogares. A este escenario llegan los deportados por Estados Unidos y México. Foto: Giuseppe Dezza/IPS
- La pandemia de la covid-19 ha dejado al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados centroamericanos: vuelven a sus comunidades deportados, vistos como portadores de la nueva peste, o son abandonados a su suerte en puestos fronterizos.
Como si fueran personas sin derechos, los han expulsado de México o Estados Unidos sin practicarles las pruebas sobre la presencia del nuevo coronavirus. Algunos de ellos llegan a sus pueblos y ciudades a incrementar la presión sobre los frágiles sistemas de salud centroamericanos, en medio de la pandemia, dijeron activistas de los países del área consultados por IPS.
En Guatemala, pese a un acuerdo entre ese país y Estados Unidos para realizar previamente a los retornados la prueba del SARS-CoV-2, un buen porcentaje de ellos llegó, en efecto, infectado del virus, multiplicando el riesgo de contagios, dijo a IPS desde Ciudad de Guatemala Pedro Pablo Solares, investigador de Puente Norte, una organización que defiende derechos humanos de los migrantes.
A mediados de abril, “aproximadamente 15 días después que se reportó el flujo de migrantes desde Estados Unidos… la mitad de los contagiados en el país, diariamente, son personas que venían retornadas de Estados Unidos”, acotó Solares.
Ese país centroamericano, de 17,3 millones de habitantes, reportaba hasta el 28 de abril 530 personas contagiadas de SARS-CoV-2, según datos de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, con un centro de referencia sobre el mapa mundial de la pandemia.
Antes de detectarse que muchos venían infectados, y como no se les practicaba la prueba respectiva, las autoridades migratorias locales les realizaban los trámites de ingreso y luego se dirigían a sus pueblos y ciudades de origen.
“Esas personas subieron a un bus, seguramente saturado y tocaron cada uno de los asientos, cada una de las barras que probablemente después iban a tocar miles de personas”, ampliando exponencialmente el riesgo de contagios, explicó Solares.
Hacinados en los centros de detención, en México y Estados Unidos, los migrantes centroamericanos indocumentados pronto supieron que, en esas condiciones, estaban a merced del coronavirus, que ya infectó a más de tres millones de personas en todo el mundo.
Informaciones periodísticas dieron cuenta de trifulcas y motines en centros de detención migratorios en México, como protesta para que se les dejara libres ante el evidente riesgo de contagiarse.
El gobierno guatemalteco, cuando el fiasco fue ya evidente, pidió a las autoridades estadounidenses suspender temporalmente las deportaciones, y organizó improvisados centros de cuarentena para los que ya habían recibido.
En El Salvador, el gobierno habilitó “centros de contención” del virus donde recluye a quienes violan la cuarentena domiciliar impuesta el 11 de marzo por el presidente Nayib Bukele y a todos los viajeros que arribaron al país antes de cerrarse su aeropuerto internacional, el 17 de marzo.
Se calcula que más de 4000 salvadoreños han guardado cuarentena en esos centros.
Además, la terminal aérea sigue abierta para recibir vuelos con deportados, quienes son trasladados a los nueve centros de cuarentena establecidos especialmente para ellos en varios puntos de San Salvador.
Un grupo de deportados desde Estados Unidos en un centro de atención en San Salvador, antes de comenzar la emergencia por la pandemia de la covid-19, con las pocas pertenencias con que retornan al país. El aeropuerto internacional del país está cerrado salvo para los vuelos con migrantes retornados desde ese país y México. Foto: Edgardo Ayala/IPS
La gubernamental Dirección General de Inmigración y Extranjería (DGME) indicó su contraparte estadounidense, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), ha asegurado al gobierno salvadoreño que cumple las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Endermedades en sus centros de detención.
Según esos protocolos, ICE hace un examen médico de los inmigrantes detenidos, y aísla o agrupa a las personas sintomáticas para prevenir la propagación del virus, que en El Salvador, con 7,4 millones de habitantes, ha infectado ya a 345 personas y matado a ocho.
Sin embargo, el problema con esos protocolos es que no intentan detectar los casos asintomáticos, personas que se tratan como sanas y no guardan las medidas básicas de higiene y distanciamiento físico.
Un funcionario de la DGME dijo a IPS bajo reserva de su nombre que hasta la fecha se ha realizado la prueba a 345 personas en tres centros de deportados. No se ha detectado ningún caso positivo, pero aún quedan otros seis locales por revisar y la fuente declinó brindar la cifra de personas a las que falta practicar la prueba.
Celia Medrano, de la organización de derechos humanos Cristosal, señaló que según sus datos, hasta el 10 de abril, había unas 800 personas deportadas, solo de Estados Unidos, puestas en cuarentena.
Medrano consideró que, si se toma en cuenta que esas personas provienen de varias ciudades de Estados Unidos, el centro mundial de la pandemia en este momento, con más de 990 000 personas contagiadas, “nos parece muy difícil que en El Salvador no haya personas deportadas portando el virus”.
El gobierno salvadoreño enfrentó duras críticas por la forma improvisada en que, al principio, levantó los primeros centros de cuarentena dedicados a la población general, aunque después mejoró sus condiciones.
Algunas personas aseguran que, una vez obligados a guardar la cuarentena en esos centros de contención, se contagiaron en ellos, debido a los pocos controles sanitarios y la desorganización inicial. Pero su denuncia no fue corroborada por fuentes oficiales.
En Honduras, con 9.2 millones de habitantes y 702 contagiados , el nivel de paranoia surgido a causa de la pandemia ha llevado a que en algunas comunidades se proteste contra organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos de migrantes, informó la Organización de Naciones Unidas el 23 de abril.
Honduras y El Salvador, al contrario de Guatemala, siguen recibiendo personas deportadas desde que formalmente se cerraron las fronteras por la pandemia. En lo que va del año suman ya 19 717, según datos de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante.
Además, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertó que algunas medidas adoptadas por gobiernos de la región afectan a migrantes, por ejemplo, el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras.
Ello ha provocado que migrantes queden atrapados, hacinados y sin servicios básicos, alertó Acnudh.
De hecho, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se negó a repatriar a 160 migrantes de su país varados en las Islas Caimán.
Este país y los tres del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) concentran la mayor migración irregular del área a Estados Unidos.
En tanto, el gobierno mexicano comenzó a liberar, el 26 de abril, a migrantes retenidos en sus centros de detención, una petición hecha en ese sentido tres días antes por Amnistía Internacional, en una carta dirigida al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
“Desde Amnistía Internacional saludamos la decisión (del gobierno de México) de dejar casi vacías las estaciones migratorias para reconocer el grave riesgo en el que estaban personas migrantes durante esta pandemia”, dijo a IPS la investigadora regional de la organización humanitaria, Madeleine Penman, desde su sede en ese país.
En marzo, México, país de tránsito y contención de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, mantenía detenidos 3759 migrantes, en 65 estaciones y albergues migratorios.
Sin embargo, en su anuncio, el gobierno mexicano no detalla cuántas personas se liberaron. Penman demandó que si se las deporta, se cumpla el debido proceso, incluidos los plazos legales.
Y mientras tanto, y a pesar de la pandemia, aún hay centroamericanos que siguen intentando comenzar el viaje como indocumentados hacia Estados Unidos.
“La gente, a pesar de todo, no se detiene, incluso en los días que comenzó la cuarentena salieron hacia Estados Unidos unas personas de varios puntos del país, no les importó”, dijo a IPS una persona que es el primer eslabón en la red de los llamados “coyotes (traficantes de personas)”, radicado en un pueblo salvadoreño.
Agregó que, debido a las restricciones en los puestos fronterizos, cruzaron por “puntos ciegos” hacia Guatemala y de ahí a México, pero fueron detenidas en la norteña ciudad de Monterrey, en ese país, y ahora están confinados en cuarentena, de regreso en El Salvador.
“Aseguran que al terminar la cuarentena, van de nuevo para allá”, afirmó, para sentenciar que “las ganas de migrar no las para ningún virus”.
Ed: EG
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