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- Un grupo de clientes, protegidos con mascarillas y tratando de mantener la distancia entre ellos, aguarda su turno fuera de un establecimiento estatal para la compra de alimentos, en el municipio de Plaza de Revolución, en La Habana, en Cuba. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- Embarcaciones y contenedores en el puerto de La Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la provincia de Artemisa, en el oeste de Cuba. Este centro logístico y portuario fue una de las apuestas de la reforma económica iniciada en el país en 2008. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- Dos mujeres protegidas con mascarillas caminan delante de la construcción de un hotel, en el municipio de Playa, en La Habana, en Cuba. Este país insular caribeño multiplicó sus infraestructuras para atender un boom del turismo iniciado en 2015 y que el recrudecido embargo de Estados Unidos ha pinchado. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- Dos estilistas mientras atendían a sus clientas en su peluquería en La Habana Vieja, antes del comienzo en Cuba de medidas de contención del coronavirus. Este tipo de negocios privados se han expandido en el país los últimos años, limitados a una serie de actividades establecidas. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
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Economía cubana después de la pandemia
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Un grupo de clientes, protegidos con mascarillas y tratando de mantener la distancia entre ellos, aguarda su turno fuera de un establecimiento estatal para la compra de alimentos, en el municipio de Plaza de Revolución, en La Habana, en Cuba. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
- ¿Y después de la epidemia, qué?, es la pregunta que por estos días quita el sueño en Cuba y lleva a economistas a barajar sugerencias que pasan por dar oxígeno al estancado plan de reformas y ceder espacio al emergente sector privado.
Las tensiones sanitarias creadas por la covid-19 agravan las serias dificultades que arrastra la economía cubana, cuyo crecimiento en 2019 llegó apenas a 0,5 por ciento. Pero una vez superadas podrían ser la oportunidad para acelerar el proceso de reformas iniciado hace una década a fin de modernizar el modelo socialista de desarrollo.
“No hay que profundizar en temas nuevos, basta con poner en vigor aspectos que se encuentran esbozados en los lineamientos”, dijo a IPS el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, que mencionó, entre otras, transformaciones pendientes en materia monetaria, agrícola y la propiedad sobre medios de producción.
Este año comenzó bajo el impacto de las medidas extremas del embargo estadounidense sobre tres actividades vitales para el país: el turismo, definido como locomotora del resto de la economía, la energía y las relaciones con bancos y entidades financieras del exterior.
Según datos oficiales, el país recibió en 2019 menos de 4,3 millones de turistas, para un descenso de 9,3 por ciento, debido según autoridades al embargo y a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador.
Para 2020 se previó un modesto uno por ciento del producto interno bruto (PIB), que difícilmente se logre, si se tiene en cuenta los vaticinios para las economías latinoamericanas y caribeñas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha previsto, en un cálculo provisional y que empeoraría si la contención de la pandemia demora, que la economía regional caería ese año hasta al menos 1,8 por ciento. Entre los tropiezos, el organismo menciona la debacle del turismo, columna de muchas economías en el área, como la de Cuba.
Este país insular caribeño arrastra además la escasez de combustible, causada por las constantes sanciones de Estados Unidos a navieras de cualquier bandera que intenten trasladar petróleo a Cuba desde Venezuela. Como si eso fuera poco, la liquidez financiera se ha visto limitada ante las obligaciones de pago de la deuda externa.
Embarcaciones y contenedores en el puerto de La Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la provincia de Artemisa, en el oeste de Cuba. Este centro logístico y portuario fue una de las apuestas de la reforma económica iniciada en el país en 2008. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La escasez de productos de primera necesidad y medicamentos, notoria desde el segundo semestre del pasado año, conspira contra las medidas sanitarias encargadas de frenar la expansión de la covid-19 y ya no es noticia ver a policías uniformados tratando de evitar peligrosas aglomeraciones frente a los establecimientos comerciales.
El gobierno cubano inició este mes un plan emergente de distribución para garantizar artículos de aseo y alimentos, mediante una distribución que busca la equidad en una población de 11,2 millones. A la vez, se propone priorizar los escasos recursos en la producción nacional de alimentos y volvió su mirada hacia el sector agroindustrial.
“Tenemos que encontrar en nuestra agricultura la fuente para alimentar a nuestro pueblo. Esto no es nuevo. Importamos más de dos mil millones de dólares al año. No significa que no haya importación, pero no podemos basarnos en las compras externas”, dijo a fines de marzo, el ministro de Economía, Alejandro Gil.
El responsable del sector aseguró que se garantizarán los recursos para la producción, fundamentalmente, de arroz, plátano (banano para cocinar), frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. En ese sentido, se brindará, la mayor cantidad de recursos a los productores con mejores rendimientos, incluido el combustible de sectores que hayan paralizado sus actividades.
Dos mujeres protegidas con mascarillas caminan delante de la construcción de un hotel, en el municipio de Playa, en La Habana, en Cuba. Este país insular caribeño multiplicó sus infraestructuras para atender un boom del turismo iniciado en 2015 y que el recrudecido embargo de Estados Unidos ha pinchado. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
Pérez Villanueva y otros economistas coinciden en que la agroindustria es estratégica para la producción de alimentos, pero requiere cambios de fondo en sus formas de gestión y financiamiento.
“Entre otros cambios, hay que incentivar con buenos precios a los agricultores por sus productos, no es posible pagar en divisas a los privados extranjeros y no pagarle a los agricultores cubanos lo suficiente”, dijo.
A su vez, el economista Armando Nova recordó a IPS que las potencialidades de la agroindustria son amplias, como suministrador de alimentos frescos y elaborados.
“También hay que tener en cuenta a la agroindustria cañera y su importante papel en la producción de alimentos con destino humano y animal, así como sus derivados de alto valor agregado en la creación de fondos exportables y la energía renovable”, señaló.
Casi 70 por ciento de la producción agrícola y dos terceras partes de la producción lechera cubanas provienen del sector no estatal, que incluye a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), de Crédito y Servicios (CCS) y productores individuales.
Joaquin Benavides, economista y exfuncionario gubernamental, considera oportuna la aprobación de “un instrumento legal” que autorice la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes), principalmente en la actividad agroalimentaria, proceso al que puedan incorporarse, si lo desean, las cooperativas agropecuarias.
Dos estilistas mientras atendían a sus clientas en su peluquería en La Habana Vieja, antes del comienzo en Cuba de medidas de contención del coronavirus. Este tipo de negocios privados se han expandido en el país los últimos años, limitados a una serie de actividades establecidas. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
En su opinión, en la coincidencia de intereses económicos comunes de pymes, CPA y CCS es posible obtener recursos para invertir en la máxima utilización y mejoramiento de las tierras, así como en obtener tecnología y equipamiento para el desarrollo de la pequeña y mediana industria agroalimentaria.
Es momento “de superar temores infundados sobre el sector privado cubano, resida donde resida”, recomienda este experto en su artículo “Crisis económica en Cuba después de la Covid 19 o periodo especial después del coronavirus”, publicado en el blog elestadocomotal.com.
En este país de economía socialista, una Ley de Empresas, actualmente en estudio, podría regular el funcionamiento de entidades estatales y privadas y dar lugar a más pymes, aunque no estaría lista hasta abril de 2022. Se espera que esa norma defina requisitos, regulaciones e impuestos que permitan el crecimiento del sector privado desde una perspectiva social.
“Acelerar la Ley de Empresas incrementaría las inversiones de los cuentapropistas a través de la disminución de la dependencia a financiamientos externos que respaldan las producciones nacionales”, comentó a IPS el emprendedor Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador de Incuba Empresas, un proyecto que capacita a emprendedores y cooperativistas en los católicos Centros Loyola.
Añadió que otro beneficio de dar paso a las pymes es que se elimina “la competencia entre cuentapropistas y la población para acceder a productos en el mercado minorista en divisa, pues otros cuentapropistas, que ahora serían empresarios, contratarían la compra de sus productos directamente, esto puede ser un atenuante a la ausencia de mercado mayorista.
Al respecto, Pérez Villanueva explicó que las pymes serían empresas jurídicas y no cuentapropistas, y por ende podrían tanto importar como exportar bienes o servicios, lo cual propiciaría al país más recursos monetarios, tan escasos en estos momentos, vía impuestos u otros ingresos.
“¿Qué impide tener una empresa de diseño privado en el país?, ¿O una firma de arquitectos privados, cuyos servicios pudieran ser contratados por el Estado?”, se preguntó el experto. En la actualidad, 600 000 personas se desempeñan como trabajadores autónomos en 123 oficios, que no incluyen profesiones de nivel universitario.
Ed: EG
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