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Desapariciones, un estigma para gobierno saliente de México
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Una de las numerosas actividades de los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada en México, para presionar porque se busque a sus parientes. Crédito: Cortesía de CMDPDH
- La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007.
El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desapariciones lo recibe el conservador Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio.
En sus observaciones sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lamenta “profundamente” que en México “se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.
El Comité, integrado por 10 expertos independientes de países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimización”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrador.
Las resoluciones representan la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la “falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas”.
Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”.
Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identificar con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desaparecidos. De ese número consiguieron datos biométricos (fotografías y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera.
El Comité reprochó a las autoridades mexicanas por el escaso número de condenas en los procesos por el delito de desaparición forzada. Grace Fernández Moran, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo a IPS que “hay 43 sentencias sobre más de 37.000 casos, eso es nada”.
Los miembros del Comité, que opera dentro de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestaron preocupación “por la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio”.
El saliente gobierno mexicano reconoció que la desaparición de personas se ha convertido “en el desafío más grave que enfrenta” el país latinoamericano en materia de derechos humanos, según declaró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, durante la sesión con el Comité.
“Reconocemos que las respuestas del Estado son aún insuficientes porque no hemos dado respuesta a los familiares y a los seres queridos de los desaparecidos y tampoco se ha localizado el paradero”, explicó Ruiz a IPS.
Ruiz alegó que el régimen federal de México, con 32 estados que tienen su propia Constitución y poderes, entorpece los esfuerzos por proteger los derechos humanos en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados y con 129 millones de habitantes. Ello aunque la mayoría de las desapariciones se concentran en tres estados: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
A eso se suma la incómoda vecindad con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo: Estados Unidos, a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros.
México esta así localizado entre centros productores sudamericanos y los mercados consumidores que han visto un incremento constante de la demanda de drogas ilícitas de varios tipos, aunque recientemente en particular de los opiáceos, remarco Ruiz.
En busca de atenuantes, mencionó el tráfico ilícito de armas, en su mayoría de Estados Unidos hacia México. En 2015, en la región fronteriza estadounidense se localizaban 6.700 comercios con licencia federal para vender armas, lo que equivalía a tres vendedores de armas por cada 1.609 metros de frontera.
El subsecretario mexicano citó a autoridades estadounidenses al afirmar que la mitad de las armas ilegales que circulan en México, notablemente armas de asalto de alto poder, son compradas en el fronterizo estado de Texas, y un tercio en el vecino de Arizona, antes de ser traficadas por la frontera.
Ruiz rechazo una de las pretensiones más insistentes del Comité: el reconocimiento de la competencia del organismo para recibir y examinar comunicaciones o quejas individuales de ciudadanos mexicanos.
Corresponderá al gobierno de López Obrador, valorar esa demanda del Comité, arguyó Ruiz.
El gobierno de Peña Nieto reacciona de esa manera “por miedo o por soberbia”, interpretó Fernández Moran. “No pide ayuda a nadie para afrontar esta emergencia”, insistió.
Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estimó que defensores de derechos humanos y victimas deben hacer “un acercamiento con el nuevo gobierno”.
“Habrá que hacer entender que las desapariciones forzadas son un tema prioritario”, dijo a IPS.
Guzmán reclama a López Obrador “respuestas decisivas, adecuadas y efectivas para afrontar la situación crítica de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afectan a miles” de mexicanos.
Entre otras demandas, la CMDPDH propone un mecanismo interinstitucional de alto nivel que aplique a nivel local, estadal y nacional las normas y recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Guzmán aspira a que el nuevo gobierno sostenga una Fiscalía General autónoma, “no subordinada al presidente, como ahora”, y encabezada por una persona idónea y designada mediante un proceso “transparente y público”.
La CMDPDH sugiere el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, algo semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada en 2006 por la ONU y el gobierno guatemalteco.
El Comité contra la Desaparición Forzada observa también con preocupación el rol que México ha otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública.
Por ello, le insta a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las áreas de seguridad pública.
Los expertos de la ONU alertaron de los impactos que las desapariciones tienen en México sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Mencionaron igualmente los efectos perjudiciales que acarrean el estancamiento y abandono de las investigaciones de los estereotipos de género y formas de discriminación contra las mujeres por parte de las autoridades.
Ángela Quiroga, responsable de la gubernamental Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo a IPS que las desapariciones de mujeres no presentan diferencia con respecto a las tendencias del delito en el conjunto de la sociedad.
“Aunque en la franja de las mujeres se aprecia que la violencia familiar es una de las causas de las desapariciones de mujeres pues provoca la expulsión de adolescentes de los hogares”, explicó.
“Otro factor de la desaparición de mujeres es el incremento en los últimos tiempos de los casos de feminicidio, el asesinato de las mujeres por su condición de tales. De ninguna de las dos variantes se dispone de cifras”, agregó Quiroga.
Edición: Estrella Gutiérrez
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